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El Gobierno colorado resolvió, días pasados, prolongar la inconstitucional restricción de derechos hasta el próximo 12 de julio, haciendo caso omiso a lo que le indican las estadísticas nacionales, que pisotear derechos no produce beneficios sanitarios, sino todo lo contrario.
Los trabajadores, emprendedores y empresarios del sector terciario, principalmente, que solo son consultados cuando conviene a las campañas de marketing del Gobierno, expresaron su unánime rechazo, aunque el Gobierno tiene siempre a disposición a los gremios de Feprinco, mayormente contratistas públicos, para ocultar rechazos como este que ha ocurrido por la prolongación de la restricción de derechos.
Pero el encubrimiento ensayado por los privilegiados no puede ocultar los hechos. Según datos dados a conocer por el exministro de Hacienda Manuel Ferreira, las inconstitucionales restricciones de derechos impuestas por el Gobierno colorado dejaron ya sin trabajo a unas doscientas cincuenta mil personas en forma directa. El Instituto Nacional de Estadística habla de trescientos cincuenta mil paraguayos sin trabajo, aunque disimulados en causales diversas. Estos números se refieren solo al sector terciario, el que distribuye riqueza.
Y no es solo eso. Los mencionados perjudicados por la inconstitucional prolongación de las restricciones están recordando a la opinión pública las discriminaciones que solo favorecen a los propietarios de buses de pasajeros, que siguen aglomerando gente con aval del Ministerio de Salud, que desconoce los datos sobre los contagios en el transporte público.
Además, señalan, las medidas restrictivas afectan solo al sector formal, al que no paga coimas al Gobierno, para beneficiar a los informales que, mediante ellas, se enriquecen indebidamente también desde una posición de privilegio.
Para tratar de encubrir su apuesta por la violación de la Constitución y por la informalidad, el Gobierno propone, como lo hizo desde el inicio de la pandemia, un tibio plan que ni remotamente satisface los requerimientos generados por el pisoteo de la Carta Magna.
Las insuficiencias del Gobierno son generales. Lo del oxígeno lo prueba mejor que muchas otras falencias. Pero la más dramática insuficiencia oficial, por supuesto, es la de las vacunas, que tan buenos resultados están dando en el mundo. Paraguay tiene una población en zona de inmunización, mayores de 18, de unas 4.300.000 personas.
El Gobierno logró a la fecha vacunar apenas a un poco más del diez por ciento de esa población. Si se considera a la población general, los índices empeoran y no llegan al nueve por ciento. El Gobierno nos ha convertido en uno de los cuatro últimos países de América en cantidad de inmunizados. Aunque anuncia periódicamente acuerdos con farmacéuticas y gobiernos para traer vacunas, nunca concreta más que importaciones pequeñas, mínimas.
Y aunque logre hoy traer millones de dosis, casi doce mil paraguayos ya perdieron la vida por el cúmulo de torpezas, corrupción, incompetencia y mentiras del Gobierno; doce mil paraguayos para los que cualquier cosa que se haga ahora habrá llegado tarde.
Es para ocultar lo anterior que el Gobierno prolonga la restricción inconstitucional de derechos; es para generar falsamente la idea de que hace algo, cuando en realidad no hace lo que debe.
Es hora de terminar con esta trágica operación de marketing del Gobierno colorado, restablecer los derechos que la Constitución protege y dejar que los paraguayos logren con independencia su sustento.