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El reciente secuestro y la ejecución del joven Jorge Ríos por integrantes de la autodenominada Agrupación Campesina Armada - Ejército Popular (ACA-EP) –un apéndice del también autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)–, y cuyos restos fueron arrojados en territorio brasileño cerca del río Apa, han reactualizado la pesadilla que vive la población del norte de la Región Oriental ante la permanente incursión de esos facinerosos, y la poca o nula actuación de la costosa Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hoy insertada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
Y, como siempre ocurre en casos como estos, aparecen dos elementos que nunca faltan: la formación de una comisión para la investigación del asunto puntual y el reclamo de un mayor presupuesto, como si ya no fuera suficiente.
Cuándo no, la comisión fue creada en la Cámara de Diputados, con el pomposo objetivo de investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado. Vale preguntar cuántas comisiones legislativas se han creado a la fecha, cuyos informes no tuvieron más peso que el papel en que estaban escritos, y que fueron a enmohecerse en alguna gaveta del Ministerio Público o de otra institución. Justamente viene al caso aquel importante informe presentado en el 2014 por una comisión del Senado, que denunció con nombres y apellidos a varios legisladores por presuntos vínculos con el narcotráfico. El entonces senador y hoy ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue el encargado de presentarlo a la Fiscalía General del Estado, en esa época dirigida por Javier Díaz Verón, hoy imputado por corrupción y con arresto domiciliario.
En setiembre del 2019, el mismo Giuzzio, como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lamentó que la Fiscalía, en ese momento ya dirigida por Sandra Quiñónez, haya cajoneado la denuncia. La pregunta que cabe es: ¿qué hará ahora la comisión de la Cámara de Diputados para que la Fiscalía le preste atención? En verdad, lo que deberían hacer los legisladores es crear una comisión para investigar por qué el Ministerio Público ignora las numerosas denuncias de corrupción, narcotráfico y otros graves delitos que se le presentan y, si cabe, iniciar juicio político a la titular del organismo, Sandra Quiñónez.
Son los fiscales los que deberían estar investigando si existen irregularidades en el accionar de la FTC. Sería interesante saber, por ejemplo, detalles del uso de los cuantiosos fondos consumidos por este grupo híbrido compuesto de militares, policías y agentes de la Senad. Tal vez pueda conocerse la razón de tanto conformismo de sus jefes, de que todo está bien allí, pero por qué un grupo de poco más de veinte integrantes –cantidad calculada por ellos mismos– siga haciendo de las suyas sin temor alguno, destruyendo propiedades, secuestrando, matando, cobrando “impuestos revolucionarios” y sembrando el terror entre la gente que trabaja.
Actualmente la FTC viene insumiendo más de un millón de dólares al mes. Ahora, el ministro Giuzzio dice que se requiere una inversión de ¡130 millones de dólares! para dotarla de tecnología. ¿Por qué tuvo que morir un compatriota más para esgrimir la excusa de siempre: la falta de presupuesto? De esta manera suena a oportunismo o para justificar la inutilidad de los efectivos desplegados en el norte.
Desde hace demasiado tiempo, los sucesivos gobernantes han prometido infructuosamente combatir a la minúscula banda criminal engañando miserablemente al pueblo y gastando inútilmente dinero aportado por los contribuyentes, que podría haber tenido mejor destino en favor de la gente. Desde la fanfarronada de Federico Franco de “estamos pisándoles los talones” y “voy a traerlos del jopo”, hasta la aparatosa exhibición del presidente Mario Abdo Benítez con pistola al cinto cerca de los montes del departamento de Concepción para celebrar un supuesto victorioso choque de patrulla de la FTC con integrantes de la élite del EPP, lo que a la postre no arrojó ningún criminal muerto o capturado en ese episodio, pasando por la mentira del presidente Horacio Cartes de que el grupo armado “no le iba a marcar la hoja de ruta a su Gobierno”.
Es generalizada la creencia de que, si se decide, el Gobierno puede liquidar en poco tiempo a las gavillas criminales que mantienen en vilo a los departamentos de Concepción y San Pedro. Salvando las distancias y las circunstancias, vale la pena exponer una parte de las memorias del héroe de la Guerra del Chaco y exministro del Interior general Amancio Pampliega, consignadas en su libro “Misión cumplida”. Relata las tropelías que cometía una gavilla criminal liderada por el célebre cuatrero Regino Vigo, que mantenía en zozobras a los departamentos de Guairá, Caazapá e Itapúa. Este bandido, al igual que los actuales delincuentes que cobran “impuesto revolucionario”, mantenía un sistema de “protección” a hombres de fortuna, a cambio de víveres, proyectiles y otros elementos. Y sigue relatando Pampliega: “En febrero de 1943 tuvimos que tomar medidas drásticas (…) Me trasladé a Villarrica para dirigir personalmente las operaciones conducentes al exterminio de la famosa banda. Sus pretensiones no solamente consistían en el robo sino que, al parecer, involucraban cierto trasfondo político (…) Por ese motivo, para acelerar las operaciones, obtuve la cooperación de la Caballería, que destacó a un escuadrón al mando del mayor Eliodoro Estigarribia, con la misión de empujar al grupo hacia el Este (…)”. En síntesis, el famoso bandido fue arrinconado contra el río Paraná, donde fue muerto posteriormente. Se nota así la decisión de conseguir un resultado, y no solo vegetar mirando lo que sucede.
La historia no se repite, pero rima. Valga este retazo de la nuestra, cuyas circunstancias, desafortunadamente, se han repetido 78 años después, para que las generaciones de paraguayos y paraguayas del presente sepan cómo una autoridad puede cumplir con su función para defender exitosamente, mediante el empeño personal, la vida y los bienes de los ciudadanos.
La FTC no persigue a los bandidos sino vegeta en lugares determinados, desde donde sus efectivos acuden en forma presurosa a los sitios en que las bandas criminales efectuaron sus golpes, para llegar siempre tarde, consumados los hechos. Por eso la impaciencia de los contribuyentes, que ya no quieren seguir destinando recursos para sostener tanta ineficiencia y presunta corrupción.