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En el proceso de nombramiento de fiscal general del Estado en marzo de 2018, se le advirtió al entonces candidato presidencial colorado, Mario Abdo Benítez, que Sandra Quiñónez era la elegida de Horacio Cartes para su presunto objetivo de asegurarse impunidad.
Marito, que había vencido recientemente al candidato de Cartes en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), atribuyendo negocios turbios al líder del movimiento opositor, igual apoyó a Quiñónez, y la mayoría de Añetete fue decisiva para su elección como fiscala general del Estado. Fue difícil creer en aquel momento, y más difícil aún de digerir, el apoyo de Marito a la candidata de Cartes. El electorado estaba aún gozando de la derrota electoral del cartismo y pensaba que el líder de Añetete se desmarcaría de su fuerte influencia.
Los paraguayos hubiéramos dado más importancia a los hechos y menos al marketing con que Marito y Cartes encubren siempre la realidad; si lo hubiéramos hecho, hubiésemos tenido claro desde ese mismísimo instante que ambos nunca fueron rivales sino que siempre fueron socios y cómplices en medrar a costa de los contribuyentes paraguayos.
Hoy, a poco más de tres años de aquella entrega de la Fiscalía General del Estado a Horacio Cartes, nadie se atrevería a negar el papel de Sandra Quiñónez y mucho menos podría ningunearse cómo asegura impunidad a los peces gordos y persigue a los críticos.
Las señales que da el trabajo de la número uno del Ministerio Público del Paraguay poseen una obviedad irrebatible para propios y extraños. En la reciente visita de Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos del Departamento de Estado norteamericano, en la que estuvo acompañada de una delegación claramente enfocada a temas de seguridad y corrupción, las reuniones realizadas llamaron la atención no por las presencias, sino por la estentórea ausencia de la fiscala general Quiñónez. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, consultado al respecto por la prensa, se vio obligado a admitir lo obvio: La exclusión de Quiñónez.
Una breve lista de casos sonadísimos, totalmente incompleta pero suficientemente ejemplificadora, muestra la descomposición de la Fiscalía General:
1.- Caso envíos de droga al exterior utilizando el comercio internacional de carbón o pinturas. A pesar del escándalo mundial, acá nada pasa excepto trámites burocráticos diseñados para encubrir con apariencia de trabajo el cajoneo del caso.
2.- Caso Messer. Darío Messer, “hermano del alma” de Cartes, realizó en Paraguay hechos suficientemente graves como para que la fiscalía brasileña los considere confirmatorios de modus operandi delictivos, pero acá no pasa nada. Las insólitas sanciones del Banco Central al Banco de Fomento son enormes “noticias críminis” que la Fiscalía no ve, no oye, no siente.
3.- Contrabando de cigarrillos. A dos años de registrarse la incautación más grande de contrabando de cigarrillos en el país, no hay imputados. Los frecuentes decomisos de este producto en el exterior hablan de cifras enormes, que superan las cantidades consumidas en el país. La fiscalía no ve contrabando ni contrabandistas, y menos aún ve el lavado de dinero resultante.
4.- Caso Metrobús. Unos veintidós millones de dólares de los contribuyentes paraguayos se esfumaron en una obra impulsada con máxima energía durante el gobierno de Cartes, y por su protegido, Ramón Jiménez Gaona. No hay ni un imputado.
5.- Caso Óscar González Daher. El fructífero árbol que da frutos de Santiago Peña y demás abyectos del expresidente tiene como estandarte una actuación tan timorata que hasta genera vergüenza ajena. El hombre disfruta de un blanqueo casi tan total que ya no ocultan que han vuelto las reuniones políticas con los cartistas.
6.- Caso de Lucas Mereles y Cambios Yrendague. Vinculados al esquema Messer de lavado de activos, con sendas denuncias en el Brasil, la fiscalía no solo no realizó los allanamientos que pedían en el país vecino sino que reaccionó recién meses después.
7.- Lavado de dinero. En complicidad con Seprelad, la Fiscalía no se da por enterada de que somos el mayor reexportador de cocaína de América. Esta actividad genera activos que se persiguen a nivel internacional y debiera perseguir por acuerdos internacionales firmados. El lavado de dinero funciona con tanta impunidad y protección que recién el día que nuestro diario publicó el primer informe Messer, el anterior titular de Seprelad, Óscar Boidanich, corrió a la Fiscalía a entregar un informe que estaba cajoneado.
¿Quién investiga a la propia Fiscalía por corrupción? ¿Quién puede impedir que prescriban los casos mencionados y otros como ellos? ¿Quién combate la impunidad garantizada desde el Ministerio Público?
No hace falta ser un premio Nobel para notar el vínculo de la Fiscalía con el expresidente Cartes. Tampoco se necesita ser un iluminado para notar que Mario Abdo Benítez nunca dejó de ser su socio y cómplice, con la tarea específica de proteger a Sandra Quiñónez, uno de los peores desempeños que ha tenido nuestro país en ese puesto… y eso que Paraguay ha tenido malos fiscales generales.
Quiñónez ha superado todos los niveles de obsecuencia y, con ello, pone todos los días en peligro la independencia de los Poderes del Estado, vital para garantizar la democracia, la libertad y la justicia en un país. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato del patrón?