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MADRID Y BARCELONA (EFE). España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos, la celebración sin garantías, el pasado 1 de octubre, de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
Un Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aprobará mañana medidas para “proteger el interés general de los españoles, entre ellos, los ciudadanos de Cataluña”, y restaurar la legalidad en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución.
Ese artículo establece que si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.
Con esto, el gobierno central asume la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los “Mossos d’Esquadra”.
Declaración formal
Puigdemont comunicó por carta a Rajoy que, si este “persiste en impedir el diálogo”, el Parlamento regional “podrá proceder a votar la declaración formal de independencia” de Cataluña.
Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que le había enviado el jefe del Gobierno español, Puigdemont agrega en la carta que el Parlamento regional “no votó el día 10 (octubre)” la declaración de independencia y, según asegura, su “suspensión continúa vigente”.
Ante esta respuesta, Rajoy “constató” en un comunicado la negativa del presidente catalán a atender el requerimiento y, en consecuencia, “continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.
En ese requerimiento, se pedía al presidente catalán que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se le instaba a restituir el orden constitucional.
En una primera carta, Puigdemont no respondió si proclamó la independencia y ofrecía a Rajoy abrir un periodo de dos meses para dialogar y buscar una salida al contencioso.
Proteger el interés común
Sería la primera vez que se aplique el Artículo 155 en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.
El Gobierno central aseguró que las medidas que aprobará mañana, y que posteriormente deberán ser refrendadas en el Senado, estarán consensuadas con distintas formaciones políticas, buscan “proteger el interés general de los españoles y restaurar el orden constitucional”, y las aplicará con “inteligencia y prudencia”. El Senado prevé reunirse el lunes 30 o martes 31 de este mes.