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La Secretaría del Ambiente (Seam) no cuenta con oficinas ni fiscalizadores en el departamento de San Pedro, la representación del Instituto Forestal Nacional (Infona) se debate entre la precariedad y pocos puestos de control, mientras el Ministerio Público solo tiene un fiscal para la unidad ambiental, que tiene a su cargo los 20 distritos de la segunda región del país.
Las pocas áreas boscosas que quedan son blanco de la tala indiscriminada de distintas especies de árboles, arbustos y plantas. El ecosistema de la región que fue reconocida años atrás por su exuberante belleza, ahora es solo recuerdo.
Los principales responsables de los delitos ambientales serían brasileños y colonos menonitas que reemplazan los bosques para implementar cultivos agrícolas extensivos.
A la deforestación y al rollotráfico se suman la producción ilegal de carbón, represamiento de cauces hídricos para riego del cultivo extensivo, pesca y caza indiscriminada de animales silvestres y quema de pastizales.
En los alrededores de los asentamientos sampedranos pululan los hornos para la producción de carbón, que en su mayoría trabajan sin los permisos correspondientes. El escaso o nulo control de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes y castigar a los responsables alienta la actividad.
Los delitos ambientales aumentan al no existir en todo el departamento una oficina ni fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente. Sin embargo, la situación más preocupante en la región es que este organismo que otorga las licencias ambientales fracasa en el control de la ejecución de los proyectos presentados por los supuestos propietarios de fincas o “inquilinos” que alquilan grandes extensiones y depredan sin parar.
Los depredadores ignoran la “Ley de deforestación cero”, que prohíbe realizar actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques, a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades o a superficies destinadas a asentamientos humanos.
La ministra de la Seam, María Cristina Morales, había explicado que las zonas deforestadas no pueden ser utilizadas para la ganadería, e insistió en que debe ser confinada y recuperada naturalmente o con el cultivo de plantines.
La presencia del Infona en el segundo departamento es casi nula al contar con pocos puestos de control, que a su vez son fácilmente burlados por los traficantes de madera. A eso se suma “el apretón de manos” que reciben los funcionarios para hacer la vista gorda.
De acuerdo con los datos de la institución, en los últimos cinco años se perdieron unas 5.000 hectáreas de bosques.
Un solo agente fiscal
Al igual que el Infona, la presencia del Ministerio Público en el departamento San Pedro para combatir los delitos contra el medio ambiente es paupérrima. La Unidad Penal II de Santa Rosa del Aguaray está a cargo del fiscal Carlomagno II Alvarenga, quien también lleva las causas de la Unidad Especializada de delitos informáticos.
Cuenta con pocos recursos para los procedimientos y tiene a su cargo los 20 distritos de la región.
Tráfico de madera
Pese a las numerosas limitaciones, el Ministerio Público logró condenas y mantiene abiertos varios procesos por violaciones a las leyes ambientales.
El caso más reciente es la denuncia de deforestación y quema en el inmueble perteneciente al ganadero Fernando Serrati, en San Pedro de Ycuamandyyú. Vecinos del establecimiento hicieron público el hecho de violación a las normativas y tras la publicación, el fiscal Carlomagno Alvarenga intervino y dispuso una investigación.
En juicio oral condenaron a tres años de cárcel a Pablino Barrios, Menelio Cristaldo, Guillermo Alfonzo y Cristian Amarilla acusados por tráfico de madera.
OTROS CASOS
1 En procedimiento abreviado se condenó a 2 años de cárcel a David Bauman Ferh y Cornelio Peter Friessen. También debían donar G. 120 millones a instituciones de beneficencia y comprar servicios forestales (pagar por mantener reservas forestales certificadas) por un total de 1.300 hectáreas.
2 Entre otros casos manejados por el Ministerio Público también está la suspensión condicional a Johan Quirin Bergen y Jahan Doraksen Klasen, con obligación de donar 22.500 dólares a instituciones educativas y reforestación de 400 hectáreas con especies nativas.
3 Además, Abrahán Blatz debe donar 200.000 dólares y reforestar unas 774 hectáreas. Edson Francisco debe pagar G. 135 millones en Gral. Aquino y reforestar 154 hectáreas. También, Erwin Zacarías fue condenado a entregar un inmueble para la Comisaría de Cruce Tacuatí y reforestar 70 Ha.
4 Obran en la oficina del Ministerio Público, los procesos de Gilson Luis Beiger, José Paio de Conceicao, Rubens Bernardo da Rocha, Savo Rodríguez Facundes, Nilton Pereira Do Nacimento, Mario Rubén Villalba, Carlos Daniel Dos Santos Bernard Giesbresh, Franz Giesbresh, entre otros.