El presidente Santiago Peña firmó los Decretos N° 5860 y 5861 con fecha 24 de abril de 2026 que modifican sustancialmente los polémicos decretos 5306 y 5307 de enero pasado, que otorgaban beneficios considerados “excesivos” para sectores de criptominería, data centers y producción de hidrógeno.
La decisión del Gobierno se da luego de que una Mesa Técnica, integrada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los gremios de funcionarios, concluyera la necesidad de ajustar los términos tarifarios.
Según los considerandos del documento, el ajuste responde a las “condiciones actuales del Sistema Interconectado Nacional” y la necesidad de coherencia con el “Plan Maestro de Generación y Transmisión” de la estatal eléctrica.
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Nuevas tarifas: Fin del subsidio ilimitado
El Decreto N° 5860 establece una nueva estructura tarifaria para las denominadas “Industrias Convergentes”, que tendrá una vigencia de hasta 15 años. Los precios discriminan los niveles de tensión y el uso en horarios de punta de carga.
Para el nivel de Muy Alta Tensión (220 kV), la tarifa de energía en punta de carga se fijó en 0,03725 USD/kWh, mientras que la potencia reservada fuera de punta tendrá un costo de 3,51 USD/kW-mes. En el nivel de Media Tensión (23 kV), los costos son significativamente superiores, llegando a 10,84 USD/kW-mes para la potencia reservada en punta de carga.
Frenan el consumo de “Energía a X”
Por otro lado, el Decreto N° 5861 pone límite al crecimiento desmedido de los proyectos de gran escala conocidos como “Power to X”. La normativa concluye que es imperativo “limitar la disponibilidad de la energía eléctrica” para estas industrias, que se caracterizan por un factor de carga mensual de al menos el 80%.
“La suma de las potencias reservadas para el Grupo de Consumo de ‘Energía a X’ (Power to X) en Muy Alta Tensión (220 kV), no deberá exceder a los 250 MW (Doscientos Cincuenta Megavatios)“, indica el decreto.
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Este tope es una respuesta directa a las advertencias de especialistas que hablaban de un “apagón hidroeléctrico” prematuro. Al limitar la potencia disponible, el Gobierno busca garantizar que estos proyectos no comprometan el suministro para el consumo residencial y la industria convencional.
Ambos decretos están refrendados por los ministros Marcos Riquelme (Industria y Comercio), Gustavo Villate (MITIC) y la ministra Claudia Centurión (Obras Públicas y Comunicaciones).
Con este paso, el gobierno de Peña estaría cerrando un frente de conflicto que amenazaba con movilizaciones permanentes del Sitrande, gremio que había calificado las tarifas anteriores como un “saqueo” al patrimonio nacional.