Cargando...
Una larga experiencia enseña que todo ciudadano está expuesto a figurar en un padrón partidario, sin su imprescindible consentimiento previo, esto es, sin haber presentado jamás una solicitud de afiliación. Un buen ejemplo de esta odiosa práctica, que parece estar muy extendida en la ANR, sobre todo en vísperas de unos comicios internos, se tuvo en los últimos días cuando el juez penal Manuel Aguirre hizo lugar a un pedido de habeas data promovido por Marta Raquel Rivaldi y, por tanto, ordenó al partido oficialista que rectifique sus datos en el Registro Cívico Permanente. En realidad, debe excluirla de su propio registro, pues la solicitud de afiliación, si es que fue presentada, tiene al menos una firma falsificada. El Código Electoral dispone que los formularios de solicitud de afiliación y de aceptación contengan la declaración jurada de que se pide con toda libertad y la firma o la impresión digital del recurrente, entre otras cosas. Al pie de sus declaraciones, “las autoridades competentes del partido político asentarán los detalles relativos a la consideración o rechazo de la solicitud y la certificación de que los datos y la firma consignados en la solicitud son auténticos”. Es evidente que en el procedimiento hubo al menos una falsificación.
La normativa citada también dice que quienes falsean la certificación deben sufrir las penas impuestas a los funcionarios por la comisión del delito de falsedad en instrumento público, es decir, multa o hasta cinco años de cárcel, sanción esta que puede ser aumentada hasta diez años en los casos especialmente graves. Huelga señalar que, hasta hoy, ninguna autoridad competente de la ANR o de otro partido político ha sido tan siquiera imputado por haber cometido ese hecho punible, siendo de esperar que el fallo antes referido sirva de acicate al Ministerio Público para iniciar las pesquisas pertinentes. No se trata de una cuestión trivial, dado que quienes falsifican los datos o la firma de alguien para “afiliarlo”, invaden un ámbito que debe estar exento de la intervención de terceros: optar por una agrupación política es un acto personalísimo, que resulta atacado incluso cuando no se pretende causar un daño patrimonial a la víctima.
Claro que esta costumbre delictiva también tiene un componente monetario, ya que se contrata a operadores para lograr nuevos “afiliados” a cambio de una remuneración, cuyo monto depende del número de incorporaciones obtenidas o fraguadas: hasta hace un par de años, cobraban 3.000 guaraníes por cada afiliación. La responsabilidad pesa tanto sobre quienes inventan datos o firmas, como sobre quienes los convalidan.
El estatuto de la ANR prescribe que, para afiliarse a ella, se requiere que dos miembros de la Comisión Seccional certifiquen que el supuesto solicitante reside o trabaja en su jurisdicción y que ella lo admita, pero también es posible presentar el pedido de afiliación directamente a la Junta de Gobierno. En todo caso, la fechoría comentada tiene un autor y, además, cómplices o encubridores que deben ser sancionados para que ningún ciudadano sea sorprendido por el hecho de estar “afiliado” a un partido político que, por lo demás, puede resultar muy ajeno a sus íntimas convicciones. Es hora de poner fin a este abuso, aplicando la ley.
Antes de los comicios internos simultáneos, la Justicia Electoral realiza el cruzamiento de los prepadrones de las agrupaciones políticas, para impedir el doble, triple o hasta cuádruple voto: en 2015, había un millón de personas afiliadas a más de una de ellas. No es un reaseguro suficiente que el único domicilio legal sea el declarado por el elector en el Registro Cívico Nacional ni que la afiliación válida sea la última: lo primario es que todas sean auténticas, algo que no puede darse por cierto. En efecto, hay quienes no estando afiliados a ningún partido político, se enteran de que cierta vez optaron por uno, como fue el caso de la señora Rivaldi: enterada por las redes sociales de las numerosas afiliaciones irregulares a la ANR, ingresó su número de cédula de identidad en el padrón partidario y se encontró con la desagradable sorpresa.
También se incurre en la ilicitud referida a la hora de crear movimientos políticos, según se desprende de que, en 2017, se hayan detectado unas 5.000 firmas falsas en la inscripción de dichas organizaciones ante la Justicia Electoral, la que anunció que las denuncias de los ciudadanos afectados serían trasladadas al Ministerio Público. Como es de suponer, estos hechos punibles no tuvieron consecuencia alguna, lo que induce a afirmar que no son perseguidos porque no se los considera delitos o, en todo caso, los ubican a la altura de meros deslices.
Mientras sigan impunes los sinvergüenzas ligados a dirigentes partidarios de igual calaña, numerosos compatriotas descubrirán que están incluidos en unos padrones en los que jamás desearían figurar. Aparte del Ministerio Público, del que cada vez se espera menos, también la Defensoría del Pueblo tendría algo que decir al respecto. Se debe poner fin a tan aberrante práctica delictiva, y castigar a los responsables.