El llamado a licitación pública nacional para contratar un “servicio de consultoría para catastro y fiscalización de las obras de construcción de un puente sobre el río Paraguay entre Asunción y Chaco’i de Presidente Hayes” fue cancelado por resolución 269 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fechada el 26 de febrero y a la que nuestro diario tuvo acceso ayer.
La citada resolución anula la adjudicación que había dispuesto la cartera el 18 de febrero anterior a favor del consorcio Presidente Hayes, que había ofrecido la tercera mejor oferta (G. 26.875 millones) y obtuvo menor puntaje técnico (97,96) y menor puntaje final (94,71). Dicho consorcio está integrado por Tecnodinámica SRL, vinculada a Julio Ullón, concejal de Asunción, exjefe de Gabinete de Mario Abdo Benítez y precandidato colorado a la Intendencia de Asunción, además de las firmas Incompar y Cía. SA.
La adjudicación desató una serie de críticas por un aparente direccionamiento y la denuncia por parte de otro de los oferentes, el consorcio Cialpa SA-Ingser SA, que ofertó la suma de G. 21.962 millones y obtuvo un puntaje técnico de 98,11 y un puntaje final de 98,49.
Según la versión oficial del MOPC, la cancelación del llamado no se da porque se descubrió un esquema que iría a beneficiar a Ullón, sino simplemente es por limitación presupuestaria. “Estamos haciendo varios ajustes a las limitaciones del presupuesto aprobado 2020. No solo este, sino varios más”, alegó ayer el ministro Arnoldo Wiens en respuesta a nuestro diario. Preguntado si harán un nuevo llamado y si esta cancelación postergará el inicio de la construcción del puente Chaco’i, respondió: “El MOPC fiscalizará la obra, no tendrá ningún retraso, todo lo contrario”.
Para el representante del consorcio Cialpa SA-Ingser SA, Amílcar Troche, sin embargo, la cancelación del llamado por supuestas razones presupuestarias es “grosera y alevosa”, pues el monto referencial del MOPC fue fijado en G. 49.000 millones. “Al otorgar a la oferta más baja iba a ahorrar unos 27.000 millones”, dijo ayer en conversación con ABC.
“Esta resolución del MOPC me causa una profunda tristeza y decepción. Tristeza porque es un claro mensaje de castigo a quienes hacemos bien nuestro trabajo, somos exigentes con la calidad de las obras fiscalizadas, cuidando el dinero que aporta el ciudadano con sus impuestos, con la esperanza de tener mejores servicios y calidad de vida. Decepción porque no fueron capaces de reconocer y corregir sus errores. Prefirieron la injusticia y la manipulación antes que cumplir con las reglas de competencia establecidas por ellos mismos”, aseveró.