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La Cámara de Diputados, más conocida como “Cámara de la Vergüenza”, integrada en su mayoría absoluta por colorados, cometió la villanía de dejar sin quorum el tratamiento del proyecto de ley “que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”. Había sido incluido en el punto Nº 6 del orden del día, pero mientras se trataba el anterior, referido al impuesto a la renta personal, el diputado Basilio Núñez (ANR, cartista) pidió que se constatara si estaban reunidos suficientes miembros para tomar acuerdos, en forma presencial o virtual. Llamativamente, y como si “adivinara” la cantidad de asistentes, resultó que no, así que el presidente Pedro Alliana (ANR, cartista) levantó la sesión. Si la iniciativa no fuera estudiada por el pleno a más tardar dentro de tres meses, tendría una sanción automática, quedando en manos del Poder Ejecutivo promulgarla o vetarla. Esto significa que los aliados de los chantajistas se verán obligados a sacar la cara en pro de su impunidad, impidiendo el condigno castigo legal para las amenazas de paro o para las infames “reguladas” que exponen a los pasajeros a un contagio quizás mortal, tras someterlos a prolongadas esperas.
El 2 de marzo, ante la amenaza de paro, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, dijo que “no cederá al chantaje” de los “empresarios” del transporte, esto es, trató de chantajistas a quienes la mayoría de los diputados pretende amparar, traicionando a la población. Días más tarde, el director de Transporte del Área Metropolitana, Fernando Haider, dijo que las multas impuestas por las “reguladas” eran ínfimas y hasta sugirió que intervenga el Ministerio Público, ante la probable comisión del delito de exposición al peligro. A propósito, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentó hace una semana una denuncia penal contra los transportistas por instigación a la violación de la cuarentena y sabotaje, pero esta es la hora en que el Ministerio Público no designó aún un fiscal para investigar el caso.
Ni las declaraciones de los funcionarios mencionados ni el flagrante atentado contra la salud pública conmueven el ánimo de los impresentables con fueros. Es que confían en ser amablemente retribuidos en las futuras campañas electorales, mediante buses puestos a su disposición para el traslado de votantes; puede que hagan llegar la factura incluso de cara a los próximos comicios municipales, en beneficio de sus “compañeros de ideales”. Los extorsionadores habituales cuentan con un respetable capital político, del que saben sacar buen provecho a costa de los usuarios del transporte público. Ellos sí que están bien representados en la Cámara Baja, a diferencia de sus víctimas cotidianas a las que hoy, cabe repetirlo, están sometiendo a un vejamen que conlleva el peligro de perder la vida.
Si se constatara que alguien falleció tras contaminarse en un bus atestado debido a la reducción de la frecuencia, estos “empresarios” se habrán ganado también el epíteto de asesinos. Y el de miserables quienes los protegen desde sus bancas, con la cobardía que supone boicotear una sesión ordinaria, a la chita callando. Se les paga una generosa dieta no solo para librarlos del suplicio de ser pasajeros, sino también para que deliberen y no huyan dejando en la estacada a sus conciudadanos. Claro que hay excepciones en ese colegiado putrefacto, pero la que da el tono es una mayoría que hace gala de una ruindad a toda prueba, más allá de los colores y de los bandos internos. Siendo así, su título de “honorable” implica una burla cruel a la que el electorado debe poner fin en 2023, apoyando a candidatos que en verdad lo sean, por merecer el respeto o la estima de los demás. Tan despreciables como los vulgares chantajistas son sus representantes de hecho, que no se cansan de invocar al pueblo al que abandonan, incluso en estos dramáticos momentos.
Habrá que ver si, a la hora de votar contra el proyecto de ley en cuestión, toman el coraje de hacerlo en forma nominal: la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes la defienden y quiénes son los seguros servidores de los “empresarios” del transporte.