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Un dictamen de la Contraloría General de la República confirmó que el proceso licitatorio para construir la pasarela metálica del “ñandutí” estuvo amañado, que el precio referencial fue fijado en forma arbitraria y que el proyecto sufrió modificaciones tras la adjudicación del contrato. El primer vicio, que lesiona el principio de igualdad y libre competencia, resultó de que “en el pliego de bases y condiciones se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, es decir, por la firma Engineering, aupada por Jorge López Moreira, amigo de su dueño Juan Andrés Campos Cervera y cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La Ley Nº 2051/03 prohíbe que en el pliego de bases y condiciones se exijan “elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia” y, por tanto, obliga a que las especificaciones técnicas, entre otras cosas, se dispongan con “la mayor amplitud” para que concurra el mayor número de oferentes. Pues bien, todo indica que, en este caso, la licitación ya tenía un determinado ganador, con antelación.
El pliego debió haber sido elaborado por la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y aprobado por el ministro Arnoldo Wiens. En cuanto al precio referencial, a mantener en reserva mientras el contrato no sea adjudicado, la Contraloría señaló que quienes lo estimaron deberían haber expuesto los cálculos, con documentos respaldatorios de las eventuales diferencias de precios en la actualidad, tal como ordena la Resolución Nº 411/18 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Empero, los funcionarios responsables se limitaron a hojear la Revista Costos, con el resultado de que el adefesio tuvo un precio referencial muy superior al del mercado, que no pasaría de 500.000 dólares, según un importante referente del sector. Para peor, terminará costando más de dos millones de la moneda estadounidense, tras los reajustes solicitados por la “superproveedora” del Estado y concedidos en plena pandemia, como resultado de los cambios en las especificaciones, realizados pese a que el pliego no permitió “de manera expresa” que la concepción inicial sea alterada, tras la adjudicación del contrato.
La Contraloría sugirió que el MOPC inicie sumarios administrativos a las unidades que intervinieron en el procedimiento, para deslindar responsabilidades. Por de pronto, la del ministro Wiens es bastante clara: se supone que aprobó el pliego, adjudicó el contrato y aceptó los aumentos de precios. Como no puede ser sumariado, debe ser destituido sin más trámite. El dinero derrochado pudo haber tenido mucho mejor destino, más aun atendiendo que el MOPC podía modificar el contrato, suspenderlo o rescindirlo por razones de interés público. Pero siguió adelante con una obra direccionada y sobrevaluada, como si ella hubiera sido indispensable para la reactivación económica, suponiendo que el disparate haya tenido también esa finalidad. La dicotomía en la asignación de recursos –enfrentar la crisis sanitaria o la económica– no sería tan cruel si la inversión pública, en uno y otro concepto, fuera realizada con honestidad y transparencia. Pero ocurre que la gestión del MOPC es tan corrupta como la del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para atenuar los estragos de la pandemia.
Están a la vista los perjuicios causados por las obras viales mal construidas: puentes que colapsan con lluvias intensas, debido a una insuficiente sección de desagüe o de aliviaderos; terraplenes de cierta altura que son cortados por torrentes de agua convergentes en sitios en que la ruta no tiene una alcantarilla o un puente, porque el proyecto tuvo una falla o porque la empresa contratista cobró sin construirlos, en connivencia con la fiscalizadora y ante la vista gorda del supervisor del proyecto. Las últimas fuertes lluvias acarrearon varios cortes de rutas por daños en cabeceras de puentes o hundimientos de terraplenes, que interrumpieron el tránsito durante días. Las averías no son reparadas, sino que se recurre a atajos abiertos a los apurones, como ocurrió en la PY02, sobre el arroyo Peguahó, en el tramo en que la ruta viene siendo ampliada por el Consorcio Rutas del Este, liderada por la cuestionada empresa extranjera SACIR.
También aparecieron enormes baches o hundimientos en varios puntos de la ruta que une Simón Bolívar, Cecilio Báez y Yhú, causando accidentes de tránsito y perjuicios económicos a los que por allí transitan. Ante la desidia de las autoridades ministeriales, los vecinos se agenciaron para rellenar los hundimientos con arena. También se dañaron puentes de la PY01, lo que obligó a interrumpir la circulación por mucho tiempo, en más de un sitio. Las peripecias generadas por la mala calidad de las rutas ocurrieron hasta en la localidad de Sargento José Félix López (ex-Puentesiño), donde la de 90 kilómetros que une esa ciudad con Hugua Ñandu está intransitable desde hace varios meses, sin que el MOPC le preste atención.
En suma, la ya célebre pasarela metálica de Ñu Guasu es, hasta hora, el broche de oro de la galopante corrupción que permea el ministerio dirigido por Arnoldo Wiens: un pequeño monumento al tan difundido fraude licitatorio, cuyos autores seguramente estarán retorciéndose –no de miedo, sino de risa– al recordar aquello de “caiga quien caiga”. La pandemia de las obras públicas es tan perniciosa como la del covid.