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Una vez más, el rostro de la Policía Nacional, institución encargada de preservar el orden y la seguridad de las personas y sus bienes, se ve salpicado por hechos de corrupción. Lamentablemente, ocurre que allí se roba el dinero público a gran escala. La experiencia enseña que una de las fuentes más copiosas de ingresos ilícitos para los agentes del orden es el combustible adquirido para sus vehículos de uso oficial exclusivo. Es lo que acaba de evidenciarse, una vez más, gracias a la curiosidad del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, cuyo presidente César Luna pidió informes en el Portal Unificado de Información Pública sobre el número de motocicletas policiales, la cantidad de gasolina consumida y los puntos de carga. El Departamento de Transparencia y Anticorrupción de la PN respondió dando el número de la tarjeta magnética asignada para la compra a cada vehículo, así como las fechas y los lugares en que ella se realizó en 2020.
Los datos revelaron casos en que el carburante cargado superaba diecisiete veces la capacidad de los tanques y en que se cargaba diésel a transportes nafteros, para extraer el dinero de las tarjetas con la complicidad de empleados de Petropar. La suma defraudada a los contribuyentes rondaría los 30.000 millones de guaraníes, lo que equivale a nada menos que el 62,5% de lo presupuestado para el efecto: se robaba más de lo que se consumía para que la PN cumpla con su misión.
Habrá que felicitar al referido departamento por la transparencia demostrada, pero no así por su ineficacia en materia de anticorrupción, tan notoria como la del de Auditoría Interna. Conste que la corruptela no era novedosa, pues el excomandante de la PN Crio. Gral. Francisco Alvarenga y el exsuboficial Roberto Osorio ya habían sido condenados en 2018 a cuatro y a ocho años de prisión, respectivamente, por el desvío de unos 1.200 millones de guaraníes, detectado en 2015, en el marco del acuerdo con la firma petrolera estatal. Esto implica que el delito no solo continuó, sino que incluso alcanzó un volumen mucho mayor, bajo la comandancia del Crio. Gral. Francisco Resquín: según dijo, él mismo ordenó la apertura de una pesquisa, que habría terminado en abril, bajo su reemplazante el Crio. Gral. Luis Ignacio Arias, sin que estuviera enterado el director general de Administración y Finanzas, Jorge Antonio Medina, responsable inmediato del empleo de los fondos policiales.
El secreto de lo acontecido y de las actuaciones derivadas habría sido guardado celosamente por el Crio. Gral. Francisco Andino, jefe de la Dirección de Asuntos Internos, encargada de investigar al personal policial, pedir la aplicación de medidas administrativas y, por último, poner a conocimiento del Ministerio Público los hechos que podrían ser punibles. En su opinión, lo malversado “no es mucho, no creo que sea alto el perjuicio”, aunque el Departamento de Investigación Interna, de él dependiente, había emitido el último abril un informe sobre unas 150 tarjetas magnéticas, que permite inferir la gran magnitud de las maniobras dolosas en cuestión.
Se diría que a los miembros de la PN les cuesta mucho conocer lo que pasa ante sus propias narices, razón por la cual conviene que tengan la cooperación permanente de la Contraloría General de la República, de la Secretaría Nacional Anticorrupción, de la Auditoría General el Poder Ejecutivo y del Ministerio Público, órgano al que el comisario general Andino ya tuvo que haber comunicado el grave y continuo delito constatado, según manda el reglamento de su Dirección. Resulta contradictorio que el titular del organismo creado para combatir la corrupción interna, sea justamente quien justifique la grave irregularidad.
El comandante Arias se limitó a afirmar que se iba a respetar a los órganos intervinientes, pero hasta hoy no ha intervenido ningún agente fiscal, porque la fechoría aún no ha sido denunciada por la PN. Como el hecho ya ha tomado estado público, gracias al loable interés de una entidad privada, es de esperar que el Ministerio Público actúe de oficio para perseguir tanto a los autores materiales como a los encubridores. Vale enfatizar que se ocultó durante más de un año un hecho punible colectivo, perpetrado mediante un mecanismo del que ya se hizo uso años atrás: por lo visto, no se tomó medida alguna para impedir la reiteración de una práctica que convierte a la PN es un antro de mayúscula corrupción. En otros términos, el fétido asunto fue “cajoneado”, habiendo sido reabierto solo tras la publicación de este diario.
Duele que justamente el órgano que debe investigar los delitos, bajo dirección judicial, tenga en sus filas a tantos malhechores puros y duros. Su lema “Orden y patria” refleja “el espíritu, la disciplina y el fervor que rigen a la PN y favorecen su acción”, según la resolución de la jefatura Nº 171/93. Parece un chiste de mal gusto, porque no son raros los casos en que agentes policiales son involucrados en variadas actividades ilícitas, como el narcotráfico. Valga como ejemplo que la Unidad Especializada en la Lucha contra este delito, a cargo del fiscal adjunto Marco Alcaraz, acaba de informar que los agentes de Policía conforman el 64% de los 120 funcionarios procesados entre el 2009 y 2011.
Está muy mal delinquir y tampoco es bueno incurrir en el ridículo de publicar una “aclaratoria” para tratar de desmentir fechorías tan notorias, implícitamente admitidas por los altos jefes policiales nombrados. Al fin y al cabo, ¿de qué lado están con sus subordinados? Con esta clase de defensores, la sociedad no necesita de enemigos.