Cargando...
La Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Presupuesto General de la Nación que, aparte de recortar el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI), de crear 1.209 cargos y de conceder aumentos para médicos y docentes, fija en 32.932 millones de guaraníes el aporte anual del Estado a los partidos que hayan logrado en las últimas elecciones para el Congreso un número de votos no inferior al 2% del padrón nacional, es decir, a casi todos. El proyecto original del Poder Ejecutivo preveía “solo” 12.932 millones en tal concepto, lo que implica que los diputados decidieron ser más generosos con las organizaciones que ellos mismos dirigen, elevando dicho monto a casi tres veces más.
El Código Electoral dispone que al menos el 30% de dicho aporte, que debe oscilar entre el 5 y el 15% del jornal mínimo por cada voto obtenido, debe ser destinado por los beneficiarios a la difusión de sus “programas, propuestas, principios y valores”, a la capacitación de los simpatizantes y afiliados para que puedan realizar las funciones ligadas a los fines de los partidos y a la investigación de la realidad paraguaya. La ciudadanía ignora que los partidos realizan esas actividades, por la simple razón de que no se puede llegar a conocer lo que no existe. Más aún, la primera obligación sería de cumplimiento imposible, pues los idearios no juegan ningún papel: sería divertido preguntar a los dirigentes cuáles son los principales postulados de sus respectivas formaciones políticas. Lo más probable que no tengan la menor idea, al igual que el común de sus correligionarios, que ni siquiera fueron capacitados para emplear la urna electrónica en los últimos comicios. En cuanto a investigar la realidad nacional: no parece que sea necesario conocerla, si con el pañuelo, la polca, la demagogia y el clientelismo basta y sobra para ganar votos.
El dinero de los contribuyentes también debe servir para financiar el funcionamiento ordinario del partido, que no incluye la propaganda electoral. Obviando la sempiterna cuestión de las rendiciones de cuentas ante la Justicia Electoral, aquí es de señalar que el “internismo” –crónico en los partidos tradicionales–, lleva a que los grupos minoritarios queden excluidos del acceso a los fondos, con la consecuencia de que son empleados para reforzar a los mandamases del momento, con lo que se bloquea la “circulación de las élites” y se eterniza a claques de sinvergüenzas que, en vez de servir a los partidos y, por su intermedio, a la gente, se sirven de ellos, al tiempo de enfrascarse en querellas domésticas, ajenas al devenir paraguayo. En tal sentido, son conocidas las denuncias del sector liderado por el senador Blas Llano (PLRA) acerca de los supuestos gastos discrecionales con fondos públicos, realizados por el presidente de su partido, Efraín Alegre.
Desde luego, el pago íntegro del aporte estatal presupone que se entreguen los instrumentos de control contable y de gestión del último ejercicio, lo que induce a preguntar a la Justicia Electoral si, en verdad, los partidos han venido entregando informes anuales veraces sobre las actividades realizadas para cumplir con los requisitos exigidos. Si se hubieran hecho los aportes sin que esa documentación fuera presentada en cada caso o fuera de contenido falso, se habría cometido un delito de lesión de confianza. Es presumible que ello haya venido ocurriendo sin que ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público se hayan dado por enterados, es decir, que el dinero estatal haya sido desembolsado ilícitamente. Aparte de entregar un aporte anual, el Estado subsidia por una vez los gastos electorales de las elecciones a los partidos, movimientos políticos y alianzas con el equivalente al 15% del jornal mínimo por cada voto logrado para el Congreso en los últimos comicios, lo mismo que para las Juntas Departamentales o Municipales.
Este subsidio, que según lo aprobado por la Cámara Baja será de 29.972 millones de guaraníes a ser abonados el año próximo, sería razonable para contrarrestar, de algún modo, el influjo del dinero sucio, siempre que se controlen muy rigurosamente los gastos de campaña. En cambio, los aportes anuales son inaceptables, tanto por razones de hecho como de principio: son una costosa farsa, porque no se cumplen sus objetivos ante la indiferencia o la complicidad de las entidades públicas de control, y porque los partidos deben financiar sus actividades con las cuotas de sus propios afiliados y no con el dinero de los contribuyentes, muchos de los cuales no integran ninguna agrupación política. Por lo demás, cobrar cada año el aporte estatal no supone, necesariamente, renunciar, por ejemplo, al dinero del crimen organizado, ya que son cada vez más los indicios de que varios candidatos tienen vínculos con el narcotráfico.
Es preciso poner fin a tanto derroche, que en nada contribuye a la orientación de la política nacional, departamental o municipal, ni a la formación de los ciudadanos, dos de las funciones que la Constitución otorga a los partidos. Si incluso la lucha contra la pandemia es una fuente de corrupción, el déficit fiscal in crescendo no atenúa la voracidad de la casta política: al contrario, la acentúa de cara a 2023, aunque conlleve una reducción de los recursos disponibles para salvar vidas y para la educación de niños y jóvenes.