Editorial

El fiasco del acueducto chaqueño, que entre 2012 y 2022 ha insumido más de 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares), triplicando casi el costo inicial previsto, sigue insoluble en perjuicio del fisco y de los pobladores. Pese a la enorme suma invertida en él, se trata de un elefante blanco, fuera de servicio desde hace casi dos años, que no ha servido para enfrentar con éxito las crisis recurrentes que sufre el Chaco central debido a la insuficiencia de lluvias y de fuentes hídricas. Pasan los Gobiernos sin que se tomen medidas que reparen de una vez por todas las deficiencias de un proyecto mal concebido y peor ejecutado, ni que los responsables de las chapucerías sean penal o civilmente sancionados. La angustiosa situación anual de los damnificados requiere un pronto y definitivo remedio, para lo cual es imprescindible aplicar la ley penal y la de suministro y contrataciones públicas, para que los responsables del desastre vayan a parar a la cárcel.

El homenaje rendido a José Asunción Flores en la plaza capitalina que lleva su nombre y el de Manuel Ortiz Guerrero tuvo un escenario que se hallaba en un estado tan deplorable como el de la ciudad capital en que está asentado. El aspecto del lugar donde se alza una escultura a su memoria obligó al representante del ateneo cultural organizador del acto, José Antonio Galeano, a pedir a la Municipalidad que el sitio sea siempre atendido. No puede haber un buen Gobierno cuando la negligencia es tan grosera como parece ser también la corrupción. Basta ya de tantas desgracias gestadas en el Palacete Municipal, ante la impotencia de sus víctimas, que aún ignoran adónde fueron a parar los 500.000 millones de guaraníes, que deberán devolver a los prestamistas, con intereses. En este grave marco, las “serenatas” que vienen ofreciendo el intendente y su esposa constituyen una burla a los asuncenos.

Los gobiernos nacionales se suceden, pero el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene la odiosa costumbre de maltratar a los pacientes que pagan sus aportes y a quienes lo hicieron durante gran parte de su vida y ahora tienen derecho a disfrutar de sus jubilaciones y pensiones. Pero unos y otros sufren la falta de medicamentos, de insumos, de turnos o de especialistas; hasta corren el riesgo de perder una pierna amputada por error, pero todo sigue igual como si fueran incorregibles la ineficacia, el derroche y la corrupción. Si a todo ello se agrega la insensibilidad como “atributo” del ente, no se estaría muy desacertado, después de observar en los últimos días a los ancianos jubilados formando largas filas bajo el intenso frío, para hacer constar que siguen vivos y poder cobrar lo que les corresponde.

Tras la operación policial que culminó con la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, cartista), el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aconsejó cautela frente al crimen organizado, porque sus “tentáculos llegan a las más altas esferas”. En efecto, a estas trágicas alturas, no sorprendería que se extendieran a los palacios que acogen a los poderes del Estado y a otras sedes en que asientan a organismos encargados de combatir el narcotráfico. El presidente Santiago Peña, en la mayoría de las veces, se ha referido en términos generales a la situación y difuminando la responsabilidad de combatir ese problema a través de nuestras propias instituciones, reclamando la ayuda internacional. Según el periódico británico Financial Times, el mismo “ha instado a los países europeos a hacer más para ayudar a América del Sur a luchar contra el crimen organizado”. Según el citado medio, el Mandatario paraguayo sostuvo que “tenemos que trabajar juntos”. Pero la podredumbre está aquí, y hay que combatirla sin esperar que otros países nos salven.

Se informó que el Gobierno autorizó la gestión de un nuevo préstamo para la pavimentación del tramo Cruce Centinela-Mariscal Estigarribia, lo que se suma a un paquete de endeudamiento de 1.400 millones de dólares que tiene el Poder Ejecutivo en carpeta, parte de ello ya remitido al Congreso, por encima de los 553 millones de dólares anteriormente aprobados para emisión de bonos en el Presupuesto 2024, más los 600 millones de dólares computados al Presupuesto 2023 para pagar a proveedores y contratistas. Con esto, el saldo de la deuda pública con esta administración por primera vez superará largamente la barrera del 40% del PIB, cuando hace tan solo una década era del 10%. Endeudarse hasta cierto límite no es malo en sí mismo. El problema es cuando se rifa y se roba la plata, que es exactamente lo que ocurre en Paraguay.