Desde este lunes es obligatoria la comercialización de gasoil tipo 3 con una mezcla de entre 8% y 10% de biodiésel.
El Gobierno y los productores presentan la medida como un avance hacia la industrialización y la soberanía energética. Otros sectores mantienen cuestionamientos sobre sus posibles efectos en los motores y el costo para los consumidores.
El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, explicó que la disposición alcanza únicamente al diésel tipo 3 y que la responsabilidad de realizar la mezcla corresponde a las empresas mezcladoras, dentro del rango establecido por la normativa.
MIC asegura que no habrá impacto en el precio
El secretario de Estado sostuvo que los estudios realizados por el Gobierno indican que la incorporación de un mayor porcentaje de biodiésel no debería traducirse en un aumento del precio para el consumidor.
“No debería tener afectación, la incidencia es demasiado baja. Habíamos hecho simulaciones y no debería tener impacto en el precio final. Eso lo conversamos en conjunto con Petropar y estamos confiados que esto va a ser algo positivo para el país a largo plazo”, declaró.
Riquelme insistió en que la medida forma parte de una estrategia de política industrial con proyección de largo plazo. Agregó que el Ejecutivo no impulsará acciones que perjudiquen el bolsillo de la ciudadanía.
“Nosotros siempre vamos a trabajar por el bolsillo del consumidor paraguayo, nunca vamos a hacer medidas que distorsionen los precios para beneficiar a un sector. Es una política industrial a largo plazo que, creemos, va a ser beneficiosa a largo plazo para nuestro país”, refirió.
Habrá multas para quienes incumplan normativa
El ministro también advirtió que desde este lunes comienzan a regir sanciones para las empresas mezcladoras que no cumplan con el porcentaje obligatorio de biodiésel.
“El reglamento incluye una base de multas complejas, a nivel técnico. Es una tabla amplia, no es una multa simple. Hay multas que van a regir desde hoy en mezcladores que incumplan esta normativa. Los controles se hacen a nivel de fiscalización y verificación tanto del MIC como el INTN”, declaró.
No responde a exigencias de la Unión Europea
Riquelme rechazó que la nueva disposición esté vinculada con una supuesta exigencia de la Unión Europea (UE) y afirmó que responde exclusivamente a una política de industrialización.
“No tiene nada que ver” con una presunta exigencia de la Unión Europea. “Es una política de industrialización”, expresó.
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MIC evaluará posibles ajustes si hay impacto
Aunque la medida ya está vigente, el ministro señaló que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de revisar el rango de mezcla si se detectan efectos económicos no previstos.
Indicó que el MIC solicitó a las empresas mezcladoras que informen sobre cualquier eventual impacto en sus costos, con el objetivo de evaluar eventuales intervenciones o modificaciones en la implementación de la normativa.