“Nuevo gobierno deberá mantener la estabilidad macro y disciplina fiscal”

El Dr. Dionisio Borda fue ministro de Hacienda en dos gobiernos. Primero desde el 15 de agosto de 2003 al 20 de mayo de 2005, durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos (ANR); luego desde el 15 de agosto de 2008 al 22 de junio de 2012, durante la presidencia de Fernando Lugo (PDC), que fue destituido por el Congreso ese año. En su primera gestión, sacó al país de una cesación selectiva de pago y encaró las primeras reformas del Estado. El fin de semana conversó con ABC sobre los desafíos de la economía paraguaya y el gobierno.

-Se acaba el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo lo evalúa, que conclusiones tiene sobre este periodo?

-Esta administración ha enfrentado una serie de eventos adversos de carácter climático y sanitario, con fuerte impacto económico, fiscal y social, cuyas consecuencias trasciende este gobierno y con costos distribuidos en forma muy desigual sobre nuestra población que, desde luego, viene arrastrando altos niveles de pobreza, sobre todo rural, informalidad, inequidad, deficientes y selectivos servicios públicos. Desafortunadamente, el concepto de derechos universales a la salud, la protección social, la educación y la vivienda está ausente en la agenda del estamento político y en parte de la élite empresarial. Y no perder de vista que la economía y la política son como hermanos siameses. Este gobierno ha tenido problemas de gobernabilidad y denuncias de corrupción, esto último, principalmente durante la pandemia. Hubo inminencia de juicios políticos al presidente, alta rotación de ministros y funcionarios de niveles superiores. Esto representa un serio problema, porque cada institución depende de la autoridad de turno, persona, en un país sin tradición de planificación. Y, todos sabemos que la corrupción estatal es el encanto, el incentivo para hacer la carrera política. Este vicio se multiplicó durante la pandemia lamentablemente. En un país con baja institucionalidad, sobre todo, de mecanismos de control y castigo ejemplar, según la prensa, se potenció la corrupción. En definitiva, a pesar de esfuerzos aislados, ha sido un quinquenio con pocos resultados y un alto coeficiente de endeudamiento, en torno a 38% del PIB, para uno de los pocos países de la región con una carga tributaria de menos del 10% del PIB.

-¿ Qué le espera al nuevo gobierno que asumirá en agosto, en materia económica y fiscal?

-La carga va a ser pesada. Mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la solvencia de las finanzas públicas, iniciadas en 2003, son objetivos ineludibles, pero no serán fáciles. En un contexto internacional incierto y una economía clima-dependiente, el crecimiento económico para los próximos cinco años dependerá internamente de una estrategia de gobierno bien diseñada y cuidadosamente ejecutada. El nuevo gobierno tendrá la tarea de orientar sus esfuerzos hacia la diversificación productiva, principalmente con la agroindustria y la manufactura. No creo en la estrategia para captar las inversiones extranjeras, se logre “con use y abuse del país” para generar algunos empleos y barrer otros, ni tampoco pretender “vender el país” por tener las tasas impositivas más bajas de la región y abundante y barata mano de obra joven. Las inversiones vienen a países con instituciones sólidas y creíbles, principalmente atendiendo a un Poder Judicial y un Ministerio Público insobornables, y, con capital humano y físico disponibles, Paraguay tiene la captación más baja de las inversiones extranjeras directas en la región. Eso nos enseña la economía del desarrollo y la historia económica. Ahora se suma la preservación de los recursos naturales y la prosperidad compartida, como condición para el desarrollo de mediano y largo plazo.

-¿ Qué tipo de reformas se deben priorizar?

-El gobierno que se va avanzó en algunas reformas como el manejo de pasivos del Estado: bonos soberanos, y la ley de contrataciones públicas, pero quedan otras reformas pendientes: Caja Fiscal, ley del servicio civil, eliminación de múltiples instituciones estatales dedicadas a actividades similares, de tal modo a realizar una simplificación administrativa del Estado. Y las demandas sociales sobre derechos universales que requerirán recursos financieros adicionales, no podemos exceder el 40% de endeudamiento. Mejorar la eficiencia y la calidad del gasto ayudará, pero es absolutamente insuficiente. Los políticos que dicen solo será necesario ampliar la base imponible, no saben lo que dicen o simplemente mienten. El nuevo gobierno debe hacer un nuevo pacto social, que incluya, entre otros, un sistema tributario más equitativo y recaudador. La ley impositiva de 2019 es un avance, pero ahora necesitamos mayor justicia social: los que tienen mayores ingresos deben contribuir más, para los altos tramos de ingresos y con tasas progresivas, como ocurre en cualquier país de la región, y descomprimir a la clase media y sectores vulnerables que pagan sobre consumo. Hasta ahora los candidatos, me da la impresión que no dimensionan los problemas reales a enfrentar y las necesarias reformas a implementar. Quizás en los debates surjan las aguardadas respuestas.

-¿ Qué medidas urgentes debería tomar el gobierno que asumirá en agosto, independientemente de quién sea?

-El gobierno que asuma en agosto debe presentar su hoja de ruta y enviar un mensaje claro que va a gobernar para todos y todas: ricos y pobres, empresas agrícolas y economía familiar campesina e indígena, micros y pequeñas empresas, y medianas y grandes. La sociedad paraguaya y el Estado deben acordar un pacto político para asegurar la gobernabilidad, asumir costos y beneficios de las urgentes reformas mencionadas para llevar a buen puerto. El pacto debe ser político y social para preservar las conquistas de la estabilidad macroeconómica, encarar las reformas estructurales e iniciar la estrategia de desarrollo que beneficien a todos, con mayor justicia social. El nuevo gobierno debe convocar a las personas más capaces, que elaboren desde mayo la hoja de navegación, basada en las promesas electorales, para instalarse el 15 de agosto. El sectarismo partidario es un riesgo y una amenaza para nuestro país. La clase política debería tomar nota en serio de los últimos acontecimientos y acusaciones provenientes de un país poderoso.

-Algunos economistas habían alertado que con este ritmo de endeudamiento público podríamos volver al 2002/2003, cuando el país entró en una cesación selectiva de pago. ¿Qué opina de eso?

-No creo en una cesación selectiva de pagos, pero si pienso que la situación es similar al 2003. Primero, con recesión económica, aumento considerable de la deuda pública y potenciales pasivos contingentes, déficit fiscal a pesar de las reglas fiscales, déficits crecientes de las cajas fiscales, problemas acumulados de IPC, demandas sociales del campo y migraciones, entre otros. Estos requieren de respuestas tecno políticos como en el 2003.

Entrevista de Roberto Espínola A. (respinola@abc.com.py)