6 de noviembre de 2026
“Juro por Dios y por la Patria”. Esas palabras, dichas con la mano sobre la Constitución y la mirada fija en el pueblo, no fueron un formalismo de protocolo ni un gesto vacío. Fueron una promesa solemne. Una promesa de cuidar lo que es de todos, de no permitir que el poder se vuelva ciego ante el sufrimiento, de que la Justicia no se quede callada cuando el daño ya se anuncia en el horizonte. Hoy esa promesa pesa como una deuda no saldada, y el pueblo la siente en la mesa vacía, en el trabajo que se fue de la noche a la mañana y en el silencio de las instituciones que debieron hablar antes de que todo se derrumbara. El perjuicio ha sido demasiado grande, demasiado profundo, demasiado cercano. Millones de paraguayos no pueden disponer de su propio dinero para llevar el pan a la mesa. Miles se quedaron sin empleo de un día para el otro, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe y el país se hubiera partido en dos. Que la Justicia haga su trabajo. Que las instituciones dejen de mirar hacia otro lado y asuman la responsabilidad que les fue encomendada.
El Centro Penitenciario Martín Mendoza, de Emboscada, supuestamente de “máxima seguridad”, fue escenario de la bochornosa fuga de un condenado por secuestros y de otro por narcotráfico. Tras haber cortado barrotes de una celda del sector de “alta seguridad”, nada menos, se valieron de sábanas y frazadas para superar dos muros y huir en horas de la madrugada, con toda calma. Pareciera que los guardias tomaron un fuerte somnífero, lo que les “impidió” ver a los fugitivos. También resultó vergonzoso ver en una de las escenas filmadas cómo un guardia corría con una bolsa llena al parecer de celulares que habrían estado en poder de los reclusos, aparentemente para que no sean requisados en una posterior inspección. Fueron detenidos algunos jefes y agentes penitenciarios. No se descarta que tras la intervención fiscal y policial en busca de pistas aparezcan más funcionarios implicados. Que esta experiencia vergonzosa implique en verdad “un antes y un después”: los delincuentes a sueldo del erario deben ocupar una celda y no una oficina.
No es el primer escándalo en el Congreso, pero cada nueva denuncia parece descubrir formas todavía más degradantes de utilizar el poder público. Esta vez, funcionarias del Senado salieron a denunciar un presunto mecanismo de cobros por acceder a empleos que paga el Estado. La gente ya lo ha bautizado como “peaje salarial”. Detrás de la expresión se esconde una acusación mucho más grave: los cargos públicos se han convertido en mercancía y los salarios de los funcionarios en una fuente de ingresos particulares. Según las denuncias, la senadora tránsfuga hoy peñista Zenaida Delgado habría estado contratando funcionarios y rellenando cupos laborales en función a sus afectos y a quienes le prestan servicios personales, incluidos los de peluquería y maquillaje. Las afectadas aseguran que no solamente les habría exigido una compensación económica a cambio de los puestos de trabajo, sino también las habría obligado a contratar préstamos para devolver favores. Si las denuncias se comprueban, estaríamos ante posibles infracciones administrativas, hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas, delitos patrimoniales, prácticas de prebendarismo y clientelismo político.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), denunció ante el Ministerio Público a la senadora Zenaida Delgado (transfuga ANR), por la presunta venta de cargos en el Poder Legislativo. Los autos están caratulados “Zenaida Delgado s/ tráfico de influencias y otros”. Las compras de los cargos, que se habrían realizado a un costo de entre 50 y 100 millones de guaraníes, se habrían hecho transfiriendo a la vendedora los montos de las bonificaciones cobradas por tres contratadas de su despacho, que cuenta con unos veinte “servidores públicos” y tiene como jefe a un bachiller, sobrino de la senadora. Estaría en marcha la pérdida de investidura de la legisladora debido a la trama que, según el Ministerio Público, habría replicado una montada en el IPS, por obra de Fátima Agüero, exasesora de Zenaida Delgado. El hecho de que el Congreso sea el marco de la práctica le añade mayor gravedad: los representantes del pueblo se llenarían los bolsillos traficando con puestos que solventan sus representados, como si no les bastaran las jugosas dietas que cobran a cambio de muy poco.
Hay lugares que, con el tiempo, dejan de ser lo que prometieron ser. El Senado de la República, esa casa que debería custodiar la palabra pública, ha ido convirtiéndose en otra cosa: un recinto donde el silencio se compra y el favor se cobra. La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) lo dijo sin reparos. “Están usando el Parlamento como un aguantadero”. Y en esa frase, dicha con la voz de quien ya no tiene ganas de adornar la verdad, resuena algo más hondo que una denuncia: el cansancio de un país que ve cómo sus instituciones se vuelven refugio de quienes deberían servirlas. El caso de Zenaida Delgado (transfuga colorada) no llega como un rayo en cielo sereno. Llega como la repetición de una música que ya conocíamos. Tres funcionarias relatan, con la precisión de quien ha llevado las cuentas, un esquema de peajes salariales, de sumas que trepan a los cien millones de guaraníes por un nombramiento, de préstamos que la propia legisladora habría gestionado para asegurarse el cobro. Hace tiempo que nuestro país no atraviesa una sucesión tan densa de escándalos.
En estos días han estado desfilando por la Comisión Bicameral de Presupuesto los titulares de ministerios y de distintos entes públicos para “defender” sus respectivas asignaciones en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, cuando no para pedir, o peor, negociar directamente más recursos con los parlamentarios. Hasta el momento no ha habido un solo caso en que se reduzca el monto presupuestado, ni siquiera mínimamente, lo que lleva a la pregunta de cómo piensa hacer el Gobierno para saldar sus deudas vencidas y cumplir los nuevos compromisos fiscales asumidos ante organismos multilaterales, calificadoras de riesgo, y ante toda la ciudadanía, inversores y actores económicos. Se proyecta que el fisco cierre este año con un déficit del 3,2% del PIB, más del doble de lo prometido para 2026 por la administración Peña al iniciar su mandato. Según el nuevo cronograma, en 2027 se podrá elevar ese saldo rojo al 3,9% del PIB, pero con la cancelación total de las deudas vencidas con proveedores y contratistas, que todavía suman alrededor de 1.000 millones de dólares. Ya con las cuentas saneadas y al día, el plan es retornar al tope 1,5% del PIB de la ley de responsabilidad fiscal en 2028. Si se elevan los gastos, en vez de recortarlos, estas metas son de cumplimiento imposible.