sector público

Las inversiones financieras con recursos excedentes de la conocida como Caja Fiscal se inicia en el año 2013, en el marco de la normativa vigente y conforme a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad establecidos para la administración de los fondos previsionales, refiere el reciente Informe de inversiones de los recursos excedentes del Programa Contributivo Civil del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público – Caja Fiscal, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central del Paraguay (BCP) totalizaron G. 9,489 billones en febrero de 2026, lo que implicó una disminución de 16,0% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando alcanzaban G. 11,303 billones. A pesar de esta caída interanual, la composición de los depósitos muestra comportamientos diferenciados entre las distintas categorías institucionales y entre monedas.

Son seis los parámetros claves que se están evaluando en el marco de las modificaciones a implementar en la Ley de reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público, recordó el titular del Ministerio de Economía, Carlos Fernández, quien manifestó que no se encuentra ajeno a negociar algunos puntos, pero insistió en que la edad mínima es uno de los ejes principales.

El sistema previsional del sector público vuelve al centro del debate económico. La versión con media sanción del Proyecto de Ley “De reforma de la Caja Fiscal”, aprobada por la Cámara de Diputados en febrero de 2026, introduce cambios que modifican de manera sustancial la trayectoria financiera del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. El análisis fiscal y actuarial del nuevo esquema dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que la propuesta corrige de forma efectiva el deterioro proyectado y acerca el sistema a una senda de mayor sostenibilidad en el largo plazo.

El balance actuarial de la población cerrada de la Caja Fiscal cuantifica las obligaciones acumuladas del sistema al considerar exclusivamente a los afiliados activos y pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2023, sin incorporar nuevos aportantes. Esta estimación permite dimensionar las reservas matemáticas requeridas, los recursos disponibles y el déficit actuarial correspondiente a cada programa. Cabe señalar que, para este análisis particular, los resultados se presentan agrupando al personal de blanco con el sector de la administración pública.