La convocatoria de las magistradas se basa en los artículos 113 y 114 del Código Procesal Penal. El primero, que se refiere al poder de disciplina de los jueces, que resalta que los mismos velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe.
El artículo 114 del CPP, Sanciones, puntualiza que: “Cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimientos. Para la aplicación de la multa regirá lo establecido en el Código Penal”.
En la causa están acusados Carlos Federico León Ocampos, Víctor Hugo Ferreira, Eduardo Ramírez y Alfredo Ramón Sánchez Moreno.
El procesamiento de los mismos fue a raíz de un allanamiento realizado el 9 de marzo de 2016, por agentes del Ministerio Público y de la Senad, en una vivienda ubicada en las calles J.B. Rivarola Matto y Sergio Conradi del barrio Villa Aurelia, Asunción.
El 30 de mayo pasado, se inició el juicio oral por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Wilfrido Peralta e integrado por sus colegas Fabián Escobar y Sandra Farías. El juicio se realizó en forma muy pausada e incluso se pasaron los 10 días establecidos por ley para el reinicio del mismo, lo que obligó a hacer una nueva audiencia pública.
El 14 de agosto pasado, el nuevo Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza y conformado por Hermosa y Fernández, intentó iniciar el juicio a los cuatro acusados. La diligencia se trabó por incidentes planteados por la defensa del acusado León Ocampos, el abogado Alegre. El expediente subió a la Cámara de Apelación que rechazó la pretensión del procesado en la causa.
El Tribunal de Sentencia, el 16 de octubre pasado, volvió a establecer fecha de inicio del juicio para el 13 de noviembre y a partir de allí, las defensas comenzaron nuevamente con incidentes para trabar el juicio.
La abogada Talavera también planteó recursos rechazados por el Tribunal.
Las jueces buscarán comenzar el juicio oral a los acusados, que buscan dilatar el caso, atendiendo que el mismo se extinguiría en mayo del año próximo.
En Paraguay, ni en la región, no hay fallo con respecto al tráfico de armas.