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Hace unos días dijimos en otro editorial que los propios jefes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –hoy integrante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)– estiman que los bandidos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y su desprendimiento Agrupación Campesina Armada - Ejército Popular (ACA-EP), no suman más de 20 “soldados”. En consecuencia, se esperaba que la fuerza desplegada para perseguirlos en los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro, que totalizan unos mil efectivos, pronto los neutralizaría o los eliminaría. Pero he aquí que el asunto se produjo al revés, es decir, fueron esos delincuentes armados quienes propinaron otra vez una feroz cachetada a la FTC. Y, como siempre ocurre, las justificaciones son cada vez más rebuscadas unas que otras. La pregunta que surge de inmediato es: ¿hasta cuándo seguirán siendo asesinados o secuestrados nuestros compatriotas por la inutilidad de un costoso grupo de efectivos desplegado en la zona norte para combatir a las formaciones ilegales?
Demostrando que su capacidad operativa sigue intacta, los criminales agavillados perpetraron en Santa Rosa del Aguaray una sangrienta emboscada contra efectivos militares, en la que murieron los sargentos Lauro Monzón, Eulalio Espinoza y Mauricio Paredes, cuando cumplían una misión rutinaria. El hecho rememora aquella otra de 2016, cuando resultaron víctimas mortales ocho miembros de la FTC, en un camino vecinal de Arroyito (Concepción). La de anteayer tuvo lugar en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). Estas bandas criminales son las mismas que recientemente secuestraron y asesinaron al joven Jorge Ríos, y mantienen secuestrados al policía Edelio Morínigo, al ganadero Félix Urbieta, y al exvicepresidente de la República Óscar Denis, de quienes no se tienen noticias.
Los facinerosos armados no han renunciado a descargar sus golpes, pese a su gran inferioridad numérica, mientras los jefes de la FTC-CODI siguen proclamando la importancia de su labor. Así, el Tte. Cnel. Luis Apesteguía, vocero del CODI, sostuvo hace poco: “Esos grupos no pudieron desarrollarse. Les cuesta mucho desplazarse. Si bien lo hacen, son hechos aislados. No pueden sostener operaciones continuas, por los trabajos que estamos realizando”. Tanto les costaría desplazarse y realizar operaciones frecuentes que, atendiendo los lugares en que perpetraron sus golpes, en abril, mayo y junio, los grupos criminales recorrieron más de 300 kilómetros, habiendo dado nuevos golpes en lo que va del año. La ciudadanía, especialmente la del norte de la Región Oriental, tiene derecho a pretender que al cabo de más de dos décadas sean derrotados con la ley y con las armas en la mano, ignorando el disparate de que no se los puede matar ni aniquilar, sino solo capturarlos, proferido por el comandante de la FTC, el capitán de Navío Óscar Chamorro. Mientras tanto, los criminales pueden matar y secuestrar impunemente.
Hace poco, el ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia esgrimió la excusa de que resulta difícil realizar operativos en un territorio extenso y, sobre todo, boscoso. Suponiendo que así sea, se plantea la pregunta de si los efectivos militares, en particular, no tuvieron tiempo en los últimos años para entrenarse con el fin de actuar con eficacia en tal escenario. Y, conste que los lugares donde los bandidos suelen realizar sus golpes son bastante raleados, lejos de ser bosques tupidos y montañosos, como los de Colombia, por ejemplo. Por su parte, tras el reciente secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos, el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio se quejó de la falta de tecnología, y reclamó 130 millones de dólares para, entre otras cosas, comprar radares y reacondicionar aviones. Como ocurre con cada hecho luctuoso, hay que encontrar una nueva explicación o promesa: ahora Giuzzio dice que el Gobierno pedirá ayuda internacional para la lucha contra los criminales. Ya en oportunidad de un grave episodio anterior, el hoy canciller Euclides Acevedo había informado que se solicitó ayuda a Colombia. Por lo que se sabe, ese país ha venido colaborando desde hace tiempo con las fuerzas de seguridad paraguayas, pero es evidente que ninguna ayuda internacional puede suplantar la falta de gestión de las autoridades gubernamentales.
La Cámara de Diputados auditará la operatividad de la FTC, atendiendo la cuestión presupuestaria, o sea, el pretexto habitual para justificar la ineficiencia. Pero es evidente también que la pura y dura inutilidad no se supera con más dinero, que solo serviría para alentar la corrupción. Lo que hace falta es inteligencia y, desde luego, coraje. El respeto a las Fuerzas Armadas, en especial, no debe fundarse solo en su historia, sino también –y sobre todo– en su presente: la incapacidad que está exhibiendo es simplemente vergonzosa y pone en entredicho hasta la necesidad de su propia existencia.
Las Fuerzas Armadas son una institución constitucional. Pero para que la ciudadanía confíe en que su seguridad está en buenas manos y crea que vale la pena invertir en ellas un dinero que podría destinarse a la salud y a la educación públicas, tienen que hacer mucho más para justificarse. Hay que mantener la paciencia, para no darles el gusto a los bandidos que llegan al colmo de atribuirse la representación del pueblo paraguayo, pero también exigir unos resultados que los responsables del orden no están mostrando hasta ahora.