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El corte de rutas y de calles ha sido en los últimos tiempos el deporte favorito de una variedad de organizaciones. Solamente el último jueves, la población indefensa lo sufrió en varios lugares, por motivos diversos. Por ejemplo, irritados por el contrabando, productores de cebolla cerraron la ruta que une Acahay y La Colmena, con el miserable apoyo del diputado Miguel Cuevas (ANR), presunto autor de más de un delito. Por su parte, para protestar contra un proyecto de ley que agrava las penas para los invasores de tierra, indígenas y campesinos cerraron tramos de las rutas PY02 y PY03 en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y San Pedro. En ningún caso intervino la fuerza pública para hacer valer el derecho constitucional de todos los habitantes a transitar libremente por el territorio nacional ni el Ministerio Público para imputar a quienes coaccionaron o produjeron un obstáculo, interfiriendo peligrosamente el tránsito terrestre.
El flagrante abuso del derecho a “manifestarse pacíficamente, sin armas”, pudo tener graves consecuencias para personas ajenas al motivo de las demandas, esto es, para quienes nada tienen que ver con el contrabando de los productos hortícolas o con el referido proyecto de ley. También fue el caso de los usuarios del transporte público de la Gran Asunción, recientes víctimas de las “reguladas” de los “empresarios” del sector, así como el de la población en general, cuando los camioneros agremiados cerraron carreteras durante casi un mes para forzar la sanción de una “ley de fletes”. La Unión Industrial Paraguaya cree que en este último caso hubo pérdidas equivalentes a unos 30 millones de dólares diarios. Dada la impunidad reinante en la materia, resulta insólito que el agente fiscal Édgar Torales haya al menos imputado a diecisiete protagonistas por los hechos punibles de coacción, resistencia y perturbación de la paz pública. Claro que, si alguna vez fueran condenados, no estarían en condiciones de reparar tremendo daño causado, razón de más para que en cada caso la Policía Nacional y el Ministerio Público actúen cuanto antes, cumpliendo y haciendo cumplir la ley.
Ya se está haciendo costumbre también, en plena capital, que los indígenas corten calles cuando se les antoja. Sería imposible cuantificar el perjuicio que causan los aborígenes que acostumbran a ocupar la avenida Artigas, sobre la que está situada la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), poniendo en peligro la vida de sus hijos y atentando contra el derecho de llegar con puntualidad a sus lugares de trabajo que tienen unas personas que no causaron sus desdichas, ni pueden satisfacer sus reclamos de víveres y de otras asistencias. Sobre esa misma avenida funciona el cuartel de la Intendencia del Ejército, cuyo acceso principal es bloqueado, impidiéndose a veces el ingreso de los militares, como también el de los propios funcionarios del Indi. El presidente de esta institución, Édgar Olmedo, informó que presentó la denuncia contra los manifestantes, sin que hasta le fecha se inmuten la Policía Nacional y el Ministerio Público, que ya tendrían que haber actuado de oficio ante una práctica reiterada y de muy larga data.
Es obvio que la condición de campesino, camionero o aborigen no exime del deber de respetar la Constitución y las leyes, ante las que todos los habitantes son iguales. El derecho de uno termina donde empieza el del otro, pues de lo contrario imperaría la ley del más fuerte. Es lo que ocurre cuando el Estado no emplea su monopolio de la fuerza legítima para preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas físicas y jurídicas. En Asunción, la “ley del marchódromo” es letra muerta, y en el interior del país la de tránsito y seguridad vial: esta dice que el uso de la vía pública para manifestaciones debe ser autorizado por la autoridad competente, para lo cual se requiere que “el tránsito pueda mantenerse con similar fluidez por vías alternativas de circulación”, que los organizadores y las autoridades acrediten que se tomarán en el sitio las medidas de seguridad para las personas y los bienes, y que aquellos “se responsabilicen personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o a la infraestructura vial”. En la reciente manifestación de los camioneros, estos se erigieron en las autoridades de hecho, impidiendo y permitiendo el tránsito de quienes eran ajenos a sus reclamos, utilizando incluso la agresión, ante la inutilidad de policías y fiscales, que intervinieron recién cuando los hechos se desbordaron.
En verdad, antes que de manifestaciones, se trata de verdaderas ocupaciones de las vías de tránsito y de lugares públicos, con las que también se busca provocar la intervención desmedida de la fuerza pública para agudizar el conflicto y presentarse como víctimas. La mejor manera de evitar la provocación no es quedarse de brazos cruzados, sino emplear los medios estrictamente necesarios para defender el interés general y sancionar a los culpables. La pasividad de los responsables de precautelar el orden es intolerable, porque conlleva la indefensión de la gente y el incumplimiento de una obligación propia del cargo; más aún, puede hacer que las víctimas del atropello caigan en la tentación de hacer justicia por mano propia.
Es hora de que los “piqueteros” sepan que sus ilicitudes no serán toleradas y de que la gente confíe en que no será abandonada cuando su derecho al libre tránsito, entre otras cosas, es atacado abiertamente. Para defenderla, los órganos competentes tienen el respaldo normativo, así como los recursos humanos y materiales necesarios; lo que les está faltando es la “voluntad política” o, mejor dicho, el coraje de preservar los derechos de una inmensa mayoría, agredida de continuo por los prepotentes, muchas veces aglutinados en organizaciones “sociales” lideradas por ávidos ventajistas.