La Procuraduría General de la República (PGR) espera la conformación de los tribunales para responder las demandas promovidas en el extranjero por la empresa portuguesa Mota Engil, contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la malograda construcción del sistema metrobús. Así informó ayer a ABC el procurador general, Sergio Coscia. “Todavía no se conformaron los tribunales”, fue su escueta respuesta, tras mucha insistencia, a la consulta que le hicimos acerca de la fecha de la contestación a las demandas en cuestión.
De acuerdo a datos proveídos por la institución, Mota Engil presentó una de sus demandas ante un tribunal arbitral ad hoc, y la otra, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta última demanda no corresponde, según la Procuraduría, porque la empresa portuguesa no invirtió. Ganó una licitación pública internacional para construir una obra, en este caso, el corredor vial para el sistema de bus de tránsito rápido (metrobús).
El 24 de febrero último, luego de cumplirse más de un año del abandono de la obra por parte de Mota Engil, el MOPC le intimó a abonar la G. 40.390 millones por incumplimiento de contrato, bajo apercibimiento de ejecutar la póliza de Royal Seguros SA de US$ 6,5 millones. La cartera busca ahora cobrar el seguro.
Sin embargo, los pagos hechos por la fallida obra superan los US$ 50 millones, por lo que en la Fiscalía obran varias denuncias en contra de las autoridades que permitieron la ejecución del fallido proyecto y el daño económico provocado a los propietarios de negocios y al Estado. No obstante, hasta ahora, no hay ni un imputado.
La salida de Mota Engil
En diciembre de 2018 venció el contrato firmado en 2016 entre el MOPC y la empresa Mota Engil para la construcción de los tramos 2 y 3 del sistema metrobús.
La obra comenzó un año después de la firma del contrato y apenas se ejecutaron 800 metros.
Mota Engil recibió US$ 23 millones de los US$ 70 millones establecidos en el contrato, para iniciar la obra en 2016. En febrero de 2017 comenzó la construcción.
A inicios de 2018, los frentistas empezaron a manifestase en contra del proyecto porque dejaron de vender por el cierre del corredor y el poco avance de la obra.
Según los reportes de entonces, más de 300 cerraron, dejando unas 2.000 personas sin trabajo. El Gobierno les indemnizó por las pérdidas económicas con sumas que ellos consideraron simbólicas e insuficientes.