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En su exposición de motivos, FG recuerda que el Anexo C del Tratado de Itaipú debe revisarse el 13 de agosto de 2023 y que Brasil ya integró su equipo de negociación, adelantando ya algunos puntos de vista, de público conocimiento.
Alerta que una “buena negociación” para el Paraguay será factible en la medida en que técnicamente pueda disponer de la totalidad de la energía y potencia que le corresponde en ambas binacionales, que además están interrelacionadas.
Argumenta que el plazo para tener toda la infraestructura de interconexión y sincronía de las unidades generadoras de Itaipú y Yacyretá es relativamente reducida, aunque “no imposible ni improbable”, puesto que se pueden ejecutar líneas de 500 kV en dos años de plazo, y restan aún tres años y medio para fines del 2022.
Sostiene que para que el Paraguay llegue en buenas condiciones de negociación debe estar lista la infraestructura eléctrica antes de concretar la negociación, lo que exigirá ejecutar las obras eléctricas necesarias “con la mayor priorización y celeridad posibles”, en el marco de la debida transparencia y control, pues está en juego la soberanía de la principal riqueza natural del país, la hidroeléctrica. Agrega que, con el fin de que el gobierno de turno negocie con fuerza, debe contar con una ley de la nación que demuestre un “claro consenso ciudadano” en torno a los ejes fundamentales de negociación.
Por otra parte, advierte que no solo se debe obtener la máxima renta eléctrica posible en base al pleno ejercicio de la soberanía hidroeléctrica, sino, además se deben sentar ya las pautas del uso más conveniente de tal renta eléctrica, de manera que la ciudadanía ya conozca por qué objetivos estará movilizándose y respaldando la recuperación de la soberanía hidroeléctrica.
La organización política expresa igualmente que todos estos aspectos están contemplados en el proyecto que hoy presenta la bancada del Frente Guasu, razón por la cual pide el acompañamiento de sus colegas parlamentarios, así como a la sociedad en general a apoyar este proyecto de ley, “que permitirán avanzar hacia la soberanía hidroeléctrica para beneficio del pueblo paraguayo”.