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En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado se habrían hecho detenciones “modestas” y ejecutado nuevas normativas al respecto, pero las debilidades serían muchas: numerosas casas de cambio no están controladas, se usa información falsa para registrar empresas, la regulación de las firmas exportadoras e importadoras, así como la de los casinos, resulta escasa, los controles fronterizos son flojos, hay funcionarios corruptos y las grandes remesas de dinero a China y al Líbano no están bien supervisadas.
Aparte de apuntar a la Triple Frontera como una zona idónea para el tráfico de drogas y de armas, cuyas ganancias serían lavadas mediante la venta al Brasil de productos legítimos y falsificados, el informe también alude a la Administración de Justicia, tal como lo hizo, en enero último, el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin. Allí se lee que en 2020 se iniciaron más causas penales “de alto perfil” que el año anterior, que se efectuaron allanamientos y que, en algunos casos, se realizaron imputaciones y acusaciones formales. Pero advierte que “el desafío será observarlos hasta la finalización y condena; el megalavado de mil millones de dólares, abierto en 2014, permanece bajo investigación, pero sin acusaciones ni condenas”.
Una de las causas iniciadas el año pasado, a instancias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afecta al exsenador Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, también acusados de declaración falsa y de enriquecimiento ilícito: ambos habrían utilizado la firma “de maletín” Príncipe di Savoia SA como fachada para adquirir y administrar numerosos inmuebles, movilizando así unos 1.500 millones de dólares. Tras múltiples chicanas, el juicio oral y público se inició en enero, siendo de esperar que el Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, actúe con toda independencia, sin dejarse influir por el poder político y económico del también expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, condenado por tráfico de influencias y con prohibición vitalicia de entrada en Estados Unidos, por “significativamente corrupto”. La investigación fiscal del “megalavado” referido en el documento en cuestión tendría que ver con el financiamiento del terrorismo internacional. Aún no ha concluido al cabo de siete años (!), acaso porque concierne a dos amigos “esteños” del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez –el comerciante Walid Amine Sweid y el despachante aduanero Ricardo Galeano–, que habrían transferido a Detroit, desde 2009, cuantiosas sumas que llegaron a firmas ligadas al grupo terrorista Hezbollah, según comunicó a la Seprelad la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos.
Es obvio que las fuertes condenas que esperan el Departamento de Estado norteamericano y el Gafilat, como señal de que la lucha contra el lavado de dinero va en serio, no pueden depender de la buena voluntad del Poder Ejecutivo. Solo cabe exigirle que respete la independencia del Judicial y que los magistrados sancionen a los culpables con todo el rigor de la ley, como resultado de una pesquisa fiscal diligente y minuciosa. Dado que el lavado de dinero es una actividad ilícita derivada de otros hechos punibles, su cuantioso volumen implica un alto grado de criminalidad: la evasión fiscal es un “delito de guante blanco”, aunque puede estar salpicado de sangre, indirectamente. El informe del Departamento de Estado, que coincide con juicios ya expresados por el Gafilat sobre nuestro país, tiene que preocuparnos y no solo por una cuestión de imagen, sino también –y sobre todo– porque puede influir en la economía y, en particular, en su capacidad de atraer inversiones.
Habrá que ver si antes de fines de agosto o inicios de septiembre, cuando vengan los evaluadores del Gafilat, se emiten señales claras, tanto desde el Gobierno como de la Judicatura y de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el sentido de que el lavado de dinero será atacado como corresponde. Es más: el Banco Central tendría que controlar mejor las casas de cambio, la Dirección Nacional de Aduanas el tráfico fronterizo, la Comisión Nacional de Juegos de Azar los casinos, y el Ministerio de Industria y Comercio el registro de empresas, así como la venta de productos falsificados. Y todos estos organismos deberían castigar a sus funcionarios corruptos, previa intervención de la Secretaría de la Función Pública. Si hay mucho que hacer para superar el examen del Gafilat y causar una mejor impresión al Departamento de Estado es porque hay mucho trabajo atrasado y no solo por culpa del actual Gobierno. Lamentablemente, con la “Operación Cicatriz”, hay poca esperanza de transparentar las cosas.