14 de junio de 2026

El sindicato de la ANDE afirma que la presión gremial y pública obligó al Ejecutivo a recapacitar sobre brindar un subsidio diferenciado a la firma multinacional británica Atome PLC. Adolfo Villalba asegura que el nuevo escenario permitirá proteger los intereses de la institución.

El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, encabezó ayer una reunión informativa con la base administrativa y técnica de la institución, en la que referentes de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) y el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) le hicieron el vacío. Desde la empresa estatal insisten en que los nuevos decretos para “industrias convergentes” garantizan la sostenibilidad del sistema, pese a la desconfianza de los gremios profesionales.

La Unión de Ingenieros (UIA) y el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) decidieron no asistir a la convocatoria de la presidencia de la empresa estatal prevista para hoy. Ratifican que las normativas de criptominería e industrias convergentes generan un “caos jurídico” y anuncian una acción de inconstitucionalidad con respaldo parlamentario.

Tras la fuerte presión de gremios y la amenaza de inconstitucionalidad por parte de Sitrande, el titular de la ANDE, Félix Sosa, aclaró que las tarifas para “industrias convergentes” no estarán congeladas por 15 años. Explicó ante diputados que el costo medio de generación se revisará por quinquenio, además del ajuste anual por inflación de EE.UU.

El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) declaró este lunes un estado de alerta y movilización permanente tras la publicación de dos polémicos decretos que, a su juicio, representan una amenaza directa para la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la institución. Incluso, baraja la posibilidad de articular una huelga general en defensa de la empresa estatal eléctrica.

El Poder Ejecutivo promulgó los nuevos decretos que modifican las condiciones para las “Industrias Convergentes” y proyectos de “Energía a X”. Las normativas aumentan los precios de la energía y establecen un tope de potencia de 250 MW para evitar el riesgo de un colapso energético, buscando frenar el perjuicio económico denunciado por sectores técnicos y el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande).