2 de julio de 2026
Hay una noticia que pudo haber pasado desapercibida para aquellos que no están en el tema, pero que tiene una importancia sumamente relevante para la reconfiguración de las metas macroeconómicas, el sinceramiento de la contabilidad estatal y, con suerte, la preservación del estatus de inversión del país pese a la crisis de pagos y de sostenibilidad del sector público. El 15 de junio se inició la evaluación anual del Fondo Monetario Internacional, con el mandato de revisar los indicadores, las tendencias y las proyecciones de la economía paraguaya. El Gobierno no ha cumplido los compromisos asumidos con el FMI, particularmente en lo que concierne al cronograma de convergencia del déficit fiscal y a ciertas reformas estructurales, como la del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que se quedó a medias tintas. Aunque estos compromisos no son de carácter coercitivo, constituyen la principal referencia de las calificadoras internacionales de riesgo y su incumplimiento afecta seriamente la credibilidad de la administración y del país.

El sistema previsional del sector público vuelve al centro del debate económico. La versión con media sanción del Proyecto de Ley “De reforma de la Caja Fiscal”, aprobada por la Cámara de Diputados en febrero de 2026, introduce cambios que modifican de manera sustancial la trayectoria financiera del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. El análisis fiscal y actuarial del nuevo esquema dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que la propuesta corrige de forma efectiva el deterioro proyectado y acerca el sistema a una senda de mayor sostenibilidad en el largo plazo.

El balance actuarial de la población cerrada de la Caja Fiscal cuantifica las obligaciones acumuladas del sistema al considerar exclusivamente a los afiliados activos y pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2023, sin incorporar nuevos aportantes. Esta estimación permite dimensionar las reservas matemáticas requeridas, los recursos disponibles y el déficit actuarial correspondiente a cada programa. Cabe señalar que, para este análisis particular, los resultados se presentan agrupando al personal de blanco con el sector de la administración pública.
Un privilegiado es alguien con una ventaja exclusiva o especial, de la que goza por la concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. La ecuación perfecta para cualquier privilegiado es tener la posibilidad de autoconcederse esa ventaja exclusiva o especial para, dependiendo de sí mismo, mantener la situación de privilegio durante el tiempo que quiera. Es lo que los diputados volvieron a hacer el jueves pasado, manteniendo su sistema de privilegios, mientras pedían renunciamientos y concesiones a varios sectores de funcionarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó las garantías de “derechos adquiridos” incluidas en el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Aseguró que los derechos ya alcanzados por los servidores públicos no serán modificados, y se regirán por la ley vigente al momento de su cumplimiento.

La Unión de Gremios de la Producción (UGP), que aglutina a 18 gremios del campo, ve necesaria la reforma de la Caja Fiscal y advierte que el ajuste debe limitarse estrictamente al ámbito público. Señalan las leyes especiales y jubilaciones sectoriales como las causantes del desequilibrio financiero.