Editorial

Hay una niebla que no se disipa con el sol ni con los comunicados oficiales. Tejida con algoritmos, pautas millonarias y perfiles que aparecen y desaparecen como fantasmas. Se llama Despierta Paraguay. Y detrás de ese nombre, según las investigaciones de ABC Color, aparentemente existe una red sembrando odio, desinformación y ataques sistemáticos contra periodistas, medios independientes y voces críticas del poder. Esta página y otras similares habrían pagado más de 2.900 millones de guaraníes, casi medio millón de dólares, en anuncios digitales. El 69% de los ataques en YouTube apuntaron a la prensa libre. En Meta, casi la mitad. Imágenes generadas con inteligencia artificial, videos cargados de veneno, calumnias repetidas hasta el hartazgo. Todo para desprestigiar, silenciar e intentar sembrar dudas. Y, al mismo tiempo, para ensalzar programas oficiales: Hambre Cero, Che Róga Porã, Sumar. Pero la verdad, tarde o temprano, sale a la superficie, traída por periodistas que no se rinden, por abogados que no se callan, por valientes testigos que deciden colaborar, o por empresarios que se niegan a ser calumniados en silencio.

La corrupción rampante no es el único factor que incide en que no haya fondos públicos suficientes para atender necesidades sociales de singular relevancia, como las atingentes a la salud y la educación públicas: también el puro malgasto impide que considerables recursos sean destinados a la prestación de servicios esenciales. Se derrocha a manos llenas para, entre otras cosas, atender a la clientela política incorporando a personal superfluo o para que los jerarcas y sus allegados se den ciertos lujos. Uno de estos consiste en viajar por el mundo a costa de los contribuyentes, so pretexto de participar en un evento internacional de supuesta gran importancia para el país, a realizarse a menudo en algún conocido sitio turístico. El malgasto del dinero público es cuestión de vida o muerte para muchos compatriotas. Combatir el grosero dispendio contribuiría en buena medida a satisfacer demandas sociales acuciantes.

Tras presentar al Congreso el “Informe y dictamen sobre el informe financiero del Poder Ejecutivo”, referido a hechos de los ejercicios fiscales 2006-2026, el contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que el Instituto de Previsión Social (IPS) “es por lejos la institución más desordenada del Estado”. No es poco decir, ya que el aparato estatal está muy lejos de distinguirse por su buen orden; empero, el comisionado parlamentario se quedó corto, porque los hechos expuestos hacen suponer que, en verdad, se trata de la entidad más saqueada de nuestro país. El documento debe servir como punto de partida para un riguroso saneamiento que aliente la esperanza de que el derecho a la vida y a la jubilación sea precautelado por el IPS, gracias a una gestión honesta y eficiente. Es hora de que los pacientes y sus familiares dejen de sufrir las penurias de siempre, por culpa de la corrupción y la ineptitud de quienes deberían estar a su leal servicio. Así como están las cosas, la institución resulta financiera y moralmente insostenible.

Hay dos Paraguay. Uno se exhibe en los balcones del poder, en los discursos de mármol y en las cifras que se lanzan como confeti de fiesta oficial. Ese Paraguay se proclama “histórico” en todo lo que hace, se mira al espejo y se declara primer mundo, se ufana con la palabra “récord” y vende la ilusión de que el país por fin ha cruzado el umbral de la modernidad. El otro Paraguay no aparece en las fotos oficiales, es el que se despierta cada mañana con el sabor amargo de la deuda, el que camina entre aulas sin materiales y hospitales que se ahogan en facturas impagas. Ese segundo país no grita; simplemente resiste, y cada tanto, cuando el hartazgo se vuelve insoportable, se declara en alguna huelga. La huelga de los médicos no es un capricho de temporada. Es el eco de años de abandono sistemático, un abandono que no nació ayer ni es patrimonio exclusivo de un color político. Varios gobiernos sembraron la semilla de la indiferencia; pero este la ha regado con generosidad.

Como si no tuviera mucho que hacer en el ejercicio del cargo, la ministra de la Juventud, Salma Agüero, está abocada a la tarea de promover la candidatura de Camilo Pérez (ANR, cartista) a la Intendencia Municipal, en compañía de funcionarios de la Secretaría Nacional que dirige sin pena ni gloria. Su intervención en la campaña electoral está resultando mucho más llamativa que su desempeño al frente de dicho organismo, gracias a que ella misma se ocupa de difundirla, sin ningún escrúpulo. Y sin temor alguno, pese a que la actividad política partidaria le está prohibida, pero sabe que el brazo de la Justicia no le va a alcanzar. El favorecido por su notorio entusiasmo le agradeció por “sacar adelante” la presencia sabatina de “Camilo en tu barrio”, lo que plantea la pregunta de si dicha iniciativa absorbe parte de la jornada laboral de la ministra y de sus funcionarios e incluso la de si, para el efecto, se están empleando recursos del Estado. Tan desembozada actuación hace temer que su rol de ministra esté signado por el sectarismo, pues el servidor público que ejerce una conducción política, como es el caso de un ministro, tiene prohibido usar su autoridad para influir en una elección, así como ocupar la jornada de trabajo, utilizar personal, material o información del órgano, para fines ajenos al mismo. Así lo dispone la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil.