8 de agosto de 2026
El Banco Central del Paraguay publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que afirma que el incremento exponencial de la circulación y uso de tarjetas de crédito se debe a un mayor número de usuarios por efecto de la bancarización y no a un aumento generalizado del endeudamiento individual, que es la misma explicación que dio recientemente a propósito del crecimiento del crédito de consumo. El problema con ello es que se contrapone a las alertas manifestadas por el Fondo Monetario Internacional y por la mayoría de los analistas independientes, lo que acentúa temores de sesgos por conflictos de interés en la supervisión financiera. El BCP minimizó la preocupación expresada por el FMI, lo que a más de un memorioso le puede recordar el período previo a la tremenda crisis financiera que sufrió el país en los años noventa, cuando se ignoraron sistemáticamente las advertencias de los organismos multilaterales, con gravísimas consecuencias.
Al asumir la Presidencia de la República, Santiago Peña y su esposa visitaron el Hospital Nacional de Itauguá, y se conmovieron hasta las lágrimas al ver el estado y las carencias del nosocomio. En la ocasión, el jefe de Estado anunció: “En salud vamos a hacer las cosas bien. Una sala de terapia intensiva (...) puede ser el negociado de un mal Gobierno y la causa de desatención de las verdaderas necesidades de la gente, por el mal uso de los recursos (...) Puesta a punto de la infraestructura y de los equipamientos de los centros de atención médica integral en cada distrito. En salud, los errores o negligencias se pagan con vidas. Por eso, no habrá una segunda oportunidad para los que fallen”. Tres años después, las cosas no se han hecho nada bien en la sanidad pública.
Tras el llamativo boicot de los diputados cartistas a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el financiamiento de un “programa de mejoramiento de la conectividad rural”, el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) afirmó que “la borrachera del poder nos está haciendo perder el rumbo”, en obvia referencia al oficialismo. En igual contexto, se quejó de que gobernadores de su sector político-partidario hayan cometido un “error estratégico” al hacer el vacío a un acto convocado por el presidente de la ANR, Horacio Cartes, presuntamente debido a que “últimamente todos quieren ser vicepresidente de la República”. No es ninguna novedad que el malhadado internismo político-partidario prime sobre el interés del país. Las pugnas de entrecasa, por el motivo que fuera, no se dirimen solo dentro de los partidos, sino que se trasladan al Congreso, a los gobiernos departamentales y a las municipalidades, interfiriendo en la marcha del Estado.
Hoy se festeja el Día Internacional de la Amistad, una iniciativa lanzada en 1958 en Puerto Pinasco por el compatriota, ya fallecido, Dr. Ramón Artemio Bracho y recogida en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas. Ese “afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato”, al decir de la Real Academia Española, implica los más nobles sentimientos humanos. Es encomiable fomentarlo en pro de la armonía social, sin confundirlo con el amiguismo, tan común en nuestra práctica política, que supone favorecer al “socio” en perjuicio de otros con mejor derecho, tal como suele ocurrir en nuestra administración pública. Alegra que haya llegado al mundo una feliz idea surgida en un pequeño y alejado municipio del Chaco paraguayo, pero no así que, según se publicó en los últimos días, los alumnos de escuelas indígenas se desenvuelven allí con grandes precariedades, pese a reclamos realizados a las autoridades.
La Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a la modificación de un proyecto de ley que reduce los requisitos –más firmes en la versión original– para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo que se presenta como un ajuste técnico es, aparentemente, un nuevo intento de subordinar un órgano extrapoder a los intereses de una mayoría política. El proyecto original, bautizado como “anti-Rivas”, buscaba elevar el estándar: 35 años de edad mínima, diez años de ejercicio profesional y un mandato de un solo año para los representantes legislativos. El cartismo impuso su propia versión: edad mínima de 30 años, apenas cinco años de experiencia y el retorno al mandato de tres años, con posibilidad de reelección. La diferencia descansa entre exigir idoneidad y premiar la mediocridad.
El Área Metropolitana de Asunción, integrada por la capital del país y once municipios del departamento Central y del Bajo Chaco, tiene unos 2.800.000 habitantes, que sufren similares penurias causadas por la ineptitud de sus respectivos gobiernos municipales. Esto es así aunque en 2022 se hayan asociado para solucionar, con el apoyo de numerosas instituciones, problemas tales como el transporte, la gestión de residuos sólidos y el manejo de áreas verdes. En general, se destacan por la corruptela y la ineficiencia, pese a lo cual no son pocos los intendentes y concejales que buscan ser reelectos el próximo 4 de octubre. La experiencia propia y ajena les induce a confiar en el “voto cautivo” de sus propias víctimas. Los males de nuestra política comunal son tan evidentes que no hace falta ser un urbanista para identificarlos. Si es así, corresponde que los vecinos cuiden su voto y luego pongan bajo la lupa a los elegidos, para impedir que se sigan burlando de la gente.