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El último jueves, este diario dio cuenta del drama que sufren los afectados por el coronavirus y sus familiares en los hospitales Ingavi y Central del IPS: se ven forzados a comprar remedios, no obtienen informaciones de los médicos y se agolpan en los pasillos, sin que los pacientes dispongan de asientos; en cambio, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), tienen fármacos, colchones e incluso ropas, entregados en parte a hospitales que piden auxilio, pero solo porque allí se reciben donaciones. El mismo día en que se publicaron testimonios del calvario que padece todo el país, los senadores resolvieron, por veinticinco votos contra diecisiete, mantener en gran parte unos vergonzosos e injustificables aumentos salariales para centenares de los funcionarios que abarrotan las instalaciones del Palacio Legislativo, y de quienes se dice que ya no tienen sillas que ocupar. La mayoría modificó así sustancialmente el proyecto de ley del senador Stephan Rasmussen (PPQ), que dejaba sin efecto unos indignantes aumentos dispuestos por su presidente Óscar Salomón (ANR, abdista), en beneficio de la clientela.
La modificación, propuesta por el senador Juan Darío Monges (ANR, cartista), consistió en eliminar solo los incrementos que hicieran que el beneficiario gane más de 5.400.000 guaraníes mensuales, de modo que serán 447 los privilegiados que conserven el obsequio otorgado durante una calamidad agravada por la corrupción, el derroche y la ineficiencia estatales. La votación nominal permitió constatar que solo tres senadores colorados –Enrique Bacchetta (abdista), Antonio Barrios (cartista) y Sergio Godoy (cartista)– apoyaron la iniciativa de la completa eliminación de los aumentos, junto con ocho liberales y los cinco senadores presentes, en total, de los partidos Hagamos, Patria Querida y Democrático Progresista. Votaron por el “recorte parcial” los demás colorados, seis liberales y el bloque luguista.
Esto significa que el malgasto no fue anulado íntegramente gracias a la “generosidad”, con el dinero ajeno, de catorce “opositores”, entre ellos José Ledesma (PLRA), tan “progresista” como sus colegas del FG. El voto de Antonio Barrios, Esperanza Martínez y Desirée Masi podría atribuirse también a que su profesión médica les permite conocer muy bien el estado de la sanidad y las penosas condiciones en que debe trabajar el personal de blanco, arriesgando la vida en hospitales mal equipados y desabastecidos. El senador Salomón tuvo el descaro de afirmar que su intención de hacer justicia con algunos funcionarios postergados “no fue entendida”, pero resulta que al menos cuatro de ellos ya estaban ganando entre 8.600.000 y 15.700.000 guaraníes, mucho más de lo que ganan varios médicos y enfermeras de hospitales públicos.
El presidente del Senado admitió, empero, que no era el momento adecuado para tomar semejante medida que, con toda certeza, se habría mantenido incólume si el despropósito no hubiera salido a la luz. Debió haber considerado que la ley que declaró el estado de emergencia sanitaria, que suspendió temporalmente el aumento salarial previsto en el Presupuesto para el ejercicio fiscal de ese año, fue promulgada cuando la pandemia aún estaba lejos de causar los estragos que hoy se lamentan. Empezaron a agudizarse hacia mediados de agosto, y en diciembre, cuando el presidente del Senado dispuso las aberrantes dádivas, ya podía vislumbrarse lo que se venía. Si el 26 de marzo del año pasado se suspendió en forma temporal el incremento salarial, con más razón tenía que seguir vigente la suspensión durante estos trágicos meses, en los que faltan camas, insumos y medicamentos para atender a un creciente número de infectados. Pero no: la mayoría de los senadores creyó necesario que una gran cantidad de funcionarios, que poco o ningún servicio prestan a la nación, embolsen más dinero que antes, mientras en la sanidad se multiplican las necesidades insatisfechas.
El senador Salomón se defendió apuntando que, bajo la presidencia de su colega Blas Llano (PLRA), se otorgaron aumentos de hasta 25 millones de guaraníes y que, bajo la de Silvio Ovelar (ANR, abdista), se hicieron recategorizaciones cuando ya se había declarado la pandemia. Gravísima información, pero no siempre la mejor defensa es el ataque, pues los disparates ajenos no disculpan los propios. En todo caso, esos dichos solo sirven para ilustrar que el despilfarro en pro de la clientela es un vicio consuetudinario, también en el Congreso. Por cierto, el promotor del actual también señaló que en la Cámara de Diputados hay funcionarios que ganan mucho más que sus colegas de igual rango en el Senado, lo que puede interpretarse como un mensaje a los diputados, en el sentido de que no tengan la desfachatez de objetar lo resuelto por él y consentido, en gran medida, por 25 insensatos. Conviene recordar sus nombres, para no tomarles en serio si alguna vez se les ocurre criticar el indignante dispendio o el desastroso estado de la salud pública. Ya no se apiadan de nadie, por lo que merecen el repudio ciudadano, dentro de lo que manda la ley, en los lugares públicos en que se los encuentre.