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El informe indica que Lichi lamenta que los invasores estén generando millonarios recursos ilícitos riéndose de las autoridades. “Se ha llegado al colmo de que exigen el pago de G. 200.000 por hectárea para la cosecha de soja, y según su estado de ánimo bajan el ‘peaje’ a G. 100.000”, afirmó Lichi. “Ahora mismo están operando –a todo pulmón– con unas 50 motosierras para cortar las maderas más valiosas, y las trasladan rápidamente a aserraderos clandestinos a bordo de camiones y carretas”, comentó el afectado, y añadió que los invasores se mantienen en el sitio desde setiembre del año pasado, sin haber prosperado ninguna orden de desalojo judicial.
En ese sentido, cuestionó la actuación del anterior fiscal de la causa, Ulises Giménez, de quien dijo que nada ha hecho para cumplir con su deber, facilitando que los invasores se consoliden en el sitio, tomado posición como “territorio liberado”.
Comentó que los mismos tienen una infraestructura formidable de tractores, camiones, motosierras y todo lo que se necesita para consumar la destrucción masiva de los recursos forestales. Todos estarían armados. El grupo se niega sistemáticamente a dialogar, relató.