Solo dos exautoridades están presas por el caso Ueno Bank: el exmandatario Santiago Peña y el expresidente del BCP, Carlos Carvallo. Para el diputado colorado Roberto González, eso es insuficiente. Reclamó que la Fiscalía vaya contra los directivos de las instituciones públicas que depositaron fondos del Estado en la entidad, pese a las señales de alerta.
“Hoy solamente están privados de su libertad dos actores del sector público”, cuestionó. Y preguntó dónde están los “actores de primer nivel”, los que dispusieron los depósitos.
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Más de US$ 850 millones en juego
Ueno Bank concentraba G. 4,9 billones de fondos públicos, más de US$ 850 millones, según datos preliminares. González citó a las binacionales Itaipú y Yacyretá, al Instituto de Previsión Social (IPS), a Cajubi, a la ANDE y al Ministerio de Economía y Finanzas entre las instituciones que depositaron en el banco.
El legislador sostuvo que las alertas eran visibles desde inicios de 2026. “Todas las luces del árbol de Navidad estaban prendidas”, ironizó, y señaló que los administradores siguieron depositando. “Si era plata de ellos, no iban a seguir”, afirmó.
Planteó dos posibilidades: que hubo una “sugerencia” desde la Presidencia para ayudar al grupo bancario, o que los directivos recibieron una orden. “En cualquiera de los casos, es muy grave”, remarcó.
“La responsabilidad es personalísima”
González rechazó que denunciar al banco sea suficiente para desligarse. Invocó el artículo 106 de la Constitución, que establece que los funcionarios responden personalmente por sus actos. “Tiene que responder con sus bienes, aparte de ir a la cárcel”, dijo.
Advirtió que el esquema no pudo armarse entre pocas personas, y que hay responsables tanto en el sector privado como en el público. “Va a faltar cama” en las cárceles si se investiga a fondo, vaticinó.
Diferenció además a los afectados. Los ahorristas particulares tienen vías de reclamo, como el Fondo de Garantía. En cambio, dijo, el dinero público perdido pertenece a todos los ciudadanos.
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Críticas a Rolón y a Alliana
El diputado calificó el trabajo del fiscal general, Emiliano Rolón, de “muy lento, casi condescendiente”. Adelantó que acompañará el juicio político en su contra, aunque propuso su nombre cuando integraba el Consejo de la Magistratura. Según fuentes legislativas, ya se prepara un libelo acusatorio contra el fiscal general por su omisión ante las denuncias.
También cuestionó al presidente Pedro Alliana por no destituir a las autoridades de los entes. Mencionó al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, hoy consejero de Itaipú. “Es muy fácil irse solamente contra quien perdió el poder y no avanzar contra quienes tienen hoy la bendición del poder”, sentenció.