Inhumana situación de indígenas en la avenida Artigas

La situación de varias comunidades indígenas no es halagüeña en algunos puntos del país. Pero un grupo de ellos se ha instalado en plena avenida Artigas de Asunción, sobreviviendo en condiciones inhumanas, en medio de la promiscuidad y la suciedad, lo que ya traspasa todos los límites. No son gente que se queda en el lugar por una o dos semanas esperando que se le resuelva algún reclamo puntual, sino que se ha afincado allí desde hace mucho tiempo, y prácticamente se ha apropiado de una parte de la acera del cuartel de la Intendencia del Ejército. Utilizan ese lugar porque en frente están las oficinas del Indi, una de las tantas instituciones que no justifican su existencia.

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La situación de varias comunidades indígenas no es halagüeña en algunos puntos del país, como se sabe. Pero un grupo de ellos se ha instalado en plena avenida Artigas de Asunción, sobreviviendo en condiciones inhumanas, en medio de la promiscuidad y la suciedad, lo que ya traspasa todos los límites. No son gente que se queda en el lugar por una o dos semanas esperando que se le resuelva algún reclamo puntual, sino que se ha afincado allí desde hace mucho tiempo, y prácticamente se ha apropiado de una parte de la acera del cuartel de la Intendencia del Ejército. Utilizan ese lugar porque en frente están las oficinas del Instituto Nacional del Indígena (INDI), que hoy se llama Instituto Paraguayo del Indígena, una de las tantas instituciones que no justifican su existencia.

Algo no anda bien en una sociedad que no se inmuta ante las penosísimas condiciones en que se hallan estos integrantes de los pueblos originarios, tan paraguayos como cualquier otro ciudadano. Pasan los años y las autoridades, pero nada cambia: la triste historia se repite ante la indiferencia general, como si el doloroso espectáculo ya integrara el paisaje urbano. Con toda razón, los vecinos se quejan de la inseguridad resultante, pero la suciedad y el hacinamiento de los acampados allí, niños incluidos, no parecen ser tan conmovedoras como para movilizar a la gente en auxilio de esos desdichados.

La cuestión radica menos en prestarles ayuda material en el lugar que en exigir al Estado y a la Municipalidad que pongan fin a una situación intolerable, que incluso pone en peligro la vida de quienes la padecen; aparte de que las pobres criaturas que cruzan la calzada arriesgan la suya, ante la indolencia de sus padres, por la falta de higiene el sitio puede ser un foco de enfermedades infecto-contagiosas. El más elemental sentido de humanidad exige que se tomen medidas serias, de una vez por todas. Por de pronto, no se trata, ni mucho menos, de esconder bajo la alfombra a los aborígenes congregados allí y en otros lugares para reclamar víveres, tierras o colchones, sino que se encuentre una solución a sus problemas. Se debe analizar con seriedad la situación en que se encuentran los hábitats naturales, porque son cada vez más numerosos los nativos que migran a la Gran Asunción para vegetar en las calles, pidiendo limosna, inhalando “crack” o prostituyéndose, en demostración cabal del rotundo fracaso de las políticas públicas que deberían crear condiciones de vida apropiadas en sus respectivos lugares tradicionales. Desde el año pasado, el Indi está buscando un inmueble adonde trasladar sus oficinas, ante las quejas de los vecinos por la situación que plantean los indígenas que pululan en el lugar actual. Empero, esa mudanza, planteada en las altas esferas gubernativas, no supondría más que llevar el drama a otro lugar, mientras los problemas no sean encarados en las propias zonas rurales, donde aún reside la enorme mayoría de los 120.000 indígenas existentes, distribuidos en 493 comunidades.

Mientras tanto, es deseable que al menos la Municipalidad aplique las ordenanzas vigentes en materia de espacios públicos, solicitando eventualmente el concurso de la Policía Nacional, ya que la miseria no autoriza a violarlas. Duele decirlo, pero ocurre que también está en juego la vida de unos niños desatendidos por sus padres, omisión que exige que intervengan la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, así como el Ministerio encargado de atenderlos, sin olvidar al Ministerio Público, debido a la exposición al peligro y a la violación del deber de cuidado. Ante tanta desidia, cabe preguntar dónde están las propias autoridades del Gobierno, las organizaciones de derechos humanos, las iglesias, las entidades indigenistas.

La Constitución ordena al Estado defender a los pueblos indígenas contra “la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural”. Hermosas palabras que caen en saco roto gracias a instituciones y funcionarios indiferentes e inútiles. De esta manera, es probable que continuemos viendo a la vera de una importante avenida de Asunción precarias carpas bajo las cuales viven hacinados adultos y niños, soportando el frío, el calor o la lluvia. Veremos si las autoridades del nuevo gobierno son iguales o más eficientes y expeditivos para solucionar tan indignante situación.

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