El Instituto de Previsión Social (IPS) decidió dejar sin seguro a un total de 22.458 beneficiarios que formaban parte del grupo familiar del trabajador, porque se detectó que estaban inscritos en el Registro Único del Contribuyente (RUC). “Se le bloquea ser beneficiario, porque al tener RUC se supone que tiene un ingreso. Justamente, los beneficiarios deben depender económicamente del titular”, dijo ayer a ABC Luis Bareiro, jefe de Promoción y Difusión del seguro social del IPS.
Al ser consultado sobre la situación de aquellas personas que emiten factura por escasos montos o por servicios esporádicos, pero que igualmente dependen de sus familiares, respondió que son situaciones “razonables” pero que no se puede incumplir la Ley 1860/50 de la Carta Orgánica del IPS.
“¿Cómo deberíamos actuar nosotros? ¿Deberíamos incumplir las normativas que tenemos desde el año 1950 y también una normativa de 2012? En todo caso, esa normativa o la Carta Orgánica del IPS se deberían modificar (...). Taxativamente dice la reglamentación que si tiene un pequeño ingreso, aunque sea poco”, alegó.
En ese contexto, señaló también que así como quizás haya personas que tienen un escaso ingreso, hay otras que logran millonarias facturaciones mensuales y de igual manera utilizan el seguro a través de otro titular.
Fuga masiva tras decisión
Bastó apenas un día para que la decisión del IPS conllevara efectos negativos para la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), según explicó el titular de la institución, Oscar Orué.
En contacto con ABC Cardinal, el viceministro explicó ayer que el IPS les solicitó la información sobre quiénes de los asegurados están inscritos en el RUC, la SET le dio los datos sin saber cuál iba a ser el efecto. En ese contexto, Orué confirmó que desde ayer una gran cantidad de personas llega hasta la SET para cancelar su inscripción al RUC para dar prioridad al seguro médico.
Con apenas unas horas de diferencia, ayer se generaron numerosas versiones al respecto. El viceministro Orué dijo que se reunió con otras autoridades del Gobierno y decidieron garantizar la atención a todos los beneficiarios, conforme a lo que la ley establece. “Y que el RUC no sea un impedimento para la atención de las prestaciones médicas”, enfatizó.
Sin embargo, Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del IPS, reiteró por la tarde que la decisión de bloquear a beneficiarios no titulares que tienen RUC sigue firme. Solo habilitarán una oficina especial para atender las quejas.