BUENOS AIRES (AFP). Como cada año desde aquel 18 de julio de 1994, las sirenas de la ciudad sonaron a las 09:53 locales para recordar la explosión que mató a 85 personas y dejó unos 300 heridos.
El atentado ocurrió un día de semana cuando un coche bomba detonó en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ubicadas en el barrio comercial de Once, centro de Buenos Aires.
En medio de un silencio sepulcral, centenares de personas se congregaron frente a la reconstruida sede judía y alzaron fotografías con los rostros de las víctimas fatales cuyos nombres fueron leídos en el acto.
Argentina ha acusado por el atentado a altos exfuncionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, y al movimiento chiita libanés Hezbolá.
Irán siempre se rehusó a que fueran indagados. Se sospecha que tuvieron una poderosa conexión local, que aún no fue identificada.
Un memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2012 por la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015) buscó según sus autores que los acusados pudiesen ser indagados fuera de Argentina, pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria.
El fiscal Alberto Nisman, que investigó el atentado y denunció el pacto con Irán, fue hallado muerto en su residencia de Buenos Aires en 2015. Ayer fue evocado entre aplausos en el acto conmemorativo.
En 1992 otro atentado con bomba había ocurrido en la embajada de Israel con saldo de 29 muertos y 200 heridos, sin que tampoco se hallara a los culpables.
El presidente Mauricio Macri, ausente en la ceremonia, creó por decreto un registro de “organizaciones terroristas”, que permitiría incluir el movimiento chiita libanés Hezbollah. Este no es considerado como terrorista por la ONU.