Editorial

Es sabido que los agentes policiales paraguayos actúan del lado del bien y del mal, tanto que el neologismo “polibandi” ya se ha incorporado al vocabulario nacional. En los últimos días, algunos nuevos hechos pusieron de manifiesto que los delincuentes de uniforme son una lamentable realidad. En Canindeyú, tras haber cerrado la comisaría para salir a vender 286 kilos de droga, cuatro suboficiales fueron detenidos por miembros de la Armada. En Asunción, tres suboficiales armados pertenecientes nada menos que a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, vestidos de civil, habrían intentado arrancar veinte millones de guaraníes al conductor de un vehículo que detuvieron. En Yby Pytã, también en Canindeyú, un suboficial, buscado por un intento de homicidio al asaltar en banda una estación de servicios, fue muerto a tiros por dos encapuchados en aparente ajuste de cuentas. La ciudadanía espera que el Gobierno aborde con toda decisión la limpieza de la casa infectada, para que no siga pareciéndose a un vulgar aguantadero.

Standard & Poor’s elevó su perspectiva sobre el Paraguay de estable a positiva, pero, al igual que su colega Fitch Ratings, finalmente mantuvo la calificación de los títulos soberanos paraguayos en BB+, todavía dentro del grado especulativo, con observaciones sobre las condiciones que se tienen que cumplir para avanzar al grado de inversión o, de lo contrario, volver a retroceder. La señal es manifiesta. Los inversores internacionales ven con simpatía el proceso socioeconómico en nuestro país, confían en su potencial, valoran los esfuerzos, son optimistas sobre la capacidad de las autoridades de generar mejoras cualitativas, pero dejan claro que todavía no es suficiente para jugar en primera división.

Como las incoherencias no pueden faltar en el Palacio Legislativo, esta semana también trajo lo suyo. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), anunció, con bombos y platillos, la firma de una “carta compromiso” entre esa Cámara, representada por Latorre, y la ONG Sound of Freedom, representada por el actor mexicano Eduardo Verástegui, con el objetivo de promover acciones de prevención contra la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de órganos de niños y adolescentes. De esta manera, el Estado paraguayo, a través de uno de los Poderes del Estado, celebró un acuerdo con una ONG extranjera, que tendrá así la potestad de influir en políticas públicas locales. Estamos así en presencia de una metamorfosis de “antioenegés a oenegeseros” según convenga.

La inflación en 2024 fue del 3,8%, ligeramente superior al 3,7% de 2023, dentro de la meta del Banco Central del Paraguay, lo cual ha sido destacado como un logro del Gobierno. Sin embargo, una vez más, la suba de precios ha sido mucho mayor en los bienes y servicios de primera necesidad, especialmente alimentos. Con ello se reconfirma que el peso principal del ajuste, del costo de la ineficiente burocracia estatal, del excesivo gasto público improductivo, con su altísimo componente de corrupción y de privilegios indebidos, sigue recayendo principalmente sobre los segmentos más pobres de la población. ¿Por qué hay inflación? Si en una economía hay más dinero que los bienes y servicios que representa, ese dinero pierde valor frente a esos bienes y servicios, eso es la inflación. De más está decir que el causante principal es el sector público o, más específicamente, el gasto estatal improductivo o sobrefacturado.

Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.