Nuestras ciudades se caen a pedazos por la inoperancia y corrupción en sus gobiernos comunales. Una madre y su joven hija fallecieron ayer en Luque, luego de que el automóvil en que viajaban fuera arrastrado hasta un arroyo por un caudaloso raudal causado por las lluvias; tres ocupantes –agentes policiales– tuvieron la suerte de salvar la vida al sostenerse de la rama de un árbol. El funesto accidente, que el presidente formal de la República, Santiago Peña, tuvo la necedad de atribuir solo a “la inclemencia del tiempo”, fue muy similar al ocurrido en Lambaré el último noviembre, teniendo como víctimas mortales a dos efectivos militares. En verdad, parece increíble que en dos importantes ciudades del Área Metropolitana de Asunción hayan ocurrido muertes tan atroces, porque las respectivas municipalidades, encabezadas hoy la una por Carlos Echeverría (ANR, cartista) y la otra por Guido González (ANR, cartista), no han construido desagües pluviales a lo largo de los años, en una región donde las lluvias copiosas distan de ser raras; ni siquiera han tomado la precaución de instalar al menos vallas de seguridad a la vera de las zonas de violentas corrientes de agua, para impedir que los vehículos se hundan en ellas.
A pedido del propio oficialismo “arrepentido”, impulsor de la inconstitucional restitución de los fueros a los senadores procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP), la Cámara Alta derogó ayer la insólita medida del “desdesafuero”, en una sesión extraordinaria: sus beneficiarios vuelven a estar desaforados, de modo que sus respectivas causas penales no serán paralizadas. Aunque parezca un trabalenguas de mal gusto, el Paraguay ha presenciado un hecho sin precedentes: hemos asistido al “des-desdesafuero”, que desde luego no existe ni en los diccionarios ni en la vida ajustada al Derecho. El asunto de marras culminó ayer luego de tener en vilo por casi dos semanas a los poderes del Estado, tras las aparentes apariciones de dictámenes de abogados constitucionalistas y luego de que se hubiera aprovechado el inusual “paréntesis” de recuperar los fueros para intentar desvincular de sus respectivos casos al senador Erico Galeano (investigado por lavado de dinero y asociación criminal) y al senador Hernán Rivas (producción mediata de contenido falso en documentos públicos).
Dos pequeñas luces de esperanza se encendieron ayer en el oscuro túnel que está atravesando la vida institucional de nuestro país: el fiscal general del Estado presentó una acción de inconstitucionalidad contra los “des-desafueros” votados por una mayoría multipartidaria de la Cámara de Senadores para beneficio de los senadores Erico Galeano (ANR-cartista), Hernán Rivas (ANR-cartista) y Rafael Filizzola (PDP) y el juez Osmar Legal consideró inexistentes dichas resoluciones, en el caso de Galeano, por violatorias de la Constitución. Enhorabuena la postura firme del fiscal general, para nuestro gusto pudo haber llegado antes, pero deja en claro que contra las bravuconerías de un poder sobre otros, el imperio de la ley es la única respuesta posible. Si la acción de inconstitucionalidad hubiera llegado antes, se hubiera evitado el desgaste de los fiscales a su cargo que tuvieron que hacer consultas sobre los casos emblemáticos que administran: Silvio Corbeta (caso Erico Galeano), Patricia Sánchez (caso Hernán Rivas) y Natalia Fúster (caso Rafael Filizzola).
Con toda soberbia, el oficialismo ha estado empeñado en desacreditar las manifestaciones pacíficas de miles de estudiantes universitarios de diversos puntos del país, que exigen la derogación de la ley sobre el Hambre Cero, en la que se incluye una norma que modifica otra relativa al Arancel Cero para que la gratuidad en las universidades públicas y en otros centros de enseñanza superior sea financiada con recursos del Tesoro, fondos que no podrían ser reducidos ni reprogramados. Quien funge de presidente de la República afirma que los movilizados, que ejercen un derecho constitucional, son una “minoría ruidosa”, a la que se sumarían los medios de prensa que no lo apoyaron en las elecciones del 30 de abril de 2023. Es evidente que calificar de tal modo a los manifestantes no supone rebatir sus argumentos ni las dudas existentes sobre el financiamiento de la gratuidad ni mostrar predisposición alguna al diálogo, sino más bien exhibir una actitud desdeñosa y soberbia, ajena al fondo de la cuestión. Tampoco implica, desde luego, que pueda invocar el apoyo de una mayoría silenciosa, así que sus palabras bien pueden ser ignoradas por los aludidos: las objeciones estudiantiles no fueron refutadas, algo que podría haber intentado Santiago Peña si hubiera invitado a los líderes de las protestas a un diálogo sin cortapisas.
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy poco de entrar en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pero quedó oficialmente “bajo vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (Gafilat). Los hechos que han venido sucediendo guardan relación directa con los aspectos en observación y dejan al país en una posición muy comprometida en el marco del “seguimiento intensificado” al que está sometido, con potenciales graves consecuencias.
En abril del año pasado, ante una nutrida concurrencia de funcionarios colorados de la binacional Itaipú que participaban de un mitin electoral, Santiago Peña emitió una inequívoca y deleznable señal que no fue debidamente dimensionada. El actual presidente escupió sin ruborizarse: “Los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado. Lastimosamente muchos creen que los tienen porque son ‘guapitos’ o porque tienen la pared llena de títulos”. Sus dichos fueron fervorosamente aplaudidos por sus correligionarios; era el presagio de indignas contrataciones de funcionarios públicos con los que hoy día Peña paga lealtades y mantiene doblegados a los vasallos del cartismo. A la despreciable señal no se le dio entonces una acabada ponderación ni la debida importancia, pero ya era el preanuncio de lo que el entonces candidato planeaba hacer con la investidura presidencial: estaba totalmente dispuesto a sacrificar el dinero del pueblo paraguayo en beneficio particular del aparato clientelista de la Asociación Nacional Republicana (ANR).