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De acuerdo con las “normas” que regulan el “comisionamiento” en el marco de la función pública, el afectado o mejor “beneficiado”, percibe el salario que le paga la institución “comisionante”, además de la gratificación mensual que le abona la EBY.
No se explica
No se explica, y por lo visto ni el Poder Ejecutivo puede hacerlo, si esta traslación bidireccional de algunos funcionarios del sector público es necesaria o debe inscribirse en el ya voluminoso registro de las estafas al Estado.
Un diario colega incluía en la víspera en una de sus páginas que el “Ejecutivo endurece trámite para comisionamientos”, arrinconado tal vez por las publicaciones de los últimos días sobre este reiterado capítulo de la corrupción pública.
El material añade que el titular del Ejecutivo, Horacio Cartes, exige “que se analice minuciosamente cada pedido que se presenten en las reparticiones del Estado.
Añade que el informe con que cuenta la Secretaría General de la Presidencia de la República es que esta figura se usaba para no cumplir horarios ni mayores responsabilidades”, en definitiva un pasaporte al planillerismo.
En el caso específico de los nueve comisionados en la Asesoría de seguridad de Yacyretá, de acuerdo con la fuente de referencia perciben sobre los salarios de sus “comisionantes” en su actual función entre 4 millones de guaraníes y 8 millones de guaraníes (vea la copia facsimilar que acompaña este material informativo).
En contrapartida, como un caprichoso enroque en una interminable partida de ajedrez, las fuentes consultadas revelan que la EBY, en su rol de “comisionante”, envió a otras instituciones del Estado paraguayo a 67 de sus funcionarios, entre contratados y permanentes.
En la abrumadora mayoría de los casos el inicio del “comisionamiento” de estos funcionarios data de enero de 2015 y la finalización, en diciembre del año pasado.