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La pandemia está comenzando a ceder, las vacunaciones están avanzando, si se hacen las cosas como corresponde es posible que en el segundo semestre se alcance una inmunización significativa de la población. Es hora de devolver prioridad a temas de gran importancia para el país que han quedado en un segundo plano por la urgencia de la situación sanitaria. Uno de ellos es la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo de vigencia vence en 2023. La ciudadanía no se debe dejar embarullar, no es tan difícil como lo quieren hacer creer. Lo que se debe conseguir en esta negociación es que Brasil pague un precio razonable por los excedentes paraguayos. Llevar la discusión a otro lado no es más que desviar la atención y justificar la intención de cambiar algo para no cambiar nada.
Se habla mucho de la reducción máxima posible de la tarifa por la potencia contratada, que es lo que presuntamente pretende Brasil, o de mantener cierto margen por encima del costo básico de operación de la central para repartirse la diferencia entre ambos países, que es a lo que aparentemente apunta el equipo negociador paraguayo. Ninguna de las dos opciones supone un cambio estructural del Tratado ni de las condiciones leoninas impuestas a Paraguay hace cincuenta años.
La cuestión de Itaipú es más simple de lo que se piensa. Dos vecinos comparten un recurso natural extraordinariamente valioso, en este caso el potencial energético del río Paraná. Hace cincuenta años decidieron asociarse para su aprovechamiento, pero el socio más rico y poderoso le plantea al más débil el siguiente trato: hacer una planta hidroeléctrica que va a funcionar a precio de costo, es decir, que la tarifa será igual a lo que cueste la operación (salarios, mantenimiento, etc.) más las cuotas de amortización e intereses de los préstamos. Para que ello sea factible, hay que adquirir el 100% de la energía generada para cubrir todos los gastos. Entonces, si uno de los dos socios no alcanza a consumir su 50%, el otro tiene que “comprometerse” (¡como si fuera un favor!) a adquirir también esa porción y así garantizar la autofinanciación de la central.
¿Dónde estuvo la trampa? Si bien formalmente Paraguay y Brasil son dueños condóminos en una relación de 50/50, siempre se supo que en la práctica Paraguay no podría consumir más que una fracción muy minoritaria de la energía y que era Brasil el que se quedaría con la parte del león. Consecuentemente, por décadas Brasil adquirió la parte paraguaya a precio de costo, más una “compensación” prácticamente simbólica por cesión de energía.
Esto ya era injusto hace 50 años porque aseguraba un beneficio desproporcionado a favor del socio más poderoso del aprovechamiento de un recurso natural que es de ambos en partes iguales. Y con mayor razón lo es ahora, cuando las deudas ya están virtualmente canceladas, incluyendo las espurias y los intereses usurarios, y ya no hay ningún rebuscado argumento esgrimible para justificar que Paraguay no cobre la diferencia entre el costo de generación de Itaipú y el precio real de su parte de la energía en el mercado regional mayorista.
Brasil siempre se quedó con esa diferencia, lo que no solamente catapultó su desarrollo a costa del desarrollo paraguayo, sino que le proporcionó enormes lucros a Eletrobras, empresa mixta de capital abierto que reparte utilidades entre sus accionistas, que adquiere la potencia de Itaipú a precio de costo y la vende a precio de mercado en el sistema eléctrico desregulado de Brasil.
De acuerdo con los cálculos del Dr. Miguel Carter, de la Universidad de Columbia, entre 1986 –año en que Itaipú empezó a generar– y 2018, Paraguay dejó de percibir 75.400 millones de dólares que le habrían correspondido por sus excedentes, ya descontados todos los costos operativos y financieros de Itaipú. Si alguien quiere discutir la cifra, solo es cuestión de sentarse a hacer la matemática y la consolidación de cuentas. El profesor Jeffrey Sachs propuso hacerlo con participación de organismos internacionales como Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, pero Brasil se ha negado rotunda y sistemáticamente, porque obviamente sabe que va a quedar en evidencia.
Es esto lo que debe cambiar en Itaipú, todo el resto es secundario. Algunos sostienen que se debe utilizar la energía en vez de venderla, pero la realidad es que todavía hoy Paraguay sigue cediendo entre el 60 y el 70 por ciento de su parte de Itaipú a Brasil y apenas recibe por ello una magra compensación de 10 dólares el megavatio/hora. Esto ya es inadmisible.
Nuestro país tiene derecho, como cualquier nación soberana, a cobrar por sus excedentes energéticos, que hoy en la región se cotizan hasta en 200 dólares el megavatio/hora. A lo sumo se puede acordar un buen descuento preferencial para nuestro socio. Pero si lo que buscan es jugar con la tarifa, “logrando” que Brasil “acepte” inflar un poco el costo de operación de Itaipú con más “fondos sociales” para que siga la repartija de los políticos, eso sería una bofetada al pueblo paraguayo. Acá están en juego nada menos que el desarrollo y la dignidad del Paraguay, que no lo olviden.