Cargando...
Tal cual se sospechaba, los legisladores postergaron “sine die” el estudio de los dos proyectos de ley que desbloquean las “listas sábana”, que figuraban en el orden del día del jueves en el Senado. De esta forma consiguen impedir que los electores, al menos en los comicios municipales de noviembre del próximo año, puedan tener libertad de elegir a sus candidatos. Queda en vigencia una ley ya sancionada que no desbloquea nada ni ofrece ventaja alguna al elector. Una verdadera farsa de los legisladores, en esta ocasión atribuible a los del Partido Colorado, del Partido Liberal y del Unace, que se coaligaron para secuestrarles una vez más a los paraguayos su voluntad de elegir.
En efecto, al volver a postergar el tratamiento de los proyectos de ley de desbloqueo de las “listas sábana”, lo que evidentemente persiguen los senadores es dilatar el trámite para que, al final, supuestamente apremiados por el tiempo, pasen la dilucidación de la cuestión al año próximo, momento en que, aunque aprueben un nuevo régimen electoral más acorde a los deseos ciudadanos, ya no será aplicable a los comicios municipales, aduciéndose falta de recursos presupuestarios para ponerlo en ejecución u otro motivo similar a los que nos tienen acostumbrados.
El pretexto empleado en esta ocasión es el de que las comisiones de la Cámara todavía no se expidieron sobre el tema. Da risa que tales comisiones afirmen no haber podido terminar el estudio del caso, cuando se lo está debatiendo públicamente desde hace más de cinco años. Todo el mundo sabe que nadie está más interesado en esta cuestión que ellos, los políticos, que hace mucho tiempo vienen estudiando qué es lo que tienen que perder con la modificación del sistema de “listas sábana”. Pero ahora resulta que todavía no tienen formada una opinión formal y definitiva sobre el caso. Da risa, porque como pretexto es un chiste.
Digamos, una vez más, que otorgar al elector individual la posibilidad de votar por un candidato de entre una larga lista de ellos, con la finalidad de posicionarlo mejor, está muy lejos de ser la “panacea” de la democracia, como ironizó un senador, sino, apenas dar un pasito adelante para otorgarle al ciudadano un poco de poder para cambiar algo del menú que las cúpulas de las organizaciones políticas vienen cocinando desde sus procesos comiciales internos y que presentan al electorado como platos hechos e inmutables.
En efecto, con la introducción de esta pequeña modificación no se alcanzará la excelencia de nuestro régimen de representación electoral, ni mucho menos, pero dará motivo a la ciudadanía para sentirse un poco más ilusionada acerca de la posibilidad de ir mejorando, de conseguir para ella más fuerza y autonomía frente a los grupos excluyentes que manejan las organizaciones políticas y que, usurpando el nombre de la sociedad y su representación, conforman las listas de candidatos como mejor les conviene.
Hay políticos que, asumiendo posiciones contrarias a la idea de ir sustituyendo las “listas sábana” por otras de mayor participación y consenso ciudadano, alegan que los partidos perderán su capacidad de decidir en esta materia y que se resquebrajará su rol natural de intermediación política entre la sociedad y el Estado. Nada más ridículamente exagerado, por decir lo menos. De hecho, los electores no adquirirán la posibilidad de votar por alguien que no figure en las listas partidarias, de modo que el poder de las cúpulas no se conmoverá mucho porque se otorgue a cada persona la posibilidad de mejorar ligeramente la posición de un candidato dentro de una larga lista.
Los que no quieren ceder a la ciudadanía ni siquiera esa posibilidad, tampoco tienen algo que ofrecer a cambio. Los legisladores que se declaran opuestos a esta propuesta de modificar ligeramente el sistema de “listas sábana” deberían declarar públicamente en qué otra medida estuvieron pensando como alternativa. Qué es lo que sugieren, por ejemplo, para que esos impresentables que ahora tienen acceso a las Cámaras legislativas nunca más tengan la posibilidad de ser reelectos, o que, en el futuro, gente de su misma calaña acceda tan fácilmente como hace ahora, a las dignidades de legislador. La opinión pública piensa que esa es, justamente, la posibilidad que se quiere conservar.
La partidocracia, junto con la corrupción, son las que acabarán por aflojar los cimientos y derruir a las organizaciones políticas, privándoles de su rol de intermediación, debilitando el sistema de partidos, la pluralidad y –Dios nos libre– demoliendo la democracia misma. Allí está, a la vista de todo latinoamericano, la dolorosa experiencia de los países cercanos caídos en manos de pequeños dictadores, en los que los partidos de estilo tradicional fueron aplastados como gusanos por grupos ideológicos improvisados, que con solo buen apoyo financiero y el discurso populista de moda se hicieron con el poder, y no lo sueltan ni lo soltarán mientras puedan seguir instrumentando la legalidad, el sistema electoral y las instituciones para sus designios hegemónicos.
Visto que los legisladores no están dispuestos a aflojar el monopolio de poder que las cúpulas partidarias detentan, tendrá que ser la ciudadanía consciente y con sentido patriótico la que lo intente.
Habrá que volver a salir a las calles, a insistir, a movilizarse, a denunciar, a presionar, a escrachar en los lugares públicos a los impresentables y corruptos y a los que se resisten a escuchar los reclamos populares. Los políticos tienen terror a los grupos cívicos que se manifiestan convincentemente, sobre todo si son numerosos, porque, antes que todo, ellos piensan en los votos que pueden perder en las urnas. Lo único que verdaderamente les preocupa y atemoriza no es la salud de la democracia, sino la posibilidad de no ser electos o reelectos. Esta es la preeminencia que el ciudadano tiene sobre los políticos, y es necesario hacer buen y oportuno uso de ella para bien de todos.
Los políticos no tienen intención alguna de largar las tetas de la vaca lechera del Estado de las que astutamente se han aprovechado después de derrocada la dictadura. Por ese lado no se debe esperar absolutamente nada. Por lo tanto, es la ciudadanía organizada la que tiene que asumir la responsabilidad histórica de recuperar su capacidad electoral, hoy escamoteada por algunos políticos mañosos, ignorantes y corruptos.