La Asamblea Constituyente de Venezuela –un organismo oficialista y totalmente afín al chavismo– anunció la medida a principios de esta semana, acusándolos de “conspiración” y “traición”.
Ahora hay 20 diputados bajo investigación en el país sudamericano sacudido por la crisis, donde el régimen chavista ha provocado la mayor crisis humanitaria en ese país y en la región, con unos 4 millones de personas que han huido de su país.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, señaló que la suspensión constituye “una violación grave de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y el principio democrático de separación de poderes”.
“Las acciones en curso contra los miembros de la Asamblea Nacional, incluidos el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias, están obstaculizando el trabajo constitucional de la Asamblea Nacional”, dijo Borrell en un comunicado.
El mes pasado, la UE prorrogó por un año las sanciones existentes, incluyendo un embargo de armas, así como la congelación de activos y la prohibición de viajar para 25 jerarcas del régimen, por los abusos contra los derechos del pueblo venezolano.