Cargando...
Mientras el Gobierno hurga en los recovecos de la estructura del Estado para exprimir más y más a los contribuyentes, los caciques políticos siguen encontrando las trampas para burlar la ley y enchufar a su clientela en el Presupuesto nacional. No existen para ellos prohibiciones ni reglamentos, y con frecuencia “puentean” al Ministerio de Hacienda para dar un mordiscón al dinero público, algo en el que han tenido éxito hasta los sindicatos de empresas estatales.
Desde hace poco más de veinte años, hay una Ley de la Función Pública, y una Secretaría, dependiente de la Presidencia de la República, encargada de velar por su cumplimiento; empero, la administración del personal que presta servicios en los organismos estatales sigue siendo caótica, porque la ley es ignorada de hecho o de derecho en numerosas entidades. En este sentido, la situación real de los funcionarios, de los contratados, de los auxiliares y del personal de confianza dista mucho de la jurídica, regulada por la normativa. Para empezar, ella no rige en todo o en parte en al menos 39 de las 398 entidades públicas que promovieron acciones de inconstitucionalidad, entre las que figuran –créase o no– el Congreso y sus Cámaras, los Gabinetes Civil y Militar de la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Sin duda, las lagunas y contradicciones de la Ley Nº 1626/00 aconsejan sancionar una nueva, razón por la cual el Poder Ejecutivo presentó hace ya un año un proyecto de ley “de la función pública y la carrera civil”, a la Comisión Bicameral de Reordenamiento del Estado: hasta la fecha, ni siquiera se tiene un dictamen, lo que revela que la iniciativa está siendo estudiada muy minuciosamente o, lo más probable, que no despierta el menor interés de los legisladores, muchísimos de los cuales –de la mayoría de los partidos– tienen instalada a su clientela en algún rebusque e inventan cualquier motivo para aumentar sus remuneraciones. Alguna vez será sancionada la nueva ley, pero la experiencia indica que la vigencia formal de una normativa, por excelente que sea, no basta para que las cosas funcionen como es debido. De nada sirve, ya que en la práctica es ignorada con el mayor descaro, tal como hoy ocurre, por ejemplo, en materia de contrataciones temporarias, una causa importante de que continúe crecientes los gastos de personal.
La ley autoriza que los organismos estatales contraten a personas físicas solo para atender las siguientes “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”: combatir epidemias, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender casos de emergencia pública y ejecutar servicios profesionales especializados. Los contratados deben cobrar una “remuneración específica global” y por no más de un año, salvo que subsistan las causas legales de su incorporación; si realizan tareas ajenas a ellas, el contrato será anulado y la autoridad que lo firmó tendrá responsabilidad civil, penal y administrativa. Y bien, sin incluir al personal de blanco que ingresó tras la pandemia, la enorme mayoría de los alrededor de 55.000 contratados –el 18% del personal público– fue incorporada en clara violación de las condiciones exigidas por la ley y ocupa sus cargos cobrando un sueldo mensual. Además, los contratos ilícitos son renovados rutinariamente. Hasta ahora, no se conoce que ninguna autoridad haya cargado con la responsabilidad civil, penal ni administrativa. Una vez más, la ley es letra muerta.
Para “blanquear” a los contratados irregularmente, o sea, para dar estabilidad a parte de la clientela mediante un nombramiento, la Ley Nº 5554/16 autorizó a implementar gradualmente una “política de desprecarización laboral” de quienes tengan al menos cuatro años de servicios continuos en una misma entidad pública, es decir, de quienes han venido recibiendo dinero del Presupuesto. ¿No era que, según la ley, debían ser contratados solo por un año? He aquí cómo se la destroza en beneficio de hurreros, parientes, otros allegados y quizás hasta de amantes.
Pese a su ilegalidad, la mencionada disposición fue renovada en las leyes presupuestarias posteriores, lo que está provocando un aumento aún mayor de los gastos rígidos, dado que al convertirse en funcionarios reciben además ciertos beneficios de los que no gozan los contratados. Se entiende así que una de las “medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia”, incluidas en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, haya sido la de suspender la implementación de la “política de desprecarización laboral”. La iniciativa también prevé que se suspendan nuevas contrataciones de personal en todas las modalidades, cualquiera sea la fuente de financiamiento, pero los políticos continuaron nutriendo la Administración Pública con su clientela.
Como era de esperar, el Frente Sindical de Funcionarios Públicos ya salió a las calles para protestar, entre otras cosas, contra la atinada suspensión de la “política de desprecarización laboral”, demostrando, una vez más, que a esos privilegiados les importa un bledo la crisis económica y fiscal. La ciudadanía tiene derecho a exigir que la Secretaría competente se ocupe de vigilar al menos el cumplimiento de la nueva normativa, lo que no es mucho pretender. En un Estado de Derecho, la función pública debe estar sometida a la ley y no al capricho de los que mandan, en beneficio propio y en el de sus respectivos paniaguados.