El grupo de profesionales del derecho encabezados por Pilar Callizo, que promovió la calificación de la huelga, presentó ayer las pruebas contra la medida de fuerza de los sindicatos del Poder Judicial, Registros Públicos, la Fiscalía y Defensa Pública.
“La medida es totalmente ilegal y extorsiva porque lo hacen cuando el Presupuesto de Gastos de la Nación se analiza en el Congreso, buscando presionar para que aprueben sus pedidos como sea”, dijo la abogada.
Callizo afirmó que no puede ser que desde hace siete años, entre noviembre y diciembre, el sector se tenga que enfrentar a una huelga que perjudica el trabajo de los abogados, ya que paraliza todo el sistema judicial y afecta el acceso a la justicia de su clientes.
Por su parte, el abogado Roberto Rojas cuestionó a la Corte Suprema de Justicia y a la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez por la tibia reacción que tuvieron ante la medida de fuerza de sus funcionarios, sin tener en cuenta que afectó a la población. Enfatizó que, pese al levantamiento de la huelga, ahora empiezan a sentir los efectos, ya que todos los expedientes están retrasados y varios juicios que pudieron haber concluido antes de fin de año no terminarán.
Rojas anunció que estarán atentos al pago de salarios a los huelguistas, y recordó que no deben percibir ningún pago por los días no trabajados, de lo contrario, la FGE y la Corte incurrirán en hechos punibles como lesión de confianza, malversación de fondos y pago indebido.
Podrían ser destituidos
En caso ilegalidad, se debe abrir un sumario contra los funcionarios que se sumaron a la medida de fuerza y, en caso que corresponda, ser sancionados con varias medidas, de las cuales la más grave es la destitución.
Al respecto, el abogado Alberto Alderete señaló que se debe pensar seriamente en la legalidad de este tipo de acciones, debido al perjuicio que causa a todo el país. Agregó que otro punto que se debe dilucidar es la relación obrero patronal, ya que no queda claro que la Corte sea la parte empleadora porque también la integran los trabajadores públicos, es decir, no son propietarios del Poder Judicial como para que los funcionarios hagan huelga en su contra.
Resolución de la jueza estará recién la próxima semana
La jueza en lo laboral Greta Katherine Aquino Bittar informó que los gremios de abogados que solicitaron la calificación de la huelga de funcionarios del Poder Judicial, de la Defensa Pública y la Fiscalía presentaron ayer las pruebas. Ahora el juzgado analizará la admisión de dichos elementos, esperará la respuesta de los oficios que libró y posteriormente resolverá si la huelga fue o no legal.