RIAD (AFP). Jamal Khashoggi, un colaborador del Washington Post, y crítico del régimen de su país, Arabia Saudita, fue asesinado en octubre de 2018, cuando tenía 59 años, durante una operación que sumió a ese reino fundamentalista en una de sus peores crisis diplomáticas, afectando directamente al príncipe heredero Mohammed bin Salmán, sospechoso de haber ordenado el asesinato.
El periodista fue estrangulado y descuartizado por un equipo de 15 hombres llegados desde Riad, en el consulado del reino saudita en Estambul, según la investigación realizada en Turquía. Sus restos nunca fueron hallados.
“Han sido condenados a muerte cinco hombres que participaron directamente en el asesinato”, dijo el fiscal.
Sin embargo, fueron absueltos Saud al Qahtani, consejero del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salmán, y el número dos de los servicios de inteligencia, el general Ahmed al Assiri, considerados los dos sospechosos principales.
El general Assiri era sospechoso de haber supervisado el asesinato del periodista y de haber sido aconsejado por Saud al Qahtani.
Saud al Qahtani fue investigado pero no acusado por “falta de pruebas” y Assiri fue investigado y acusado pero absuelto por las mismas razones.
“Ni justicia ni verdad”
“El veredicto sirve para blanquear y no aporta ni justicia ni verdad para Jamal Khashoggi y sus familiares”, denunció en un comunicado Lynn Maalouf, directora de investigaciones sobre Oriente Medio de Amnistía Internacional.
“El veredicto no logra dirimir sobre la implicación de las autoridades sauditas en el crimen”, agregó, recordando que el juicio se celebró a puertas cerradas.
Por su parte, Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, consideró en Twitter ayer que el asesinato de Khashoggi fue una “ejecución extrajudicial de la que Arabia Saudita es responsable”.
En el Reino Unido, la cancillería reclamó que el gobierno saudita se “asegure de que todos los responsables rindan cuentas”.
Y Turquía, donde tuvieron lugar los hechos, consideró que el fallo está “lejos de responder a las expectativas de nuestro país y de la comunidad internacional”.
Las autoridades sauditas, primero intentaron negar el asesinato, diciendo que el periodista salió caminando del consulado. Cuando se demostró, mediante filmaciones, la mentira de ese gobierno, comenzaron a dar diversas versiones, pero alegaron que los agentes actuaron, supuestamente, sin orden superior.
¿Silenciar a los testigos?
Para el secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, las cinco condenas a muerte podrían ser el medio para que “los testigos del asesinato callen para siempre”.
Por su parte, para el especialista en Arabia Saudita del Research Institute for European and American Studies, los sauditas quieren dar la impresión de que “se hizo justicia”, aunque sin ser convincente, tras “una investigación y un proceso no transparente, llevados a cabo por un poder judicial que dista de ser independiente”.