Cristian Sosa, vocero, indicó que preocupa la falta de respuesta concreta que lleguen efectivamente a los emprendedores y microempresarios. Otro resultado del informe dice que el 32% accedió a la suspensión parcial del contrato a trabajadores del Ministerio de Trabajo y 17% obtuvo exoneración del pago de servicios básicos (agua y electricidad).
Por otra parte, Sosa lamentó la lentitud con la que el Banco Nacional de Fomento (BNF) otorga créditos. Aunque dijo también al respecto, que si bien en este momento hay necesidad de acceder a préstamos, no es el momento ideal, considerando que las mipymes no están facturando y tampoco existe certeza de que en el futuro logren vender para poder saldar la deuda contraída.
Consultado acerca de las 6.000 empresas que podrían quebrar y 69.000 personas suspendidas o desempleadas, según datos del IPS, indicó que se debe priorizar a las mipymes, recalcando que emplean al 70% de la población económicamente activa (PEA).
Josefina Bauer, de Nauta, firma que tuvo a su cargo desarrollar el estudio, destacó el esfuerzo de los emprendedores por mantenerse operativos con sus propios recursos y que el préstamo sea como una última opción, mientras siga en vigencia la cuarentena.