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La tendencia comenzó puntualmente el 17 de enero de 2013, durante el Gobierno de Federico Franco. Ese día el entonces ministro Manuel Ferreira anunció la colocación de un bono del Tesoro de 500 millones de dólares en la bolsa de Nueva York, a la conveniente tasa del 4,6%, inusitada en la región, gracias a la alta atracción que despertó la emisión entre los inversionistas (hubo 197 oferentes) por las buenas condiciones macroeconómicas del país. Paraguay hacía así su presentación triunfal en el mercado internacional de deuda soberana, del que había estado históricamente ausente.
Con la flamante tarjeta de crédito en mano, ya durante el Gobierno de Horacio Cartes, empezó a rodar la bola de nieve. Pronto le tomaron el gusto a la oportunidad de endeudarse con bonos sin asignación específica y sin necesidad de presentar ni justificar la factibilidad de proyectos previos, como debía hacerse anteriormente para obtener recursos de organismos multilaterales, tradicionales prestamistas de Paraguay. Ahora simplemente podían emitir con amplias discrecionalidades y decidir prácticamente a su antojo cómo distribuir los fondos. Si como muestra basta un botón, de la nada le entregaron 85 millones de dólares a la Industria Nacional del Cemento para cambiar su sistema de combustión y nadie se hizo responsable de que no hubiera terminado de funcionar.
De esta manera, la deuda pública no solamente no paró de crecer, pasando de 4.174 millones de dólares a 7.166 millones (del 10,9% al 18,2% del PIB) durante el mandato de Cartes, sino que se instauró oficialmente el “bicicleteo” permanente, consistente en emitir todos los años nuevos bonos para pagar parte de los anteriores.
Y si la bola de nieve se formó durante la época de Cartes, con el Gobierno de Mario Abdo Benítez se volvió imparable, lo cual solo parcialmente es atribuible a la pandemia. La deuda prácticamente se duplicó, de 7.200 a 13.100 millones de dólares, en apenas tres años y alcanzó por primera vez en la historia reciente el 34% del PIB, bien por encima de lo que normalmente se considera prudente. De ese monto, 11.611 millones de dólares corresponden a deuda de la administración central (el 88%) y el resto, aunque es de entes descentralizados y autárquicos con recursos propios, por lo general igual cuenta con garantía del Tesoro. Del total, 6.200 millones de dólares son de bonos externos y 1.305 millones de bonos internos.
Ya durante la época de Cartes hubo mucho debate sobre el tema, pero las fuerzas políticas nunca hicieron caso de las advertencias. El oficialismo defendía el mayor endeudamiento con el típico argumento de que ello redundaría en mayor inversión pública y en mejor infraestructura, lo cual, a su vez, generaría mayor crecimiento económico y, con ello, una reducción relativa de la deuda en comparación con el tamaño ampliado de la economía. Teóricamente sí, pero ese razonamiento partía de la dudosa premisa de que la deuda realmente se destinaría a inversiones con alta tasa de retorno, sin sobrefacturaciones, que la economía nacional crecería ininterrumpidamente sin atravesar ninguna crisis, que el gasto público corriente se mantendría bajo control, que se reducirían significativamente los niveles de corrupción, evasión e informalidad y que mejoría dramáticamente la gestión pública. De más está decir que nada de eso ha ocurrido.
Es cierto que tanto en el Gobierno de Cartes como en este hubo un incremento importante de la ejecución de obras públicas, pero ni remotamente en una proporción siquiera cercana al nivel del endeudamiento. La deuda vigente, de 13.110 millones de dólares (y téngase en cuenta que este es el saldo, fuera de todo lo que ya se pagó), equivale a trece presupuestos enteros del MOPC. Con ese monto se podrían haber hecho más rutas, puertos, aeropuertos, se podría haber tenido una red de hospitales de primer nivel superequipados, o, por ejemplo, se podrían haber construido varias líneas de 500 kV y adecuado todo el sistema eléctrico nacional para estar en condiciones de aprovechar los excedentes energéticos en Itaipú y Yacyretá para el desarrollo nacional. Dado que muy poco de eso existe, la conclusión obvia es que gran parte del dinero se despilfarró.
Nada tiene de malo fondearse en el mercado financiero internacional. El problema no está en tener una tarjeta de crédito, sino en el uso que se hace de ella. Pero queda claro que, en poder de la clase política paraguaya, ha sido nada más que queso para los ratones.