Editorial

El precandidato cartista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, luciendo una camisa con su nombre y su eslogan de campaña, fue recibido en el “palacete” por el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Rodrigo Delvalle, y sus agentes alineados en posición de firmes. El grotesco espectáculo implicó la comisión de tres de las faltas graves previstas en la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil: “realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias de las instituciones públicas, usar la autoridad que provenga de su puesto para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza” y “ocupar tiempo de la jornada de trabajo, o utilizar personal, material o información de la dependencia, para fines ajenos a la institución pública”.

En un país que supuestamente vive bajo “economía de guerra”, donde el gobierno pide sacrificios a los maestros, a los médicos, a los jubilados y a las familias que aprietan el cinturón para pagar la luz y comprar el pan, hay un mundo paralelo donde la fiesta nunca termina. Ese mundo se llama Itaipú y Yacyretá “las binacionales de oro”. En un país donde el salario mínimo dura menos de una semana es un despropósito que la mayoría de sus funcionarios ganen millonadas por ser afín o familiares de los políticos. Mientras las binacionales sigan siendo el botín de los políticos, el verdadero desarrollo del Paraguay seguirá siendo un sueño postergado.

La notoria crisis de la educación terciaria, reflejada en la pobre calidad de la enseñanza e incluso en la expedición de títulos académicos de contenido falso, exige que se tomen prontas medidas en defensa de la población. Es muy grave que no se pueda confiar en que todo egresado universitario tenga la idoneidad necesaria para prestar sus servicios, hasta el punto de que muchas veces los asistidos pueden considerarse estafados. Aunque sea auténtico, el diploma suele resultar engañoso, porque la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), creada por ley en 2003, no cumple ni puede cumplir su cometido de valorar y, dado el caso, garantizar la calidad de la enseñanza, de la infraestructura y del plantel docente.

El Senado trataría mañana un proyecto de ley que reglamenta el art. 189 de la Constitución, según el cual “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz, pero no voto”. Se trata de una iniciativa de los senadores colorados cartistas Basilio Núñez, Lizarella Valiente, Natalicio Chase, Antonio Barrios, Ramón Retamozo, Patrick Kemper, Pedro Díaz Verón y Orlando Penner, que permitiría a Horacio Cartes renunciar a su actual condición de senador vitalicio para volver a integrar la Cámara Alta como senador “activo”; la dimisión debe ser aceptada por el Senado al menos seis meses antes de los comicios de 2028. También permitiría que se postularan y sean senadores “activos” los actuales vitalicios Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos, Mario Abdo Benítez y eventualmente Santiago Peña, una vez que termine su mandato. La propuesta referida es claramente inconstitucional, pues choca con la norma antes citada; allí se dice, sin la menor ambigüedad, que los exjefes de Estado “serán senadores vitalicios”, lo que en verdad implica la prohibición de que vuelvan a ejercer cualquier otro cargo público, sea o no electivo: ni siquiera podrían pretender convertirse de nuevo en senadores comunes y corrientes para integrar el quórum y poder votar.

Tras asumir el 22 de abril la presidencia del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes pidió a sus miembros que pongan sus respectivos cargos “a disposición”, es decir, que renuncien. Hasta hoy, solo uno de ellos, el Dr. Gustavo González Maffiodo (representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), ya reemplazado por Hassel Jiménez, ha tenido el decoro de hacerlo; Bettina Albertini (representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Víctor Insfrán (representante de los trabajadores aportantes), José Jara (representante de los jubilados y pensionados) y José Emilio Argaña (representante de los empleadores) siguen aferrados a sus cargos, aunque este último ya había presentado su renuncia el 5 de febrero por propia iniciativa, sin que hasta la fecha haya sido aceptada. Ahora afirma que solo el jefe de Estado tiene la potestad de solicitar a un consejero que ponga su cargo “a disposición”, reduciendo la cuestión a una formalidad legal.