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Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá ocupan los primeros lugares del inventario de recursos de la República del Paraguay y dentro de dos años y dos meses, según lo establece el Tratado de Itaipú de 1973, incorporado por Ley Nº 389, al cumplir 50 años de vigencia, se darán las condiciones para la revisión de su Anexo C, que contiene las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad.
De acuerdo con el Art. XIII del Tratado de Itaipú, la energía producida por el complejo hidroeléctrico será dividida en partes iguales por los dos países, y que es reconocido a cada uno de ellos –en rigor al Brasil– el derecho de adquisición de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo –en rigor el Paraguay–.
Ese “derecho de adquisición”, que según el Acta Final de Foz de Yguazú, que el Tratado incorpora en su Considerando, es solo un “derecho de preferencia” pero, por una inexplicable alquimia, se transformó para nuestro país en una obligación a la cesión a cambio de una “compensación” que apenas ronda los US$ 10/MWh sobre la tarifa de Itaipú.
Enfaticemos que en 37 años de generación de la central binacional, desde el 5 de mayo de 1984, nuestro país supo aprovechar solo 8,3% de la producción acumulada en ese período y que el valor unitario promedio de la “compensación” que recibió por el 83,5% que cedió a Eletrobras de la energía que le corresponde fue de apenas US$ 4,3/MWh.
Según el numeral VI del Anexo C del Tratado de Itaipú el 13 de agosto de 2023 se cumple el plazo de 50 años para que las Altas Partes Contratantes revisen sus disposiciones y, si bien es responsabilidad del Poder Ejecutivo lo que resulte de esta revisión, las consecuencias serán para todos los paraguayos por varias generaciones, razón por la cual su renegociación debe considerarse causa nacional en todo el sentido de la expresión.
El pueblo paraguayo, como propietario de uno de los bienes más valiosos que tiene el país, es el mandante del equipo negociador que integró el Poder Ejecutivo.
Esta relación que se crea a partir de la misma Constitución Nacional implica que las gestiones que se lleven a cabo, desde el inicio mismo, deben informarse de manera constante y transparente a toda la ciudadanía. La historia, lamentablemente, está plagada de ejemplos que indican que sus gobernantes de turno recorrieron caminos muy distintos.
Los gobiernos colorados, desde la firma del Tratado en 1973, han utilizado a las binacionales como un botín de guerra, bajo el más estricto secreto, recurriendo a la falacia de que, debido a su naturaleza binacional, todo lo concerniente a Itaipú y Yacyretá no puede ser objeto de control. Lo cual es contrario a la esencia misma de una República, en la que rige un orden de prelación previsto en el artículo 137 de la Ley Suprema, y según el cual los tratados internacionales se encuentran por debajo de la Constitución Nacional. En consecuencia, a pesar de la intención del Presidente de la República y del director de Itaipú de ocultar información, el sistema de control constitucional abarca todos los intereses nacionales.
La falta de transparencia en el manejo de las entidades binacionales ha permitido, entre otras cosas, que surja la casta de los inefables barones de Itaipú, personas que debido a su cercanía con el dictador Alfredo Stroessner obtuvieron, de favor, contratos multimillonarios durante la construcción y equipamiento de la represa. Esa misma política oscurantista es la que volvió a aparecer recientemente, cuando vincularon al mismo vicepresidente a empresas brasileñas que pretendían adquirir energía eléctrica de la ANDE al margen de procesos legales.
El Poder Ejecutivo conformó un equipo negociador con una cuasi laberíntica parafernalia en el que resulte claro quién es el responsable técnico de organizar la estrategia de negociación. En su comparecencia ante la Comisión Nacional creada por la Cámara de Senadores por Ley 6401/19, integrada por Diputados y Senadores, el ministro de Relaciones Exteriores no supo explicar cómo pensaba el equipo negociador encarar la revisión del Anexo C del Tratado.
La comisión nacional creada por el Senado debe controlar con rigor el avance de las tareas de negociación, ejerciendo su rol constitucional y sin prestarse a legitimar ineptitudes o acciones torcidas.
Los paraguayos tenemos derecho a saber con exactitud y sin tecnicismos qué tiene pensado el Gobierno paraguayo para encarar la que será probablemente una de las negociaciones más importantes de este siglo en lo que a su futuro respecta. ¿Tienen los negociadores la capacidad suficiente desde las perspectivas, diplomática, técnica, política y estratégica para enfrentar la consabida astucia e inclusive fuerza de Itamaraty? ¿Tienen claro los negociadores paraguayos que la patria está antes que los intereses sectoriales o personales? ¿Son conscientes de que es el futuro de generaciones el que está en juego?
Lo que resulte de la renegociación del Anexo C marcará, en gran medida, lo que pueda generarse a partir de la total disponibilidad de la energía que pertenece al Paraguay. Los negociadores responsables deben explicar si existen planes estratégicos que permitan utilizar la energía para el desarrollo interno, así como las opciones de comercialización de esta con otros países o inclusive con el mismo Brasil, pero con precios de mercado.
Además de la transparencia y el control que deben imperar en este proceso clave para el futuro de nuestro pueblo, es el momento de dejar de lado el despilfarro de los gobiernos hasta ahora, regalando fortunas a los amigos del poder, pagando salarios obscenos a incompetentes con pañuelos al cuello que ocupan el Consejo de Administración de Itaipú, sus direcciones o beneficiarios de jugosos contratos a cambio de favores o simplemente para desvalijar las arcas de las binacionales.
Itaipú y Yacyretá forman parte del patrimonio del pueblo paraguayo. El Presidente de la República, los directores de entes, consejeros, asesores y funcionarios son los custodios de los recursos que generen esas entidades, hecho que les obliga a rendir cuenta de sus actos todos los días.
La renegociación del Anexo C es un hito en la historia de nuestro país, porque es una oportunidad para dejar atrás el comportamiento mezquino, voraz y delincuencial que tuvieron hasta ahora los carroñeros vendepatrias. Los ciudadanos deben estar alertas exigiendo permanentemente, sin descanso, que los negociadores, empezando por el presidente Abdo Benítez brinden explicaciones de quiénes y cómo llevarán adelante este desafío.
Los negociadores serán juzgados por el pueblo y la historia como patriotas o traidores, según defiendan los intereses del Paraguay o se vendan como legionarios. Y no será el pueblo el que sea considerado “pillo” ni “peajero” como lo trató el presidente Marito cuando estaban por cocinar la tristemente célebre acta secreta del 2019 que casi lo tumbó del Gobierno.