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Suele ser raro que un abogado, un médico, un economista, supongamos con una década de ejercicio de la profesión, ya esté en condiciones de comprarse una estancia o llevar una vida fastuosa. En cambio, en la función pública, existen instituciones que de la noche a la mañana fabrican millonarios, como las aduanas, el Indert, la Dirección de Beneficencia (Diben), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), por citar algunos.
Precisamente, la jefa de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Corina Alonso, le ha sacado buen provecho al cargo que asumió el 20 de agosto de 2018, ocasión en la que informó, usando el plural mayestático, que “hemos venido a trabajar con transparencia, honestidad y a favor de los sectores más vulnerables”. Y bien, aunque esta psicóloga nunca perteneció a estos sectores, sus propias declaraciones juradas de bienes y rentas revelan que habría trabajado bastante a favor de sí misma: en 2016, cuando trabajaba en consultorios del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) tenía un patrimonio neto de 180 millones de guaraníes. Solo cuatro años después, llegó a nada menos que 1.012 millones, gracias a una “pequeña ganadería” de 40 bovinos, no declarada en 2016, y a la incorporación de tres inmuebles, dos de los cuales aún no estarían registrados a su nombre, por no haber concluido el juicio sucesorio.
Dejando de lado que, según la Contraloría General de la República, no hay por qué consignar un derecho en expectativa, resulta que los inmuebles a ser heredados valdrían en total 720 millones de guaraníes. Si no se tuviera en cuenta este monto, la Lic. Alonso habría acrecido su patrimonio en 292 millones de guaraníes en cuatro años lo que no resulta desdeñable, tratándose de una funcionaria de mediano rango; durante ese lapso inició su “pequeño emprendimiento” ganadero, lo que exige creer que el salario percibido era tan elevado que le permitía realizar las inversiones correspondientes. La experiencia enseña que la ingenuidad es imperdonable, cuando de la administración pública se trata.
La directora general de la Diben tiene un sueldo mensual de 25 millones de guaraníes y representa a ese organismo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida desde hace tres años por José Ortiz Báez, quien también sería investigado por la Contraloría. En 2006, al abandonar el cargo de administrador en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), declaró un acervo de 488 millones de guaraníes, valor que aumentó a 6.736 millones en sus reportes de 2018 y 2019, sin incluir el de 388 vacunos de raza no cotizados por el dueño, así que su patrimonio tendría que ser bastante mayor si se los tuviera en cuenta. Podría suponerse que el notorio incremento patrimonial es atribuible a su exitoso desempeño en el sector privado, lo que no excluye que, como proveedor del Estado, haya mantenido fructíferas relaciones con quienes digitan licitaciones públicas o contrataciones directas.
Los senadores Enrique Bacchetta (ANR), Esperanza Martínez (FG) y Jorge Querey (FG) lo denunciaron penalmente por una serie de delitos, como los de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa, prevaricato y exacción, que mucho tienen que ver con el enriquecimiento ilícito. Hasta la fecha, el Ministerio Público se ha cruzado de brazos, en tanto que los senadores encabezados por Óscar Salomón (ANR) y Lilian Samaniego (ANR) frustraron un voto de censura, siendo de señalar que el hermano de esta última, el exintendente y hoy diputado Arnaldo Samaniego había beneficiado a Gómez Báez con dos contrataciones directas para alquilar camiones a la Municipalidad de Asunción. El potentado preside la Conajzar representando al Ministerio de Hacienda, pero el viceministro de Tributación, Óscar Orué, lo acusó de no velar por los intereses del Estado, al omitir considerar que la firma TDP SA, ganadora de un proceso licitatorio para explotar la quiniela, no había pagado las tasas que financian las pensiones de los excombatientes de la Guerra del Chaco.
Cabría preguntarse cuáles eran los méritos y las aptitudes que la Lic. Alonso y Gómez Báez reunían para que el Poder Ejecutivo los instalara al frente de la Diben y de la Conajzar, respectivamente. Las entidades donde prestaron servicios en el pasado no parecen ser las mejores escuelas para aprender a desempeñar como se debe sus actuales funciones. Pero lo más inquietante es lo concerniente al notable patrimonio de cada uno de ellos, razón por la cual es plausible que la Contraloría ha anunciado que serían investigados. Será de suma importancia, para sentar un precedente, poner bajo la lupa sus declaraciones juradas de bienes y rentas y efectuar los exámenes de correspondencia entre sus ingresos legítimos y el caudal consignado, para luego dar a conocer los resultados.
Es hora de que el enriquecimiento ilícito deje de ser un fenómeno concomitante con la función pública y de que la población pueda confiar en que quienes la ejercen serán controlados por los órganos competentes, incluido el Ministerio Público, que bien puede actuar de oficio, pero que cada vez parece más maniatado ante los robos que se perpetran en sus narices. Los ciudadanos, que son los directamente perjudicados porque su dinero está en juego, deben contribuir denunciando a quienes ostentan de hecho sus riquezas mal habidas, mientras las ocultan en sus declaraciones juradas. Demasiadas fortunas inexplicables ya se han financiado con el dinero de la gente que trabaja, debido a la repudiable impunidad y protección de los que mandan.