Hace una semana, la nueva consejera paraguaya de Itaipú, Dra. María Antonia Gwynn, especialista en derecho internacional público, en entrevista con nuestro diario destacó que Paraguay podría plantear a Brasil la renegociación de todo el Tratado de Itaipú, no solo la revisión del Anexo C, acudiendo a cláusulas legales disponibles a nivel mundial.
Recordó que en 1970 (dos años antes de la firma del Tratado de Itaipú) la ONU había dado la orden para codificar el derecho sobre el uso de los cursos de agua para fines distintos a la navegación, que estuvo lista recién en 1997.
Acotó que la normativa mundial hoy está vigente y Paraguay debería adoptar algunas de sus proposiciones y adaptar a ella las diferentes cláusulas al Tratado de Itaipú. “El principio madre es el de los ‘Usos equitativos y razonables’ de los cursos de agua”, dijo.
En cuanto a los artículos del Tratado de Itaipú que se podrían adaptar a la citada codificación, Gwynn explicó que se podría adaptar, por ejemplo, al Artículo 13°, que restringe la venta a terceras partes. La convención también tiene una cláusula sobre la solución de controversias con la ayuda de un tercero imparcial, cuando hay una posición asimétrica que puede terminar en negociaciones a veces riesgosas.
Paraguay se adhirió a dicha codificación y fue enviado al Congreso Nacional para su ratificación, que rechazó el 13 de marzo de 2008. En ese momento, el Congreso estaba “bajo control” del PLRA y la Cámara de Senadores era presidida por el entonces senador liberal Miguel Abdón Saguier, siendo presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, actual director paraguayo de Yacyretá.
Curiosamente el Senado consideró entonces que “no era conveniente para los intereses de nuestro país”.
Al señalársele el perjuicio que podría causar al país la eventual falta de ratificación a un documento que podría clave para la revisión del Anexo y C y/o de la renegociación del Tratado de Itaipú en el 2023, el diputado Fernando Oreggioni, contestó: “Hay que ver qué es lo que analizaron en ese entonces. Pero yo voy a consultar y voy a pedir la copia de ese documento. Vamos a revisarlo y traerlo a la vista y, si es conveniente, lo vamos a patrocinar rápido ¿Cuál es el problema, si es un documento vigente de las Naciones Unidas?”
No obstante, aseveró que el que tiene que tomar la iniciativa en esta cuestión es el Poder Ejecutivo, que tiene que armar el equipo (de negociación), pero no lo hace. “Nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer. Ahora voy a ver si en 15 días sacamos la ley sobre la modernización del sector eléctrico, que incluye la creación del Ministerio de Minas y Energía”, comentó.
Lamentó igualmente que siempre son uno, dos o tres diputados o senadores los que están tratando de llevar adelante algo. “Pero el Poder Ejecutivo es el que tiene todas las herramientas y los recursos necesarios, pero nada está haciendo. Tiene presupuesto, tiene gente, tiene todo”, manifestó.
Condiciones para revisar el Anexo C
El Art. VI, del mismo Anexo C, que establece las “Bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la Itaipú”, indica que las disposiciones del presente anexo serán revisadas, después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países. Hacia finales del año 2023 se cumplirán estas condiciones, en que la deuda de la binacional, finalmente, quedará en “cero”, de acuerdo al cronograma de pago vigente.