Los choferes de colectivos confirmaron esta tarde que irán a una huelga de 48 horas los días 16 y 17 de diciembre, tras resolverlo en su Congreso de Trabajadores. La medida fue adoptada luego de la aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley de reforma del transporte público en la Cámara de Diputados, normativa que será nuevamente analizada por el Senado.
Los sindicatos anunciaron además que rompen el diálogo con el Viceministerio de Transporte, liderado por Emiliano Fernández, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES) y los legisladores, y que solo volverán a negociar si el presidente Santiago Peña los convoca.
Con esta medida de fuerza exigirán la renuncia del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y que el jefe de Estado vete parcialmente los artículos cuestionados del proyecto, ya que no creen que en el Senado pueda atender sus reclamos.
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Los artículos que rechazan
Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), explicó que el gremio rechaza los artículos 20, 39 y 45 del proyecto. Señaló que el artículo 20 mantiene al transporte como “servicio público imprescindible”, lo que —según advirtió— habilita sanciones ante eventuales interrupciones del servicio durante huelgas.
En cuanto al artículo 39, cuestionó que regula la continuidad laboral de los choferes cuando un nuevo operador asuma las concesiones, lo que podría abrir la puerta a despidos, ya que solo podrán ser absorbidos los empleados que tengan dos años de antigüedad.
Finalmente, criticó el artículo 45, que define los componentes de operación del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios), al considerar que esta redacción fragmenta responsabilidades y genera incertidumbre sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.
“El servicio de transporte no es imprescindible, es esencial, y así lo garantiza la Constitución. El Convenio 87 de la OIT ratifica el derecho a huelga en Paraguay”, enfatizó Giménez.
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“Solo nos reuniremos con el presidente”
El líder sindical fue categórico al señalar que los choferes ya no acudirán a tripartitas en el Ministerio de Trabajo, ni reuniones con el Viceministerio de Transporte o con legisladores, pese a que el Senado aún debe analizar las modificaciones.
“El único que puede levantar la huelga es el presidente de la República. Hemos agotado todas las instancias y fuimos marginados por el Gobierno”, sostuvo.
También exigió la destitución del viceministro Fernández, a quien responsabilizó de “mentir desde el inicio del proceso” y de no haber garantizado soluciones reales a los reclamos del sector.
Esta vez “la huelga se va a cumplir”
Consultado sobre una eventual suspensión de la medida si el Senado modifica nuevamente los artículos cuestionados, Giménez descartó esa posibilidad: “Creemos que el Senado volverá a aprobar lo mismo. La responsabilidad ya recae totalmente en el presidente Peña. Él debe vetar los artículos 20, 39 y 45”.
El dirigente insistió en que la reforma debe servir “al bien común de ciudadanos, trabajadores y empleadores”, y no avanzar sin consenso.
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Apoyo del 80% de los trabajadores
Por su parte, Juan Godoy, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT), aseguró que la medida cuenta con el apoyo del 80% de los trabajadores del sector, porcentaje que —según dijo— garantiza una paralización prácticamente total del servicio.
“Esta huelga es culpa del Gobierno. Si hay voluntad política, pueden trabajar de día y de noche para corregir la ley. El viceministro no tiene capacidad ni poder para resolver la crisis del transporte”, afirmó.
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Godoy añadió que, si el Ejecutivo considera que el sistema actual ya no sirve, debe corregir la ley “con responsabilidad y pensando en la gente” o de lo contrario dejar todo como está.
El conflicto llega en un momento candente, dado que las cámaras del Congreso están cerca del receso legislativo. Los sindicatos advierten que no esperarán hasta marzo para obtener una respuesta, por lo que mantienen firme la huelga de 48 horas.