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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, difundió recién el último domingo, 24 de octubre, una resolución del 8 del mismo mes, por la que encargó a los agentes fiscales Jorge Arce y Juan Manuel Ledesma que investiguen si el exintendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez cometió en el ejercicio del cargo los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lesión de confianza y estafa. Estos presuntos hechos motivaron la denuncia penal presentada el 7 de octubre por “diputados nacionales, concejales municipales y ciudadanos paraguayos”. Conociendo que las actuaciones del Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñónez dan la impresión de que buscan complacer a los políticos en el candelero, sobre todo a un sector determinado del Partido Colorado, todo indica que la demora en dar a conocer el documento respondió al deseo inconfesable de no afectar las chances de “Nenecho” –colorado y cartista– en los comicios municipales del 10 de octubre. Más aún, si se lo “cajoneó” con ese avieso objetivo, es presumible que la pesquisa se demore tanto como para que el intendente electo, en el caso de que se formule una imputación, no sea privado de su libertad antes de prestar juramento el 9 de noviembre. Otra lamentable muestra del sometimiento del Ministerio Público al poder político.
Esta institución debe representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, sin sujetarse a directivas de estamentos ajenos a su estructura ni a las del líder de una facción partidaria, pero la fiscala general del Estado se esfuerza por aparentar que está al servicio de la ANR y, en particular, al de Horacio Cartes. Que, en gran medida, deba al expresidente de la República su muy alta investidura, no la obliga a retribuir el favor recibido en perjuicio de la transparencia de su gestión, supeditándola a las contingencias de unas elecciones. Es obvio que tampoco la circunstancia de que el gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González (ANR), tenga el mismo benefactor, justifica que la investigación fiscal que le atañe se realice con tanta desidia. Representar fielmente a la sociedad es incompatible con la práctica viciosa de atender intereses particulares.
Su ley orgánica ordena al Ministerio Público a informar objetivamente a los medios de comunicación sobre los principales asuntos o investigaciones, así como “mantener informados de su gestión a los ciudadanos”. Parece claro que también debe hacerlo con prontitud y no solo cuando se le ocurra a quien lo dirige, atendiendo, en primer lugar, las probables consecuencias políticas inmediatas de sus decisiones. El derecho de la ciudadanía a estar informada cuanto antes de las actuaciones de quienes ejercen la función pública debe primar sobre cualquier cálculo de índole electoral. A Sandra Quiñónez le costará mucho explicar por qué se demoró tanto en dar a conocer una resolución de evidente interés para la sociedad: ocultar un hecho cierto no es menos repudiable que inventar uno falso; retacear una información de interés general puede influir en unos comicios tanto como proporcionarla.
El caso es que la fiscala general del Estado tenía el deber de dar a conocer los nombres de los agentes fiscales intervinientes, con independencia del eventual impacto en las urnas; no le competía juzgar la conveniencia o inconveniencia política de la revelación. Como su largo silencio hizo creer, razonablemente, que no había reaccionado ante la presunta comisión de unos hechos punibles de conocimiento público, resolvió sacar a la luz su actuación secreta, sin librarse por ello de la bien fundada sospecha de que se había callado para proteger a su correligionario cartista. También en esta cuestión, Sandra Quiñónez habría desempeñado muy mal sus funciones, privilegiando el interés de un candidato y de su partido sobre la transparencia que la ley manda en pro del derecho de la ciudadanía a estar informada sin demoras injustificables. Si hubiera cumplido de inmediato con su deber, no sumaría hoy una mancha más a su desde ya tan pobre gestión. Este deplorable antecedente hace temer una inconducta similar de cara a las próximos comicios generales, si algún candidato fuera indiciado de haber cometido en los días previos ciertos graves hechos punibles.
El Ministerio Público debe estar más allá de toda sospecha, para lo cual es preciso que se ajuste estrictamente a la Constitución y a su ley orgánica, representando lealmente a la sociedad y no así a determinados sectores político-partidarios. Esta lamentable historia aún no ha terminado: habrá que ver las actuaciones de los agentes fiscales, tanto en el caso de “Nenecho” como en el de Hugo Javier, para juzgar si el órgano que integran tiene propósito de enmienda: sería muy triste que se acentúe aún más la sensación de que está al servicio del “honor colorado”, en primer lugar.
La transparencia no solo dificulta la corrupción, sino también la complicidad derivada del caciquismo: en un Estado de derecho, brindar o denegar informaciones depende de las normativas en vigor y no de la buena o mala voluntad de las autoridades; tampoco depende, por cierto, del interés partidario o grupal. Quien encabeza el Ministerio Público parece ignorarlo, razón de más para afirmar que está muy lejos de responder a las exigencias del cargo. Sandra Quiñónez no constituye ninguna garantía para la institucionalidad del Paraguay.