En una resolución dictada a primera hora de hoy, el juez en lo civil y comercial Diego Torres Sandoval puso un freno al juicio de disolución de la comunidad conyugal iniciada por la exdirectora del Banco Central del Paraguay (BCP), Liana Caballero, denunciada en el caso Ueno Bank.
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“(...) la señora Liana Emilce Caballero Krause se encuentra formalmente denunciada ante el Ministerio Público ante los acontecimientos sucedidos en la intervención de Ueno Bank SAECA de alta exposición social,y si bien la misma no se encuentra imputada a la fecha, este juzgado entiende que el eventual cumplimiento de eventuales resoluciones penales podría verse afectada por las decisiones tomadas en el presente juicio”, explica el magistrado.
En la parte final, el magistrado Torres dispone " la suspensión del presente juicio, hasta tanto sea resuelta en sede penal las denuncias realizadas en contra de la Sra. Liana Emilce Caballero Krause”.
Extitular interina del BCP inició juicio día antes de intervención a Ueno Bank
En declaraciones a ABC, el magistrado Torres explicó que el juicio fue iniciado el 30 de octubre pasado, por la abogada Natalia Andrea Brun Salgueiro y se encontraba en una etapa inicial. En consecuencia, no se dispuso la partición y adjudicación de bienes y el juzgado ni siquiera cuenta aún con el listado de bienes.
Recordemos que la intervención a Ueno Bank fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay en la madrugada del 3 de noviembre, es decir, evidentemente la entonces directora Caballero pretendió resguardar sus bienes ante lo que se venía venir.
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En estas condiciones, los bienes de Liana Caballero y Pedro Sindulfo Giménez Castillo continúan registralmente inalterables.
Torres indicó que la única medida dispuesta por el juzgado fue la publicación de los edictos, a partir del cual las personas que tienen alguna oposicion o reclamo, tienen un plazo de 30 días para hacerlo.
El magistrado fundamentó su decisión en las atribuciones que le confiere el Código Procesal Civil (artículo 18, inciso f) y la Constitución Nacional, en su artículo 128.
La Constitución Nacional, en el artículo mencionado (128), establece lo siguiente:
“De la primacía del interés general y del deber de colaborar:
En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen esta Constitución y la ley".
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