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El art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado ordena que las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, en materia presupuestaria, se mantengan exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda. No obstante, cada año, los ministros piden ampliaciones o reajustes a la Comisión Bicameral de Presupuesto, eludiendo dicha norma y, por tanto, a su colega encargado de presentar el proyecto de ley, tras estudiar los anteproyectos acercados por ellos. La irregularidad es cometida por unos ministros que deben ejecutar las políticas de su competencia, bajo la inmediata dirección del Presidente de la República, quien tiene la facultad de reunirlos en un Consejo.
A este órgano constitucional, que debe “coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del Gobierno y adoptar decisiones colectivas”, le compete considerar las presentaciones en materia legislativa, la más importante de las cuales tiene que ver con el Presupuesto General de la Nación. Ello implica que es el lugar donde los ministros deben efectuar sus reclamos, si no están satisfechos con las sumas asignadas en el proyecto de ley presupuestaria. Es lamentable que se reúnan muy esporádicamente, pero aunque no hayan sido convocados, es de suponer que deberían reclamar, en sede parlamentaria, el respeto a un documento que lleva la firma del jefe del Poder Ejecutivo, pues así lo mandan la ley y cierto sentido de la disciplina, que no solo debe ser de carácter fiscal.
El Presidente de la República debería convocar al Consejo antes de presentar el proyecto de ley presupuestaria y no recién al día siguiente, como ocurrió el 2 de septiembre, para que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, llame de hecho al orden al Gabinete en pleno. En efecto, creyó oportuno ponerse a disposición de sus miembros “para mirar de forma detallada el Presupuesto de cada uno de ellos” y recordarles, como si no lo supieran, que los pedidos deben canalizarse a través de su cartera. Fue más claro aún en una entrevista radial del 18 de septiembre, cuando varias entidades públicas ya habían empezado a pedir aumentos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto: insistió en lo que ya se sabe, en que el proyecto de ley lleva la firma del Presidente de la República y en que su cartera es el nexo con el Poder Ejecutivo, de modo que sus organismos tendrían que acudir al Ministerio de Hacienda para solicitar reprogramaciones o ampliaciones. Dijo además que “se supone que todos somos un equipo dentro del Ejecutivo, pero si estás pidiendo un aumento, estás jugando en contra de otras entidades, porque a esa otra le van a quitar para darte a vos; es un juego peligroso”. Pero, por lo visto, resulta más conveniente “puentear” al Ministerio de Hacienda y recurrir a los padrinos en el Congreso para seguir asaltando las arcas públicas, generalmente para complacer a sus clientelas, los funcionarios.
Es cierto que ese Ministerio puede proponer cambios al proyecto de Presupuesto luego de ser entregado, pero sería mejor que al menos los ministros conozcan su contenido de antemano, para hacer ante su colega lo que acostumbran ante los legisladores: pedir más dinero. De hecho, en vez de defender el proyecto, tratan de obtener de la Comisión Bicameral de Presupuesto una mayor tajada, cada uno por su lado, saboteando al jefe de Estado e impidiendo la coordinación gubernativa. Por supuesto, los legisladores escuchan con suma atención sus reclamos y pueden aceptarlos, a cambio de una contrapartida en forma de nombramientos o de aumentos salariales a su vez para sus respectivas clientelas. Por cierto, también los funcionarios en particular o los sindicatos se valen de ese reprochable atajo, como lo experimentó con sorpresa, en 2019, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi: las mejores remuneraciones obtenidas por 85 subordinados resultaron de sus propias gestiones ante algunos diputados. La moraleja sería que si los otros ministros estatales “puentean” al de Hacienda, los funcionarios pueden hacer lo mismo con ellos, violando el principio de autoridad, para beneplácito de los legisladores.
Estas prácticas tan nocivas para la gestión estatal no serán erradicadas solo mediante una ley muy severa o una ambiciosa Reforma del Estado, mientras persista el vicio de ignorarlas en provecho propio o de la institución que se dirige, sin temor a ser sancionado. Si tiene un poco de autoridad, el Presidente de la República debería destituir al ministro o al jefe de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo que cuestione en el Congreso un proyecto de ley por él suscrito.
No se puede entender que el jefe de Estado se pase insistiendo a sus subordinados que cumplan con sus obligaciones, porque es de presumir que los ministros conocen, por ejemplo, la Ley de Administración Financiera del Estado. No se la vulnera por ignorancia, sino por la simple razón de que en este país las normas legales no tienen gran importancia, sobre todo para los que mandan.
Un Gabinete y unas entidades públicas en donde cada quien busca lograr un mayor Presupuesto a costa del contribuyente y de la racionalidad de las políticas públicas son un desbarajuste, en tanto que un Congreso que se vale de ello para atender intereses mezquinos, mucho se parece a un centro de repartija de prebendas. En ambos casos, el sentido de Estado brilla por su ausencia.