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El Artículo III del Tratado de Itaipú establece: “Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de derechos y obligaciones (las negritas son nuestras), una entidad binacional denominada Itaipú, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I”.
Inicialmente, el Estado paraguayo no podía tener el crédito financiero suficiente para integrar el 50 por ciento del enorme capital operativo requerido para la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica binacional, como le imponía su obligación de igualdad como socio paritario en la joint venture conformada entre los dos países, por lo que el Estado brasileño tuvo que subrogarlo en este compromiso mediante un préstamo que a la sazón fue el crédito más caro del mercado para nuestro país. En compensación, Brasil se arrogó indebidamente –aunque con la complicidad de las autoridades paraguayas– la atribución privativa de administrar la construcción y operación de la usina como si fuese suya propia, hasta que la entidad binacional terminara de saldar la totalidad de su deuda; la que a raíz de los comprobados abusos financieros perpetrados por sus acreedores –señaladamente Eletrobras– alcanzó techo estratosférico, a tal punto que su finiquito recién habrá de darse en el 2023. Hasta ahí, aceptable, pero de ninguna manera después.
Es inadmisible que hasta ahora Itaipú sea administrada como una empresa netamente brasileña, aunque salvando la apariencia de gestión paritaria binacional con las formalidades burocráticas establecidas en el Tratado.
Obviamente, al Paraguay le ha salido caro el costo de su pobreza. Para Brasil, Itaipú ha sido un matrimonio de enorme conveniencia con nuestro país. Y ciertamente no por filantropía –como lo ironizó un excanciller de ese país–, sino porque Paraguay es un socio geográficamente indispensable. Por algo, hasta ahora es el único de los diez países con quienes Brasil limita que comparte una sociedad comercial con ese gigante de la América del Sur.
Así las cosas, el desafío del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez con relación a Itaipú a partir del 2023 aparece puntualmente muy simple: hacer efectiva la igualdad de derechos consagrada en el Artículo III del Tratado, hasta ahora en suspenso por no haber podido integrar en su momento la alícuota parte de capital accionario convenido. Por lo demás, aunque Paraguay haya contribuido menos en efectivo (según la NR N° 4 de 1986, nuestro país postergó recibir una parte de sus beneficios, durante siete años) para la construcción y puesta en marcha de la usina hidroeléctrica binacional, lo ha solventado desde el principio con aporte de bienes materiales no fungibles, pero esenciales, desde el inicio mismo de los trabajos de construcción y montaje de la gigantesca represa, proporcionando miles de kilómetros cuadrados de su territorio para el embalse. Y desde la entrada en operación de la primera turbina generadora, el 5 de mayo de 1984, los miles de metros cúbicos por segundo de sus aguas jurisdiccionales del río Paraná para mover la mitad de las 20 turbinas que tiene la central de más potencia efectiva en el mundo. Vale decir, contrariamente a lo sostenido por algunos sectores de la opinión pública brasileña, desde un comienzo Paraguay aportó principalmente el capital operativo no fungible requerido para la operación de la usina, contribuyendo a generar la renta con que Itaipú paga puntualmente su deuda, haciéndose así acreedor del derecho a la igualdad societaria consagrada en el Artículo III del Tratado, a partir del 2023.
Con todo, la paradoja a que está expuesto el Paraguay como socio de un país poderoso como Brasil es que no es suficiente que paguemos toda nuestra parcela de deuda para que en la práctica motu proprio Brasil se avenga a concedernos el derecho de absoluta igualdad que nos corresponderá a partir del 2023 en Itaipú. No tenemos que esperar que llegue ese momento para dejar firme nuestro reclamo por el derecho mencionado hasta entonces prendado por deuda. Aunque todavía faltan cuatro años, tenemos que hacer efectiva la oportunidad de prevenir que Itamaraty nos tienda una trampa diplomática a la salida del túnel al estilo de “tem razão, mas fica preso”, a semejanza de los abusos financieros convalidados por nuestros codiciosos gobernantes de turno a través del tiempo. En tal sentido, los hechos a futuro inmediato pueden parecer oscuros o ambiguos, como las supuestas ofertas de ayuda económica y financiera hechas a nuestro país por el presidente Jair Bolsonaro, así como el cuento de la obsolescencia de los equipos de la central hidroeléctrica, por lo que si no actuamos con anticipación –como nuestro socio–, cuando conozcamos su estrategia podría ser tarde para actuar en consecuencia.
El presidente Mario Abdo Benítez gusta ufanarse de la supuesta amistad que le une con su homólogo brasileño. Está bien. Pero no por eso debe dar por sentado que le va a ser fácil navegar sobre el embalse de Itaipú. No es “moco de pavo” negociar con Itamaraty. Tiene que tener mano firme y sentido de compromiso con una causa nacional. Para jugar una política diplomática eficaz, tendrá que poner en juego habilidad, sentido de obligación y patriotismo. No debe tener la ingenuidad de creer que, en última instancia, el más prometedor augurio de un entendimiento con Brasil en Itaipú tenga que deberse a su relación personal con su contraparte. La aparente armonía entre ambos no se extiende más allá de cumplidos protocolares superficiales. Las afinidades mutuas de que los dos gobernantes se jactan con relación a alabar a los regímenes autoritarios que en su tiempo gobernaron sus países y concretaron el Tratado de Itaipú en modo alguno implican que exista amistad entre Brasil y Paraguay: lo que existen son intereses. Punto.
Si la afinidad de Marito con Bolsonaro resulta ser real y formidable –como lo ha asegurado el primero–, ello no obstante podría ser insuficiente para superar los obstáculos a un justo acuerdo en Itaipú en oportunidad de la revisión del Anexo C del Tratado previsto para el 2023. Allá ellos. Los paraguayos y paraguayas no debemos ser engatusados con los relacionamientos personales que supuestamente existen entre los gobernantes, sino esperar de ellos resultados tangibles conforme al derecho que, en el caso de Itaipú, consagra el Tratado. Por eso, deben mantenerse en guardia para la defensa de los intereses que le corresponden al Paraguay en este emprendimiento binacional.