Desde la Defensoría Pública dicen que la auditoría a la que llaman “Monitoreo y relevamiento de datos e informaciones relacionadas a la gestión jurisdiccional” sobre el desempeño de la defensora pública denunciante, es para dar solución a su reclamo. Empero, se teme que la intervención sea para amedrentar a la defensora con alguna sanción.
Al frente de la intervención se encuentra el defensor público adjunto Paublino Escobar.
Alegre había denunciado que cuatro defensores tenían a su cargo dos juzgados de Garantías y un juzgado Penal Adolescente, en Capiatá; y siete fiscalías, cuatro en Capiatá y tres en Itauguá.