26 de junio de 2026

Hace 14 años, tras la destitución de Fernando Lugo, el Paraguay descubría que Nicolás Maduro, en una alevosa intromisión, buscó arengar a la cúpula militar bajo advertencias contra el país y promesas de apoyo internacional. Sin embargo, la entonces fiscala Stella Marys Cano minimizó todo lo ocurrido. Hoy, el caudillo venezolano está preso en Nueva York por narcoterrorismo; la cuestionada exagente del Ministerio Público logró eludir la cárcel y el exfiscal general Javier Díaz Verón enfrenta un nuevo juicio por enriquecimiento.

Al cumplirse 18 años de la victoria de la Alianza Patriótica para el Cambio, que tumbó al Partido Colorado luego de 61 años de hegemonía, el Partido Frente Guasú hace un “llamamiento nacional” para debatir el modelo de gobierno, que para ellos, está agotado.

Representantes del partido de izquierda Frente Guasu solicitaron hoy al Congreso Nacional rechazar un acuerdo con Estados Unidos anunciado por el Gobierno paraguayo, que otorgaría privilegios a personal militar y civil estadounidense en Paraguay que los detractores del convenio consideran inconstitucionales e incompatibles con la soberanía nacional.

De “intolerable agresión militar” contra Venezuela calificó el Frente Guasu el operativo militar impulsado por los Estados Unidos para capturar del presidente Nicolás Maduro. Instó a que el Gobierno se pronuncie contra el atropello a la soberanía de un país.

En el marco de una supuesta deuda de G. 2.021 millones, que desde junio de 2023 reclama Ueno Bank, propiedad de los exsocios de Santiago Peña, al exsenador del Frente Guasu (FG) Carlos Filizzola, a la exdiputada Aida Robles y a Óscar Darío Rojas como representantes de la Concertación FG, la abogada defensora Cecilia Pérez indicó que la parte demandante recurre a múltiples chicanas para dilatar la resolución del caso.

Jorge Benega, perito del Ministerio de Público, dictaminó que las firmas son falsas en una supuesta deuda de G. 2.021 millones, que desde junio de 2023, reclama judicialmente Ueno Bank, propiedad de los exsocios de Santiago Peña, a representantes de la Concentración Frente Guasu. El dinero fue para solventar la campaña de las elecciones del 2018. Abogados de los denunciados presentaron una acción por los presuntos hechos punibles contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos).