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La convocatoria organizada para el viernes pasado se estaba desarrollando como una fiesta cívica, hasta que grupúsculos de vándalos bien organizados lograron desdibujar la movilización aprovechándose de un muy torpe dispositivo de la Policía Nacional. Sin embargo, la reunión multitudinaria permitió a todo el país ver la profundidad del rechazo, la extensión del repudio que genera la lamentable gestión de Mario Abdo Benítez, persona a la que el cargo de presidente de la República del Paraguay le queda mucho más grande de lo que habían imaginado incluso sus críticos más constantes.
Marito tiene al país con derechos restringidos hace exactamente un año, con base en una dudosísima aplicación de normas promulgadas antes de la vigente Constitución, sin que el sacrificio de esos derechos que la ciudadanía aceptó de buena voluntad, pero ingenuamente, haya conmovido en lo más mínimo su fría voluntad de mantener y aumentar los esquemas de corrupción de los que se nutre su base de sustentación política.
El Presidente logró que el pueblo le otorgue no solo sus derechos sino un conjunto de unos 3.000 millones de dólares, mil seiscientos de los cuales solo para afrontar la pandemia y un paquete de leyes como nunca generoso para que pudiera equipar sin contratiempos al sistema de salud y prestar apoyo a los afectados. Pero tampoco eso le conmovió al Jefe de Estado, por lo visto totalmente carente de cualquier sentido moral.
Durante el año de pandemia y cuarentena continuaron los robos, los negociados, los nombramientos de favor y, lo que colmó el vaso, continuó todo lo anterior a costa del funcionamiento eficiente del sistema de salud, que sigue sin insumos, sigue sin medicamentos, sigue con insuficiente dotación de camas y sigue sin vacunas en la cantidad requerida.
La adquisición del inmunizante anunciada en forma rimbombante para la segunda quincena de febrero jamás se concretó, excepto en las simbólicas primeras cuatro mil dosis que beneficiaron apenas a unas dos mil personas.
La compra de medicamentos se hace a cuentagotas. Cada semana el país se encuentra en ascuas porque los abastos de atracurio y midazolam, imperativos para el uso de ventiladores contra el covid, alcanzan apenas para las siguientes horas.
El sistema público de salud obliga a las familias de los pacientes a comprar estos productos en farmacias privadas, con precios que hasta cuadruplican los originales, en sospechosas movidas que involucran a antiguos operadores de nuestros centros sanitarios oficiales.
Todos los insumos, esos materiales como gasas, jeringas, tapabocas, etcétera, se cargan con más frecuencia de la debida a las cuentas de esas familias de víctimas del covid, cuando la pésima provisión pública deja desabastecidos a los centros asistenciales.
Las ambulancias están en ruinas, y los desperfectos de una de ellas agravaron recientemente la situación del diputado Robert Acevedo, expresidente del Congreso, quien terminó falleciendo. Mientras tanto, políticos de la base de sustentación del Gobierno reparten gratuitamente medicamentos en cajas del Ministerio de Salud, abrigados por la impunidad que les brinda un Ministerio Público sometido a ellos.
Y todavía, para tapar todo lo anterior y para desviar su propia responsabilidad en la catástrofe, el Gobierno de sinvergüenzas que sufrimos empezó una perversa campaña de culpar al pueblo que estoicamente lo soporta, de “relajarse” para justificar así nuevas y mayores restricciones a los derechos al trabajo, al tránsito y a la reunión.
Para protestar contra todo esto, y más, se movilizó la gente, y las autoridades tenían especial interés en arruinar la movilización, buscando y encontrando un motivo trivial para desatar su furia contra los manifestantes, arruinando así lo que era una fiesta cívica, pacífica y magnífica.
Por reflejar con propiedad lo que aconteció, los motivos de la manifestación y la reacción de la fuerza pública, reproducimos el breve mensaje que leyó ayer el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, al comenzar la misa dominical en la Basílica Santuario del lugar:
“Un oscuro nubarrón se dibuja peligrosamente en el horizonte de nuestra Patria: es el anuncio de algo relevante que puede ser el inicio de un camino distinto que la gente quiere recorrer con seguridad y garantía, con justicia y paz, ambos valores postergados por demasiado tiempo. Nos preocupa que ese nubarrón pueda significar, sin embargo, todo lo contrario de lo que la ciudadanía reclama hoy con el ejercicio pleno de su derecho de hacer escuchar su voz frente a los graves hechos de corrupción cometidos en las altas esferas del poder, en un momento de gran sensibilidad mundial por el avance de la pandemia. La gente está preocupada de verdad por su vida y la vida de su familia, está indignada de verdad porque sus autoridades le han robado las esperanzas. No se la puede responder con armas de fuego y menos aún con la muerte. Encontremos con calma, pero con prisa, la salida que nos garantice salud con el máximo esfuerzo de nuestra parte, y honestidad con eficacia, más el precio de la ley para quienes la infrinjan, cualquiera sea el peso político o la influencia que ostenten”. (Las negritas son nuestras).
No se puede desconocer la verdad que encierran estas palabras del obispo. Es de esperar que también las escuchen nuestras autoridades.