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La industria de las licitaciones públicas amañadas, que acarrea sobrecostos e involucra, como es obvio, a funcionarios y oferentes deshonestos, es quizá la mayor fuente de corrupción en nuestro país. Se crean firmas no precisamente para satisfacer una demanda de los consumidores, sino para que sus dueños vivan muy bien a costa de ese cliente tan manirroto que es el Estado. Abundan las normativas e instituciones encargadas de prevenir o castigar el fraude, pero se sigue robando noche y día, incluso en tiempos de pandemia, ya que también una tragedia sanitaria puede ser aprovechada por burócratas y “emprendedores” voraces para dar un buen manotazo al dinero de todos, sin que los organismos de control lo adviertan antes de que la prensa lo revele y alguien formule la denuncia pertinente.
Es lo que ha ocurrido en el caso de las 4.000 mascarillas sobrefacturadas adquiridas mediante una contratación directa por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en tiempos del hoy procesado Édgar Melgarejo. Estalló en abril del año pasado y diputados opositores denunciaron el hecho punible ante el Ministerio Público, lo que dio inicio a una pesquisa que condujo al allanamiento de la sede compartida por unas 20 firmas “de maletín” o “fachada”, efectuado recién hace un par de días, con la participación también de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Como se recordará, las mascarillas fueron proveídas por Proyectos Global SA, sin actividad comercial previa y representada por la joven de 21 años Katherine Toñánez, al igual que el Consorcio Aerotech, que en 2019 prestó servicios de limpieza a la Dinac. Ambos contratistas, junto con varios otros, están ligados a Omar Jaén Bohorques, a quien la Dirección Nacional de Contrataciones Públicos (DNCP) ya sancionó reiteradas veces por brindar información falsa, sin que ello le impidiera seguir negociando con el Estado, al menos desde el Gobierno anterior. Así como las “firmas” que maneja este personaje no son más que una dirección, un teléfono y un membrete, es probable que el afortunado solo sea un prestanombre de exponentes del poder político, que se mantienen en la sombra. Valga el dato de que uno de los directivos de Proyectos Global SA es Carlos Alberto Franco, quien figura como chofer del Ministerio de Desarrollo Social, según la Secretaría Nacional Anticorrupción. Huelga decir que la ley exige adjudicar un contrato al oferente que “tenga las calificaciones y la capacidad necesarias” para ejecutarlo y sancionar a los “proveedores o contratistas que proporcionen información falsa”.
Un caso algo distinto, pero no menos perjudicial para el erario, es el de la famosa “pasarela de ñandutí”, construida por la privilegiada empresa Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera, cuyo amigo Jorge López Moreira, cuñado del presidente Mario Abdo Benítez, lo acompañaba llamativamente en sus reuniones con funcionarios del MOPC. La obra tuvo un costo final de 2,1 millones de dólares. La Contraloría General de la República y la DNCP constataron que la licitación pública había sido “direccionada”, una frecuente artimaña que, como es obvio, tiene su precio, en el cabal sentido de la palabra. A la auditoría interna ordenada por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, tras revelaciones periodísticas, le pasó desapercibido ese hecho, pero al menos comprobó que “no existe justificación técnica respecto al costo de la estructura con fines ornamentales”. O sea que a los funcionarios que autorizaron los adornos les importó un bledo el principio de economía que obliga a la racionalidad, la austeridad y la disciplina presupuestaria. Derrocharon el dinero ajeno, quizá a cambio de una recompensa particular. Los auditores también apuntaron que faltó un control interno en el proceso de planificación de los contratos y que, en cuanto a sus modificaciones que elevaron el costo, no se analizaron los presupuestos y precios referenciales para facilitar las verificaciones ulteriores. Así, prácticamente tuvieron “arco libre” para abultar las cifras.
En otros términos, todo se hizo con displicencia, en beneficio de la afortunada Engineering. La amistad entre Campos Cervera y el hermano de la primera dama Silvana López Moreira podría explicar que, desde noviembre de 2018, la firma se haya quedado con nada menos que 63 contrataciones públicas, sobre asuntos muy diversos. Aún se ignoran los resultados de la intervención de la Dirección de Obras Públicas, ordenada por noventa días en enero último. Por de pronto, su jefe José Kronawetter, quien había confirmado la presencia de López Moreira en las reuniones realizadas en el MOPC, fue apartado del cargo, de modo que está por verse si se sugerirá que se abran sumarios administrativos o que se formule una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Es una cuestión importante, porque los beneficiarios de un hecho punible deben cargar con una responsabilidad tanto penal como civil: una vez condenados, el dinero sustraído con guante blanco debe ser recuperado de sus bolsillos, asunto del que deberá ocuparse la Procuraduría General de la República. ¿Alguien se atreverá a ponerle el cascabel al gato?
Tal como están las cosas en este país, no debería sorprender que los implicados en los dos escándalos referidos queden impunes, no subsanen el daño patrimonial causado e incluso que Engeneering y las empresas vinculadas a Jaén Bohorques sigan ganando licitaciones. La entidades aquí citadas tienen el marco legal y suficientes facultades para combatir la corrupción. Por si fuera poco, existe un Modelo Estándar de Control Interno (Mecip) para el cumplimiento de las metas institucionales, cuya aplicación debe ser supervisada por la Auditoría General del Poder Ejecutivo y cuyos valores son la transparencia, la responsabilidad, la moralidad, la igualdad y la imparcialidad. Si a ello se agrega que cada órgano cuenta con una auditoría interna, cabe preguntarse cómo es posible que se cometan tantas barbaridades flagrantes. La respuesta sería que la podredumbre también afecta, en gran medida, a los controladores, a quienes nadie controla, o acatan las órdenes de quienes los instalaron en sus cargos. Precisamente, hace pocos días nos referíamos a las “instituciones de papel” que abundan en nuestro país, que tienen atribuciones para controlar, investigar y denunciar los “fatos”, pero estos les pasan bajo las narices o miran a los costados para no detectarlos. Por estas razones, los Engineering y los Jaén Bohorques gozan y seguirán gozando de buena salud.
En otros términos, “el saneamiento moral de la Nación” es una tarea aún pendiente que requiere, sobre todo, que la ciudadanía no tolere el latrocinio, sino que ponga en la picota a sus autores, cómplices y encubridores que, habituados a la impunidad, no se esfuerzan mucho por disimilar sus fechorías.